Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Un error del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha derivado en la nulidad del último auto de prórroga del caso Francis Puig, centrado en un posible fraude de subvenciones concedidas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y los Adell Bover.
El problema viene de un descuido procesal. La Fiscalía solicitó al juzgado la prórroga de la instrucción. Una petición que suele ser habitual cuando se encuentra próximo el plazo de la anterior finalización y todavía existen posibles diligencias pendientes de practicar. A continuación, se ha de dar audiencia a las partes, tal como marca la ley, para que se pronuncien y presenten las alegaciones que consideren.
Este trámite es el que no tuvo lugar, de manera que el pasado 26 de enero el juez acordó prorrogar la instrucción durante seis meses más sin que el juzgado hubiera dado traslado previamente de la petición de la Fiscalía.
Debido a ello, las defensas de Francis Puig, los Adell Bover y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, interpusieron sus respectivos recursos para pedir la revocación del citado auto de prórroga. Anticorrupción se adhirió. Ahora, el juez los ha admitido.
En el escrito, reconoce que "al revisar las actuaciones se ha producido un error involuntario". "Se dio cuenta a este magistrado para resolver, considerando el funcionario que se había notificado dicha diligencia de 18 de enero cuando en realidad no se había notificado", explica. Todo pese a que se encontraba ya firmada. Es decir, que en lugar de la petición de la Fiscalía se dio traslado del posterior del auto que acordaba la prórroga.
Por estos motivos, razona el juez, procede estimar el recurso de las partes y dejar sin efecto la prórroga, de manera que ahora se dará traslado de la solicitud de Anticorrupción para que se presenten las alegaciones.
¿Y cuáles son los siguientes pasos entonces? Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo lógico sería que ahora el juzgado acordara un nuevo auto de prórroga. El cual podría ser recurrido por las defensas debido a todo lo ocurrido y acabaría en la Audiencia Provincial. Este pronunciamiento resultaría clave, puesto que aquí se abrirían dos escenarios: uno, que avale la decisión del juzgado y la investigación siga adelante; dos, que fuera revocado, lo que pondría fin a la instrucción de manera precipitada.
En este último caso, todo lo que queda pendiente de ser recibido por el juzgado podría ser incorporado a la causa, pero éste no podría acordar nuevas diligencias. La documentación más relevante que se tiene que incorporar ahora son tres informes: uno de la Guardia Civil, uno de la Generalitat Valenciana y otro del Gobierno de Cataluña. Este último comunicó que trabaja en ello, mientras que la Intervención de la Generalitat trasladó que se comprometía a presentar el dosier durante este mes de febrero. Plazo que hay quien duda de que se cumpla porque puede ser susceptible de cambiar. De hecho, la Intervención recientemente amplió los requerimientos de documentación a las empresas investigadas.
Un final de la instrucción sobrevenida impediría, en base a los informes, que el juzgado acordara nuevas diligencias, lo que dejaría coja la investigación. De manera que con todo lo que hay actualmente, el juez tendría que decidir si abre juicio oral o archiva la causa.
La determinación, en todo caso, es difícil que llegue antes de elecciones con los plazos de los recursos y el pronunciamiento de la Audiencia Provincial. Pero la incógnita de todo lo que puede ocurrir, y aunque basada en hipótesis, ya circula debido a los escenarios que se abren y los riesgos que aparecen.
