VALÈNCIA. La promoción de vivienda de protección oficial (VPO) lleva tiempo parada en la Comunitat Valenciana. La desactualización de los precios -la última revisión fue hace más de una década-, mientras los costes de obra, el suelo y las cargas impositivas han ido al alza, lo que ha llevado a los promotores a desistir y dejar de lado este tipo de desarrollos. Y la Administración con recursos propios tampoco tiene capacidad de cubrir el déficit actual.
Ante esta situación, la Conselleria de Vivienda se marcó el pasado año el objetivo de sacar un nuevo decreto que unificara las diferentes normativas existentes -la de 2009, 2013 y 2007- con el fin de simplificar y dotar de mayor claridad y seguridad jurídica la legislación, además de reactivar este tipo de proyectos haciéndolos viables y rentables para los agentes privados. Un texto que, a priori, iba a salir adelante en verano, pero que finalmente se ha demorado más de lo previsto y, por el momento, no hay una fecha clara para su aprobación.
La intención del departamento que dirige Héctor Illueca era reactivar la promoción de VPO en la Comunitat Valenciana, ya que desde el sector aseguran que con el desfase en los precios, vigentes desde 2009, los proyectos no son rentables. No obstante, los tiempos no están jugando a favor de la Administración y , mientras tanto, el desarrollo de inmuebles con esta calificación sigue bajo mínimos en la autonomía valenciana.
El nuevo texto está redactado y pactado con el sector desde mediados del pasado año, pero sigue pendiente de algunos informes clave para seguir con su tramitación. Como principales novedades recoge la revisión de los precios y la eliminación de las zonas geográficas, que distinguía el valor del módulo entre diferentes municipios. También, regula aspectos como el alquiler o la colaboración público-privada con los agentes privados, cuestiones hasta el momento poco definidas, así como establece la calificación permanente de las viviendas de protección pública para evitar la especulación.
Según explican desde Conselleria, la demora se debe a la introducción de una cláusula para fijar una segunda condición al precio máximo de venta. En un principio, la norma estableció en 2.200 euros por metro cuadrado de superficie útil el máximo para las promociones privadas, pero a la vista de la actual coyuntura económica y el alza de precios se ha añadido otro condicionante: que nunca supere el precio anual de la obra nueva en base a los indicadores del Colegio de Notarios.
El objetivo es evitar situaciones como en la crisis inmobiliaria, cuando la VPO llegó a ser más cara que una vivienda de renta libre. De hecho, el decreto ya incluía posibles modificaciones en el precio máximo de venta en función de la evolución de los costes de los materiales, siempre que se produzcan variaciones anuales superiores al 5%, tanto al alza como a la baja, para proteger la viabilidad de los proyectos. Pero ahora se ha querido topar aún más el precio del módulo a la vista de la escalada de los precios en el mercado.
Esta modificación, como todo el texto, ha sido consensuada con los agentes implicados -Administración pública, promotores, cooperativas de vivienda y gestores públicos- en el seno de una comisión creada ad hoc para actualizar la normativa sobre VPO en la Comunitat. Y ese diálogo es el argumento que esgrime Vivienda para justificar el retraso de un texto redactado desde hace diez meses, y todavía pendiente de algunos informes como el del Consell Jurídic Consultiu. No obstante, Conselleria garantiza que la nueva norma saldrá adelante antes de final de legislatura, es decir, de las elecciones de este próximo mes de mayo.
Pero no es el único decreto que sigue pendiente de recibir luz verde. También, está sobre la mesa el decreto para regular la actividad de los grandes tenedores y luchar contra el acoso inmobiliario. Una norma que en principio se concibió como ley, pero finalmente se modificó su forma legislativa para pasar a ser un decreto con el objetivo de agilizar su tramitación. No obstante, también está a la espera de salir adelante, aunque, según fuentes de Conselleria, el pleno del Consell podría aprobarlo la próxima semana.
Esta norma regula aspectos que generaron bastante malestar en el sector y que también llevaron a la Abogacía de la Generalitat a solicitar una revisión en partes de su articulado. Y es que el decreto incluye cuestiones como la creación de un registro de grandes tenedores, las expropiaciones temporales de las viviendas vacías de grandes propietarios, así como la expropiación forzosa de inmuebles de protección oficial en manos de propietarios de más de diez activos.
También incide en la lucha contra el 'acoso inmobiliario', que define, regula y sanciona con hasta 950.000 euros las prácticas más graves contra los inquilinos. Además, pone el acento en la lucha contra los desahucios creando una unidad de ayuda y una mesa técnica con los agentes implicados de la Comunitat Valenciana.
Unas cuestiones, que según el equipo de Illueca, se tuvieron que perfilar por lo novedoso del texto, lo que acabaron por dilatar los tiempos. Sin embargo, insisten en que saldrá adelante en breves.
