Un error de Compromís impide el avance del derecho civil valenciano en el Congreso

VALÈNCIA. Seis años después de que el Tribunal Constitucional, a través de varias sentencias, dejara sin efecto leyes propias del derecho civil valenciano como la del régimen económico matrimonial, uniones de hecho o relaciones familiares de hijos cuyos progenitores no conviven, este jueves se preparaba en el Congreso un importante paso para la recuperación de este entramado legislativo propio de la Comunitat Valenciana. Un avance que se vio truncado por un error de procedimiento previo a las votaciones que cometió, precisamente, la formación que había llevado la iniciativa en este objetivo: Compromís.

Así, todo estaba listo para dar luz verde al inicio de una nueva etapa en la recuperación del derecho civil valenciano, pero esta tendrá que esperar pese a que se había producido un acuerdo con la mayoría suficiente en la Cámara Baja. Una situación que causó profunda decepción en todos los defensores de la causa.

La maniobra se había gestado a través de las propuestas de resolución correspondientes al Debate sobre el Estado de la Nación que venía celebrándose desde el martes. Así, la mayoría del Congreso, con las fuerzas del Pacto del Botánico al frente (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos) había pactado instar al Gobierno a que la Comisión Legislativa Constitucional comenzara "la tramitación oportuna para hacer efectiva la recuperación del derecho civil valenciano".

En esta línea, también se especificaba en la propuesta que, por economía procesal, se procediera a la "tramitación conjunta y de forma urgente" de la reforma planteada para recuperar el derecho civil valenciano y "la reforma constitucional del artículo 49, justa reclamación de las personas con discapacidades y sus familias".

Tal y como había informado este diario en las últimas semanas, la modificación del artículo 49 nada tiene que ver con el derecho civil y consiste en sustituir la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad". No obstante, esta vía abierta para una reforma en la Constitución fue vista como una puerta de acceso para también recuperar el citado entramado legislativo. 

De hecho, la Associació de Juristes Valencians (AJV), presidida por José Ramón Chirivella, es el colectivo que lleva reivindicando durante años la recuperación del derecho civil y que, en los últimos días, había estado también presente en el Congreso de los Diputados tratando de convencer a los distintos grupos -especialmente los de representación valenciana- para que asumieran esta maniobra para avanzar en el objetivo marcado.

Es más, el debate venía ya 'caliente' desde la Comunitat Valenciana. El pasado 30 de junio Les Corts aprobaron con los votos de las tres fuerzas del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) y también los del PP, una Proposición No de Ley (PNL) para reclamar al Congreso "con la mayor urgencia posible", la tramitación completa y el debate y votación de la iniciativa ya aprobada en 2020 por Les Corts para la recuperación efectiva del derecho civil valenciano mediante la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Compromís se lanza y el PSPV-PSOE recoge el guante

Ahora bien, este tipo de reivindicaciones en ocasiones se quedan en papel mojado cuando los debates llegan a Madrid y aparece el mando de las direcciones nacionales de los partidos. Con este escenario, fue Compromís la que tomó la iniciativa junto a sus socios Más País-Equo y las fuerzas extraparlamentarias Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, para incluir en una propuesta de resolución la citada reivindicación. 

Eso sí, en la misma venían otras exigencias como la "reforma inmediata del sistema de financiación" y "crear mecanismos contra el dumping fiscal", una cuestión esta última especialmente delicada para el PP, dado que esta práctica es una acusación que se hacen por parte de algunas formaciones progresistas de la Comunitat Valenciana (también los socialistas de Ximo Puig) y Cataluña en dirección a Madrid, gobernada por la popular Isabel Díaz Ayuso. 

Con este planteamiento inicial, los diputados valencianos del PSOE se pusieron en marcha y fue la portavoz de Hacienda, la alcoyana Patricia Blanquer, la encargada de redactar la propuesta finalmente aceptada. Un texto alternativo en el que se suavizó la presión sobre Pedro Sánchez sobre la reforma de la financiación autonómica y que, además, retiraba la palabra dumping, aunque esto tampoco terminaba de satisfacer al PP puesto que, según fuentes populares, seguía siendo una "propuesta trampa" dirigida a "subir impuestos".

A todo ello hay que sumar que la propia metodología para 'colar' la recuperación del derecho civil valenciano aprovechando la reforma constitucional del artículo 49 tampoco convencía a los populares. 

Sin embargo, con el acuerdo de las fuerzas 'botánicas' (PSOE, Unidas Podemos y Compromís) además de otras formaciones del Parlamento, los votos del PP ya no eran necesarios para sacar adelante la propuesta presentada por Baldoví y enmendada por los socialistas. El error se produjo cuando Compromís no notificó que aceptaba la propuesta del PSOE que sustituía a la suya, por lo que la que salió a votación fue la inicial de la coalición valencianista, que no contaba con el apoyo de los socialistas, por lo que fue rechazada por amplia mayoría, ya que el voto en contra de los socialistas se sumó a los de PP, Vox y Ciudadanos.

Tampoco ocurrió otra de las posibilidades que se había planteado: Compromís también había incluido una enmienda más concreta para la recuperación del derecho civil valenciano en la propuesta del PP sobre la citada modificación constitucional, enmienda que tampoco fue aceptada por los populares. El partido liderado en la Comunitat Valenciana por Carlos Mazón no vio clara ninguna de las posibilidades planteadas para la recuperación del derecho civil valenciano pero, con el error de Compromís, se evitó ser protagonista del rechazo a la iniciativa.

Ahora, tras esta oportunidad perdida, las opciones se trasladan a una posible PNL que repita el contenido no aprobado este jueves, aunque las fuentes consultadas tienen opiniones diferentes sobre los plazos bajo los que se podría dar esta posibilidad que, en cualquier caso, ha quedado fuera de un escenario tan relevante como el Debate sobre el Estado de la Nación.