Unos presupuestos que dejan la alianza entre Oltra e Illueca y la celebración de Soler a lo Tardelli

VALÈNCIA. Desatado. A caballo entre la celebración de Tardelli en el Mundial del 82 y la de un deportista presumiendo de su séptimo título, así festejó el habitualmente comedido conseller de Hacienda, Vicent Soler, la aprobación de las cuentas de 2022. El veterano socialista se tomaba así la revancha de las muchas veces que en los tres días la oposición se cebó en su menor influencia en esta última negociación. 'Puede que ya no sea la estrella pero tengo uno más en mis vitrinas', parecía decir alzando los brazos.

Como otros de los anteriores presupuestos del gobierno de Ximo Puig, estos vuelven a parecer los últimos. La convocatoria electoral lo definirá, pero esta vez pueden serlo. O no. De la siempre compleja negociación para pactar las cuentas entre los socios de gobierno, el pacto del Botànic sale con una nueva fórmula de negociación que ha generado nuevos equilibrios y con una unidad reforzada (básicamente por no haberse agrietado más) que le ha permitido pactar una tasa turística que promete enfrentarle a la patronal hotelera.

No hubo grandes afectos al acabar la votación (un rápido abrazo entre Puig y Mónica Oltra, no tan frío como otros años pero lejos del calor de los primeros) pero tampoco grandes pullas en estas últimas semanas. Olvidado ya el frustrado idilio entre el PSPV y Ciudadanos que les amargó a unos y a otros la aprobación del presupuesto del año pasado, los tres socios saben que, en el mejor de los casos para ellos, se continuarán necesitando tras los siguientes comicios.

Tras años clamando por un cambio en el modelo de negociación, la vicepresidenta Oltra logró por fin esquivar el cara a cara de cada conselleria con la de  Soler y que se estableciera una mesa política con representantes de las tres formaciones. De ahí salió el pacto que permitió presentar las cuentas, eso sí fuera de los plazos que marca el Estatut, pero no tanto como para no aprobarlas antes de final de año y que se tuviera que prorrogar el presupuesto. Se evitaron también las críticas veladas o directas entre ambos pesos pesados, aunque la oposición hizo sangre con el socialista.

Previamente, una reunión entre la líder de Compromís y el vicepresidente tercero, Héctor Illueca, selló un pacto no escrito con Unides Podem-EU que ha propiciado un frente común en cuestiones como la tasa turística o À Punt. 

Más allá de los pequeños rifirrafes por partidas concretas, ha sido ese tributo turístico el que ha marcado el debate final. Naranjas y morados llevaron hasta el límite su enmienda y sólo la retiraron cuando le sacaron al PSPV un acelerado calendario que incluye la presentación en marzo de una proposición de ley para que los ayuntamientos que quieran la puedan aplicar (si la pandemia lo permite, apuntó Manolo Mata) en 2023. 

El anuncio ya le ha costado a los socialistas los primeros disgustos fuera por el enfado de la patronal hotelera y dentro por la “gran decepción” de Francesc Colomer, el secretario autonómico de Turismo. Queda en el aire saber la razón final de los socialistas para ceder ahora y no antes o después, aunque fuentes próximas al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no parecían demasiado felices con el resultado del pacto.

En lo que los tres partidos estuvieron de acuerdo, es no sólo en repetir la previsión de ingresos reivindicativos por la infrafinanciación de 1.366 millones que saben que no llegarán, sino en añadir mil millones de un fondo de reconstrucción covid-19 que Soler aseguró haber pactado con el Ejecutivo central pero del que no se sabe mucho más. Además, se quiere pensar que el Gobierno central abonará cerca de ochocientos millones por la atención a los desplazados.

El debate de este miércoles estuvo además marcado por el anuncio del síndic de Compromís Fran Ferri de que abandonará el acta de diputado en enero, lo que abre el abanico de posibilidades políticas. Por un lado, está la extraña -pero real- posibilidad de que Vicent Marzà quiera dejar la Conselleria de Educación y Cultura para asumir la portavocía y facilite una crisis de gobierno que Puig se había planteado tiempo atrás. Por otro, el ‘ascenso’ de algún diputado o diputada a un puesto que pone a prueba las capacidades negociadoras pero que da mucha visibilidad. 

Desde el partido de Mónica Oltra, Aitana Mas se ha postulado públicamente y, en las últimas horas, también desde Iniciativa, la consellera Mireia Mollà dijo no verle sentido a acometer un cambio de consellers por cambiar al síndic. El último en pronunciarse ha sido el alcalde de València, Joan Ribó, que apuntó que sería "muy importante" que fuera "una persona vinculada directamente con la ciudad de València". El desenlace será en enero.

Por otro lado, sin apenas margen de maniobra, los tres partidos de la oposición han mantenido un perfil discreto, centrando sus críticas primeros en los ingresos ficticios, después en el ‘ninguneo’ a Soler y finalmente en el rodillo botànico que apenas ha aceptado enmiendas. A diferencia de otras ocasiones, tampoco han cargado apenas unos contra otros. Como los ahora gobernantes, saben que se necesitarán en el mejor de los casos para ellos y las encuestas no lo descartan. Al menos, los que queden vivos.