CASTELLÓN. En el marco del Plan extraordinario de reajuste y priorización presupuestaria, que supone aparcar obras públicas para centrar los escasos recursos económicos en las personas, el Ayuntamiento de Vila-real abonará este mes los 653.000 euros pendientes de pago a los funcionarios municipales correspondientes a horas extraordinarias y a los complementos de productividad hasta el mes de septiembre. “Es un esfuerzo económico muy importante, que sólo podemos asumir porque nuestro compromiso principal son las personas. Renunciando a muchas cosas, algunas de las cuales nos hacían especial ilusión, para poder hacer frente con muchas dificultades a cuestiones que, en estos momentos, son mucho más importantes: garantizar los servicios públicos, la atención a las personas y, en este marco, el pago pendiente a los funcionarios, sin los cuales tampoco podríamos prestar estos servicios”, señala el alcalde de la ciudad, José Benlloch.
En concreto, en esta nómina, los empleados públicos ingresarán 493.000 euros por los complementos de productividad hasta el pasado mes de septiembre y 160.000 euros por horas extraordinarias y gratificaciones pendientes. “Es una cantidad muy importante que, por ejemplo, se corresponde con lo que hemos venido exigiendo a la Generalitat para poder desarrollar los dos proyectos de reindustrialización financiados por el Ivace que quedaron desiertos por los sobrecostes provocados por la guerra de Ucrania. Proyectos, por cierto, en los que se incluye un tanque de tormentas en la zona del Cedre absolutamente irrenunciable y que tanto nos ayudaría a atajar las inundaciones que se producen por episodios de fuertes lluvias, como la reciente DANA”, incide el primer edil.
“Las dificultades económicas a las que nos enfrentamos en estos momentos, en plena tercera guerra mundial, son gravísimas: una factura energética triplicada por la que acabaremos pagando más de 3,5 millones de euros en luz y gas este año o la crisis de precios que ha dejado prácticamente todos los pequeños proyectos desiertos porque los precios de licitación están al menos un 10% por debajo de los costes reales”, recuerda Benlloch. El impacto de la inflación en la factura de los proveedores o los cinco millones de euros sobrevenidos por la gestión de la crisis de la covid-19, con más de 1,5 millones de euros en bonificaciones de impuestos y exenciones de tasas, se suman a la situación económica municipal, ya delicada por el pago de 33 millones de euros en “sentencias y empastres del PP, a los que se añade también la crisis de deuda que dejaron en herencia con un préstamo de 20 millones por el que acabaremos pagando 28 millones”, incide.
“A pesar de todas estas dificultades, tenemos claro que la prioridad son las personas y garantizar los servicios públicos. Por eso, hemos trazado un Plan extraordinario de priorización y reajuste presupuestario, por el que aparcamos de momento proyectos que, aunque pueden ser muy interesantes para la ciudad, no son imprescindibles en estos momentos, para focalizar los escasos recursos de los que disponemos en atender nuestras dos grandes prioridades: las personas y los servicios públicos”, argumenta Benlloch. En esta línea, el gobierno municipal ha decidido aparcar obras y tan sólo invertir esfuerzos en aquellas que vengan financiadas por otras administraciones, centrando los recursos en las necesidades sociales y el servicio público. Es en este marco en el que el ejecutivo liderado por Benlloch ha decidido abonar las productividades pendientes a los funcionarios “con muchas dificultades y renunciado a muchas cosas”, concluye.
