Vila-real deberá pagar otros 1,9 millones de euros por la ocupación de terrenos entre 2009 y 2010

VILA-REAL. El jurado de expropiación ha infligido un nuevo "mazazo" a las arcas públicas municipales del Ayuntamiento de Vila-real, tal como lo ha definido este lunes el alcalde de la ciudad, el socialista José Benlloch, quien se queja de otro más de los varapalos judiciales a los que debe hacer frente fruto de la gestión urbanística del Partido Popular. En este caso, la decisión judicial obligará al consistorio de Vila-real a pagar, por el momento, al menos 1,9 millones de euros. Esta cantidad corresponde a la valoración hecha por los técnicos municipales de los terrenos del último paquete de resoluciones, que podría incrementarse hasta los 3,7 millones en los que el jurado ha valorado las fincas, según ha señalado el mandatario municipal en rueda de prensa.

Benlloch ha indicado que “se trata del último paquete de expedientes que estaba en el Jurado de Expropiación pendiente de resolución”, explica el alcalde, quien ha dado cuenta de este nuevo golpe a la economía municipal.

Los propietarios de los terrenos -correspondientes a solares del Centro de Tecnificación Deportiva (CTE), los accesos al Centro de Congresos o el jardín Jaume I, todos ellos en operaciones urbanísticas de los años 2009 y 2010- reclamaban 8.554.904 euros, frente a los 1,9 millones de la valoración municipal. 

Finalmente, el jurado de expropiación ha estimado el valor de los terrenos en 3.749.785 euros. Benlloch ha manifestado que “aunque vamos a recurrir para defender, como siempre hemos hecho, hasta el último euro de los vila-realenses, lo que queda fuera de toda duda es que esos 1,9 millones de euros en los que los técnicos municipales han valorado los solares vamos a tener que pagarlos en un plazo de seis meses, con lo que, una vez más, los empastres y el casino urbanístico del PP van a poner en serias dificultades las arcas municipales”, lamenta Benlloch.

La primera de las consecuencias se verá en la distribución de remanentes anunciada por el primer edil la semana pasada -en la que se incluyen fondos para el banco de pisos sociales o una furgoneta para Cáritas, entre otros gastos sociales y para entidades- que, a la luz de estas resoluciones, contaría con reparos de Intervención.

Benlloch ha indicado, pese a todo, que quiere lanzar, en cualquier caso, "un mensaje de optimismo, porque, a pesar de los 25,2 millones de euros que hemos tenido que pagar en empastres del PP y los 50 millones de riesgo que todavía tenemos, según la auditoría externa, hemos logrado que Vila-real avance, colaborando con las empresas locales y con la sociedad civil, en un proyecto de ciudad compartido que nos ha llevado a ser durante nueve meses consecutivos la ciudad de la Comunidad Valenciana con menos paro”, ha valorado Benlloch.

El alcalde ha añadido que “con este nuevo mazazo urbanístico, por ocupaciones ilegales de hace 10 años, Vila-real va a tener que pagar nuevamente por lo que otros gestionaron de manera nefasta, dejando en graves dificultades a la ciudad. Nunca hemos puesto en cuestión el derecho de los propietarios a cobrar por sus tierras, pero sí hemos defendido siempre los intereses de la ciudad buscando acuerdos y peleando cada euro, lo que nos ha permitido ahorrar hasta 8 millones de euros”, ha concluido.