MADRID (EP). La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una nueva investigación sobre un presunto fraude de fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se produjo el accidente mortal cerca de Urda (Toledo), y ha ordenado diligencias en la sede de Adif.
Fuentes del organismo han indicado a Europa Press que los contratos investigados están relacionados con las posibles causas del accidente de Urda del pasado 28 de octubre, en el que han perdido la vida 69 personas, y afectarían a fondos comunitarios destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en esa vía de la red ferroviaria.
Según ha informado la EPPO este viernes, su oficina de Madrid ha llevado a cabo "medidas de investigación en la sede de Adif, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España".
"Esta medida tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente", explica la EPPO.
El Tribunal de Cuentas también ha confirmado que agentes de la UCO "se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información".
Ha sido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que ha acudido a esos tres centros para realizar las labores de investigación por orden de la Fiscalía Europea, entre ellas recoger expedientes en Adif, de acuerdo a fuentes del caso.
Segunda investigación tras la de Adamuz
Se trata de la segunda investigación abierta sobre el presunto uso fraudulento de los fondos europeos en esa misma línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, después de que, el pasado marzo, la institución comunitaria lanzara otra tras el siniestro en Adamuz (Córdoba) que se produjo el 18 de enero y dejó 46 muertos.
El pasado viernes, fuentes de la EPPO contaron a esta agencia de noticias que esperaban avances de calado pronto sobre lo relacionado con el accidente de Adamuz.
A raíz de aquel accidente, la Fiscalía Europea pidió a Adif "todos los contratos suscritos y los correspondientes número de expedientes en relación con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro ferroviario", según un oficio judicial que compartió en redes sociales el entonces ministro de Transportes Óscar Puente.
Puente indicó que "la Fiscalía Europea investiga el accidente de Adamuz desde nada más producirse". "En todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así. Por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es", agregó.
La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea que se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financiero comunitarios.
El Tribunal de Cuentas denunció falta de rigor de Adif
El Tribunal de Cuentas ha indicado al confirmar la presencia de agentes de la UCO en sus instalaciones que aprobó el pasado diciembre un informe de fiscalización en el que denunció falta de rigor de Adif en la investigación de dos denuncias sobre alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración en procedimientos de contratación.
Este apunte viene reflejado en un informe de 2025 sobre fiscalización de los procedimientos de gestión y control implantados por Adif y Adif-Alta Velocidad para la ejecución de las actuaciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a 31 de diciembre de 2024.
Según ese informe, Adif ha llevado a cabo dos investigaciones por la presentación de sendas denuncias sobre la alteración irregular de puntuaciones en los informes de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor, en expedientes de contratación adjudicados por Adif y Adif Alta Velocidad.
Ya en diciembre de 2022, Adif emitió un informe en el que daba cuenta de que había procedido a revisar los expedientes implicados y concluyó que "no existían indicios de que se hubiera vulnerado la normativa de aplicación". A su vez, la empresa realizó una pericial externa sobre la valoración técnica de los tres expedientes afectados por la denuncia.
Sin embargo, del resultado del análisis realizado por el Tribunal de Cuentas del expediente incluido en el Plan de Recuperación se deriva que el contenido del informe de valoración de los criterios sometidos a un juicio de valor "adolece de falta de transparencia y de motivación en la asignación de puntuación", pudiendo amparar su asignación "injustificada y arbitraria".
