Una normalidad mejorada

Parece que el Consell aspira a que la nueva normalidad sea mejor que la anterior a la pandemia. Es lo que se deduce de su Comunicación a las Cortes previa al debate sobre Política General que empieza el lunes. La política tiende a dar por hecho lo que sólo son intenciones, incluso buenas intenciones. Es por ello por lo que sería más propio hablar de una “normalidad a mejorar” puesto que nada parece haberse mejorado desde que se presentó la pandemia, salvo la experiencia que suele ser cosa sólo del paso del tiempo.

Habría bastado con haberse fijado un gran objetivo como, por ejemplo, hizo Angela Merkel, ahora de regreso a su vida privada, quien dijo en la Organización Internacional del Trabajo a la que acudió siempre que fue requerida, ”mi meta es que Alemania siga siendo un país fuerte y competente en los próximos diez o quince años; un país que pueda ofrecer buenos puestos de trabajo a más gente que ahora y que, además, se dirija a una mayor justicia social”. Para la Canciller alemana la política nunca se ha visto reducida a jugadas maestras, malabarismos oportunistas y golpes de efecto que es como Daniel Innerarity califica a la actual. Cada vez más es “una cosa de actores supuestamente astutos y espectadores atónitos” añade, que nunca terminan de saber si quienes mueven las fichas son demasiado listos o simplemente consideran a los demás demasiado tontos.

Merkel es una rara avis que perteneciendo a la política actual no ha sido malabarista empezando por hacer de su oficio un servicio, en lo que a mí se me alcanza. Su recuerdo me viene al pensamiento cuando voy dando por perdida mi batalla por mejorar la protección de la gente de mar, que es también internacional de los organismos que aspiran a la creación y protección del empleo en todos los sectores económicos incluidos aquellos en los que predomina la informalidad laboral.

Dos profesores de Derecho del Trabajo de las Universidades de Coruña y País Vasco, Carril y F. Basurto, acaban de denunciar que las leyes laborales españolas son “leyes terrestres”, de andar por tierra y no por el mar. No es de extrañar que cuando en mi larga contienda por cambiar las cosas, ante la Administración Autonómica en sus diversos jerarquías, la del Estado ante altos cargos, ante organizaciones empresariales y el sursum corda se me haya calificado como extraterrestre puesto que lo que defiendo lo es ¿Qué dice éste?

Tratándose de propuestas cósmicas sugerir, por ejemplo, que España se adhiera al Convenio Internacional de trabajo en la Pesca aprobado en 2007 y en vigor en los países que lo han ratificado (Francia, Italia, Portugal…) desde el 16 de noviembre de 2017. Entra en terreno sideral seguir explicando que no sólo se persigue mejorar las condiciones de trabajo a bordo de los barcos pesqueros, terreno resbaladizo, sino de restablecer un mínimo común denominador (level playing field) que ayude a evitar la competencia desleal y el abundante fraude existente.

Manuel Peña, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Castellón, líder en volumen de capturas y facturación de la Comunidad, en entrevista reciente en Castellón Marítima admitía la dureza e inseguridad del trabajo de los pescadores. Tal es así que el relevo generacional se hace imposible y que los jóvenes prefieren otras oportunidades dejando a inmigrantes esta ocupación.

La idea de la innovación subyuga a muchos políticos. Debería ponerse en segundo plano cuando se trata de cumplir lo que ya ha sido innovado para, precisamente, mejorarlo.

Extiendo el razonamiento al derecho marítimo de la Unión Europea. En concreto a la Directiva 2017/159 promovida, entre otras, por la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche) que tampoco se cumple aquí aunque existe un Decreto en el que se viene a decir que nos colocamos en línea de su cumplimiento…como han hecho otros países. Algo suele ser siempre también algo.

Europa y nuestra relación es otro espacio no mejorado. Se la mira especialmente en estos trances como cajero proveedor de fondos y subvenciones lo que atestigua una visión alicorta y muy desalentada de lo que la Unión Europea significa como suministrador de normas y de conductas que podemos denominar europeas.

Los 1.100 millones de euros del Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura Marítima (FEMCA) que España prevé recibir durante el periodo 2021-2027, pueden dar para “mejorar mucho” el sector. No sólo modernizando la flota sino haciéndolo en la dirección de adecentar el trabajo que prestan las tripulaciones lo que, además de equitativo, es garantía de futuro.

El autor fue consejero representante de España ante la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra y diputado y senador socialista por Castellón.