Todos pendientes de un email de Montero para conocer el 'esqueleto' de la financiación

VALÈNCIA. El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero tiene, literalmente, cuatro días para cumplir con su promesa de presentar una primera propuesta para la reforma de la financiación autonómica. Un modelo caducado desde finales de 2013 que ha perpetuado un reparto que perjudica especialmente a la Comunitat Valenciana.

En las últimas semanas, y esta es la principal novedad de los últimos años, gran parte de las autonomías se han movido para reclamar la remodelación del sistema, aunque apostillando diferentes matices a conveniencia de los dos grupos principales de regiones que evidencian necesidades contrapuestas. Unas maniobras que han situado la reforma del sistema en la agenda política nacional, lo que ha provocado que el foco se desplace sobre la ministra y el inminente documento que debe trasladar a las Comunidades Autónomas (CCAA).

Curiosamente, a día de hoy, desde el ministerio no está prevista una comparecencia de Montero para explicar las características de la propuesta ni tampoco se ofrecido una fecha concreta respecto a cuándo se enviará el documento a los gobiernos autonómicos, más allá de insistir en que se cumplirá la promesa de la ministra de hacerlo en noviembre. Fuentes del Gobierno valenciano también admitían este viernes desconocer cuándo recibirán el anhelado texto.

Un texto que debe terminar con las escaramuzas previas a la reforma para centrarse en las posibilidades tangibles. Así, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue el primero en mover ficha con una cumbre con Baleares y, posteriormente, con Andalucía; además de tener una línea reivindicativa similar a la de la Región de Murcia. En esencia, reclaman más equidad en el reparto con una redefinición del concepto de población ajustada y fondos de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas con el modelo en vigor.

En la otra orilla, esta misma semana se congregaron en Santiago de Compostela hasta ocho Comunidades Autónomas (CCAA), las más despobladas, acordando una declaración con 35 puntos en la que situaban como eje principal de la reforma el reto demográfico.

Las disensiones entre ambos grupos a la hora de fijar criterios pueden resumirse en que Andalucía y la Comunitat Valenciana, así lo recordaron en la comparecencia conjunta de Puig y su homólogo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, representan casi el 30% de la población de España; mientras que las ocho CCAA del frente de Santiago de Compostela albergan el 22% de los habitantes totales del país pero ocupan el 68% del territorio.

De esta manera, la Comunitat Valenciana y sus aliadas señalan que el principal criterio para el reparto debe ser la población ajustada, mientras el frente de regiones despobladas, que en su mayoría posee ahora una mejor financiación por habitante, quiere que pesen lo máximo posible factores como la dispersión, la baja natalidad, el envejecimiento o la orografía, entre otros. Unos parámetros que, a juicio de altos cargos del Consell, si tuvieran que establecerse como criterios principales obligarían a nuevos cálculos que volverían a dilatar el proceso cuando, además, pueden verse reflejados dentro del modelo de población ajustada que presente el Ministerio de Hacienda como base y que, posteriormente, sea consensuado con las CCAA.

En este sentido, tal y como puntualizó en Valencia Plaza el Alto Comisionado de la Generalitat para la Financiación Autonómica de la Comunitat Valenciana y dirigente del PSPV, José Antonio Pérez, el ministro no debe presentar sólo un 'esqueleto' del modelo que se limite a la población ajustada sino también "de  suficiencia, de nivelación total o no; de qué porcentaje va a quedar para la ordinalidad…". Es decir, si se quiere realmente avanzar en el modelo, remarcó Pérez, debe ser una propuesta "con todos los elementos detallados y el engranaje".

Ahora bien, tanto la posición de las CCAA despobladas como la de la Comunitat Valenciana y sus aliadas coinciden en un punto fundamental: la reivindicación al ministerio para que el Estado aumente los fondos -se estiman necesarios 16.400 millones de euros más- dedicados al sistema. Esto permitiría cumplir la máxima de que ninguna región deba perder dinero para que otras mejoren su situación y se acerquen a la media. Si esta inyección se produce, la mayoría de expertos -y también los altos cargos del Consell- creen que el problema técnico podría solventarse y todo dependería del entendimiento político.

El Gobierno excluye la financiación de la Conferencia de Presidentes

Donde no se abordará esta cuestión es en la próxima Conferencia de Presidentes programada para principios de año. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, avanzó este viernes que no está previsto que el orden del día de la cita que se celebrará en la isla de La Palma aborde la reforma del modelo de financiación autonómica y el Fondo Covid, como habían pedido varias CCAA, y limitó el foro multilateral a tratar tres asuntos: la cooperación en materia de Protección Civil, los fondos europeos y la reforma del Reglamento.

Precisamente la Comunitat Valenciana, a través del conseller de Hacienda, Vicent Soler, había sido una de las regiones que habían reivindicado esta posibilidad al considerarla "una cuestión de Estado".