UP pide en Les Corts un pacto valenciano contra la corrupción y el fraude

VALÈNCIA (EP). Unides Podem-Esquerra Unida ha presentado en Les Corts una iniciativa en la que insta a aprobar un pacto autonómico contra la corrupción y el fraude en la Comunitat Valenciana y, paralelamente, propone al Gobierno que promueva un pacto de estado contra la corrupción.

Esta propuesta, firmada por la síndica, Pilar Lima, y la diputada Irene Gómez, destaca que la Comunitat es un "ejemplo" en los últimos años en la adopción de medidas contra la corrupción, pero advierte de que "queda mucho camino por recorrer", informa el grupo 'morado'.

En 2016 ya se aprobó una propuesta de Podem, con los votos a favor de todos los grupos salvo el PP, de la ley de creación de la agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, independiente del Consell y adscrita a Les Corts, para investigar, prevenir y combatir el fraude y la corrupción. Un organismo "pionero en la lucha contra la corrupción" que ya supera las mil investigaciones.

Durante los años de gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-UP) también han salido adelante leyes para regular la influencia de los grupos de interés y los conflictos de intereses y la propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno para fomentar la transparencia y evitar la corrupción.

Además, el grupo 'morado' destaca la mejora "evidente" de la Comunitat Valenciana en el índice sobre calidad de los gobiernos subnacionales en los países de la Unión Europea que elabora con el apoyo de la Comisión Europea el Instituto de Calidad del Gobierno de la Universidad de Gotemburgo, "dejando la zona negativa y pasando a un digno sexto lugar" cuando en 2017 y 2013 estaba en las últimas posiciones de las 17 comunidades autónomas españolas.

A pesar de esos buenos datos, para la síndica Lima es necesario "seguir vigilantes" y crear estrategias tanto autonómicas como estatales contra la corrupción, con el objetivo de erradicarla totalmente y "que no volvamos a vivir acontecimientos como los que ahora están trascendiendo, fruto de prácticas corruptas instauradas en el bipartidismo".

"Unas administraciones públicas más débiles, más fragmentadas, más aisladas, menos colaborativas y más penetradas por intereses personales y exclusivamente privados son siempre unas administraciones con menos legitimidad entre la ciudadanía y con menos capacidad de prevención, control y persecución de las malas prácticas en la gestión, del fraude y de la corrupción".

A partir de ahí, Lima apuesta por instituciones públicas "pluralistas, fuertes, respetadas, eficaces y eficientes que persigan un interés realmente común, determinado por un debate público democrático y que sea mayoritariamente compartido: Únicamente de este modo es posible ir cerrando la brecha entre nivel económico y grado de corrupción y acercar nuestros estándares de integridad pública, calidad democrática y bienestar social y medioambiental al de los países más avanzados o, cuanto menos, adecuarlos a los niveles que nos corresponderían de acuerdo con nuestra riqueza económica."