Foto: DIEGO PÉREZ/EFEVALÈNCIA. El proceso de formación de la primera promoción de los funcionarios en prácticas continúa sumando tantas polémicas como con las que arrancó. El sindicato UGT ha denunciado ante la Inspección General de Servicios el proceso de selección de tutores y las indemnizaciones que estos recibirán por formar a los futuros empleados públicos por "vulnerar la normativa vigente" y pide al órgano inspector que se abra un expediente "contra la autoridad que corresponda de la Conselleria de Justicia".
La polémica se remonta al pasado mes de abril, cuando arrancó el proyecto piloto que cambiaba por completo los procesos selectivos de acceso a la Administración autonómica, ya que los aspirantes que superaron el primer examen de oposición, debían realizar un curso remunerado de cuatro meses en la Conselleria que les fuera asignada para conseguir finalmente una plaza de funcionario. Una vez acabara esta formación (lo hizo el pasado 20 de julio), deberían enfrentarse a un segundo examen (esta vez más práctico) que determinara que han adquirido los conocimientos oportunos durante estos meses en la Generalitat.
Este nuevo modelo, bautizado como ‘MIR’ de los funcionarios por la entonces consellera de Función Pública Gabriela Bravo, arrancó con polémica: principalmente, porque los cursos y la selección de personal se realizó sin que la Generalitat hubiera resuelto los recursos de alzada de todos los que se presentaron al examen, pero también por quiénes debían impartir la formación y las indemnizaciones que recibirían por ello.
La "Guía de Formadores" elaborada por l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) ad hoc para este proceso, establecía que la Dirección General de Función Pública debe nombrar al equipo de formadores, a un tutor operativo y un tutor coordinador por conselleria. Este último cargo sería ejercido por aquellos funcionarios que ocuparan la Secretaría General Administrativa (SGA) -es decir, por altos funcionarios-, y serían además quienes propusieran a la persona que debería ejercer de tutor operativo.
Así, UGT ha denunciado el proceso porque "la elección de los tutores operativos encargados de formar a los aspirantes no ha tenido carácter voluntario, ni ha habido designación alguna". "El proceso ha consistido en que por parte de las SGA se han dirigido por correo electrónico a cada subdirección con competencias en las tareas a formar por materias sin opción ni posibilidad de negarse a participar", añade el escrito remitido a la Inspección al que ha tenido acceso este diario.
"Estas personas elegidas para ser tutores operativos han sido seleccionadas por estar consideradas las mejor preparadas y capacitadas para proporcionar una formación en conocimientos prácticos y habilidades profesionales a los opositores […] y supone una sobrecarga de trabajo y estrés laboral, dado que deben atender en el mismo horario laboral las tareas y funciones propias del servicio y a la vez formar alumnos en las competencias y habilidades en las materias formativas de las que son docentes", exponen en su denuncia.
El hecho de que no haya sido un proceso voluntario, añaden, "vulnera el artículo 10.1 del decreto 24/1997 sobre indemnizaciones por razón de servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios al no establecer la voluntariedad en la elección/designación de los tutores operativos".
Pero además de cómo se ha resuelto el proceso selectivo, también renuncia que las dietas que están percibiendo no se corresponden con las que fija la legislación. Según lo regulado por la Generalitat, debían cobrar "dos colaboraciones por semana" por impartir esta. Esto suponía, según el decreto autonómico de indemnizaciones, 100 euros semanales -pues cada colaboración es de 50 euros-. Una limitación que ponen en tela de juicio porque, con ello, se les permite “cobrar” por la formación que ofrecen dos días a la semana y no de lunes a viernes, que es cuando asisten los funcionarios en prácticas a su lugar de trabajo.
Por otra parte, UGT defiende que estas no son meras "colaboraciones" sino que se está ejerciendo el papel de docentes sin haber recibido además ninguna indicación sobre cómo impartir los cursos. En caso de que fueran reconocidos como tal, las dietas se situarían en 86 euros diarias. Si se mantuvieran únicamente la limitación de cobrar dos veces por semana, podrían sumar 172 euros de indemnizaciones, pero si se les reconociera la formación que ofrecen de lunes a viernes, esta se incrementaría a 430 euros.
