Uno de los principales distribuidores cárnicos de Castellón, Merca Carn, entra en concurso

CASTELLÓ. Merca Carn, uno de los principales distribuidores cárnicos de la provincia de Castellón, acaba de entrar en concurso de acreedores. Así lo ha dictaminado el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Castellón, en un procedimiento "necesario y abreviado", tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado esta misma semana. 

La compañía, radicada en el polígono industrial la Ratlla, de Castelló, "era la más grande" del territorio provincial entre la decena que exclusivamente se dedican al manipulado y distribución de carne. Así fue hasta que hace un tiempo comenzó a mostrar signos de desgaste, señalan fuentes del sector. Su tamaño le venía de que se dedicaba a abastecer de sus diferentes productos a todo tipo de clientes, "desde bares a otras empresas de distribución", señalan las fuentes. En ocasiones, "sin respetar los clientes de los mayoristas a los que también abastecía".

Facturación de 8 millones

Ello le llevó a que, en 2016 y 2017, cuando registró sus últimas cuentas, la firma superase los 8 millones de facturación. En este último año llegó, concretamente, a los 8,6 millones. Eso sí, sus beneficios en esos ejercicios nunca fueron demasiado amplios. En 2017 ganó algo más de 91.000 euros, tal y como recogen las cuentas publicadas. 

Tras ello la compañía comenzó a mostrar signos de agotamiento. Una venta desembocó en una posterior fusión con otra empresa castellonense del sector -que posteriormente desapareció- para tratar de reflotar la situación, que ha dejado a Merca Carn sin otra opción que el concurso de acreedores. 

Y es que, al cierre de sus últimas cuentas, la sociedad tenía abiertos a inspección por las autoridades fiscales "la mayoría de los impuestos principales que le son aplicables", según recogen las mismas. 

La elevada deuda, de más de 4 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, era todo un lastre para su supervivencia. Y la mayor parte de ella (2,7 millones) le vencía en el primer año. Ahora, los acreedores (la mayoría proveedores) disponen de prácticamente un mes para comunicar al juzgado el importe de los compromisos adquiridos.