Pleno de Vila-real.VILA-REAL. El incremento salarial de los miembros de la corporación de Vila-real aprobado por unanimidad en el pleno municipal del pasado miércoles rompe la tendencia austera que se mantenía desde hace una década, cuando la crisis inmobiliaria inicial desembocó en el grave desplome económico y en el imparable aumento del desempleo.
El equipo de gobierno del PSPV ha validado, con el apoyo de PP, Compromís, Ciudadanos, Vox y Podem, la dedicación exclusiva para los 13 miembros del ejecutivo municipal vila-realense más los portavoces del PP, Héctor Folgado, y Compromís, Josep Pasqual Sancho, además de una dedicación del 95% para Domingo Vicent (Ciudadanos), Irene Herrero (Vox) y la socialista Aida Beteta, y otra del 50% para la popular Dora Llop. Además, el consistorio dispondrá de 12 asesores a tiempo completo, el máximo que permite la ley para municipios como Vila-real. De ellos, ocho corresponderán al ejecutivo y los cuatro restantes a la oposición.
Los seis ediles restantes cobrarán por asistencias. En concreto, 639,78 euros por cada pleno mensual, 424,5 euros por junta de gobierno (hasta un máximo de cuatro al mes), 159,2 euros por comisión informativa (hasta cinco mensuales) y 212,3 euros por cada junta de portavoces.
Como siempre en estos casos, es muy difícil establecer una comparación justa. Los números siempre son muy interpretables. Por ejemplo, en el año 2005, en plena expansión económica, el gobierno municipal que entonces presidía el popular Manuel Vilanova consignó 761.000 euros anuales al pago de sueldos políticos. En aquel momento, además del propio alcalde, que ejercía a tiempo completo, el concejal de Urbanismo, Juan Serrano, disfrutaba de una dedicación del 85%. Los 21 concejales que formaban el pleno vila-realense estaban asistidos por 7 asesores. Formaban, en líneas generales, una estructura política más austera que la actual.
La sensibilidad social que hace una década arrastró a la clase política a un ejercicio de contención en sus propios ingresos no se da ahora, al menos a juicio de quienes ostentan la vara de mando, por lo que el inicio de mandato a cuatro años vista es el momento idóneo elegido por los gobiernos municipales para recobrar poder adquisitivo, una medida siempre impopular.
El repunte salarial aprobado en Vila-real no es ni mucho menos un caso aislado en la provincia. En Castelló, se baraja un aumento salarial del 50% para los 15 concejales del equipo de gobierno, lo que implicaría que el sueldo de la alcaldesa, Amparo Marco, pasara de los actuales 52.867 euros con una dedicación del 90% a los 74.308 que cobró el popular Alfonso Bataller en 2015. Los tres portavoces de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) pasarían a cobrar 41.000 euros brutos anuales con dedicación exclusiva, si se cierra el acuerdo que está en negociación. Actualmente perciben 27.939 euros con una dedicación del 25%.
La mayoría de ayuntamientos de la provincia aún no han aprobado en pleno los cuadros salariales de los respectivos equipos políticos, aunque la tendencia retributiva también será alcista. En un plano más general, un ayuntamiento referente como es el de València también va a impulsar un aumento salarial generalizado para la corporación, en este caso del 2,5%. De momento, solo el portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, ha anunciado que renunciará a ese dinero extra.
