Uno de cada tres funcionarios del Estado podría trabajar fuera de Madrid, según el Ivie

VALÈNCIA. El debate sobre la posición de ventaja de la Comunidad de Madrid frente a otras regiones debido a las fortalezas que aporta la capitalidad y la concentración del poder, viene siendo uno de los caballos de batalla del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, desde que llegara al poder en 2015 gracias al Pacto del Botánico. 

De hecho, el jefe del Consell ya puso sobre la mesa hace más de dos años la idea de una descentralización territorial de las instituciones españolas, una idea que hizo suya más tarde el propio Pedro Sánchez. 

En esta línea, Presidencia, la Universitat de València y la Càtedra PROSPECT 2030, se celebró este lunes el II Seminario 'Espanya polifónica i desconcentrada: un país amb forma de malla', un debate en el que participaron entre otros el ministro de Universidades, Joan Subirats, y clausuró el propio Puig.

El discurso está claro en Presidencia: "La acumulación de instituciones del Estado apuntala y refuerza el desequilibrio creciente entre una metrópolis dirigente, dinámica y poderosa y el resto del país, que debe competir a nivel autonómico y municipal por los escasos recursos existentes", subrayó a este diario la directora general de Análisis y Políticas Públicas, Ana Berenguer, una de las participantes en la jornada, quien recalcó la importancia de recoger "evidencias empíricas" que ayuden a entender mejor "el alcance de esta situación problemática".

En esta línea, la investigadora Silvia Mollà del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), protagonizó una presentación con datos relativos a dos informes de la entidad sobre el impacto de la concentración territorial del Sector Público Estatal (SPE).

Uno de los puntos más llamativos de la intervención se centró en los 670.000 empleados del SPE. Según explicó la técnica, de ese total se localizan 365.357 fuera de la Comunidad de Madrid, mientras 150.574 se encuentran en el citado territorio, si bien 44.315 -casi uno de cada tres- se consideran "potencialmente deslocalizables", lo que alimenta la tesis del Gobierno valenciano sobre la capacidad de descentralizar instituciones. Una cifra que podría ser más alta puesto que existen 151.503 empleados sobre los que no se había podido recabar información sobre su localización.

Sobre esto, desde el Ivie señalan que la ocupación estatal distribuida en el territorio por su naturaleza funcional es la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas armadas, administración de justicia y otras entidades, como la AEAT. De los empleados localizados en Madrid, la mayoría corresponden a las sedes centrales de los organismos del SPE: casi el 80% de los servicios centrales de los ministerios (29.000 efectivos) se sitúa en esta autonomía mientras el 21% está en otras regiones; el 71,4% de los servicios centrales de otras entidades de la Administración del Estado como organismos, agencias estatales, etc. (más de 30.000 efectivos) así como sedes de entidades públicas empresariales u autoridades independientes como Adif, Icex, CNMV... (10.000 efectivos) se encuentra en Madrid, mientras que el 28,6% se localiza en otras regiones.

La contratación pública en un marco de concentración

Otro punto de interés en la exposición de la investigadora del Ivie se centró en la influencia de la concentración territorial de los centros de decisión de un nivel de gobierno a la hora de comprar bienes y servicios al sector privado. Así, en el informe se califica de "extraordinaria" la concentración de las compras del SPE en Madrid, con el 74% de las licitaciones no menores y casi el 90% del importe adjudicado según los datos de entre 2012 y 2019. "Los grandes contratos del SPE se gestionan desde Madrid, aunque se ejecuten en otras regiones", se resume en el documento del Ivie.

En esta línea, la investigadora Silvia Mollà subrayó el "sesgo de proximidad" que se percibe al analizar las empresas adjudicatarias en lo que se refiere a la contratación pública del SPE. Así, el 57,6% de las licitaciones gestionadas por órganos de contratación del SPE en Madrid se adjudican a empresas madrileñas así como el 65% en términos de importe adjudicado, lo que triplica el peso en el PIB de Madrid.

Sobre esto, el informe considera que las ventajas de proximidad "son mayores en las empresas grandes, que están más concentradas en Madrid". "La concentración de empresas adjudicatarias del SPE en Madrid muestra que el tejido productivo madrileño es potente y maduro a la hora de relacionarse con el sector público, pero el fuerte sesgo territorial de las adjudicaciones cuestiona la unidad de mercado", recalca el documento del Ivie.

Por otro lado, la Generalitat presentó este lunes en el marco de este seminario una propuesta de descentralización de instituciones del Estado que llevaría a València Puertos del Estado; parte del Senado a Barcelona; la sede del Tribunal Constitucional a Cádiz; el Supremo a Castilla y León y el Tribunal de Cuentas a Aragón.

"Lo que se decide en Madrid afecta más allá de Madrid", señaló Puig en la clausura del seminario. Para el president, este es un "debate incómodo" ya que "parece como si se le fuera a quitar a alguien algo", cuando, a su juicio, supone responder al "conjunto de la España real".

En este sentido, defendió la necesidad de "deslocalizar elementos simbólicos". "Lo estatal ha de estar en todos los lados: para coser, hay que estar presente en el territorio", remarcó, para preguntarse: "¿Por qué la Fiesta Nacional tiene que celebrarse solo en Madrid?".

En concreto, el president subrayó la necesidad de crear una "guía de criterios" para hacer efectiva la deslocalización, también en el interior de cada comunidad autónoma, como ya está realizando la Generalitat con un proceso "inédito" que contempla iniciativas como ubicar la sede de la Conselleria de Innovación en Alicante; la Agencia Antidespoblament, en Castelló de la Plana; la Agencia Valenciana del Territorio, en Elche, o la Agencia de Protección Ferroviaria, en Torrent.

En cuanto al ministro de Universidades, Joan Subirats, que también participó en la jornada, se mostró algo más frío respecto a las pretensiones de descentralización institucional por las que aboga Puig, al considerar la necesidad de "repensar, no en términos tan identitarios sino fácticos, un proceso de descentralización de las instituciones públicas".