La igualdad

Nuestra Constitución Española, esa que fue votada a favor más en Cataluña que en Madrid, a pesar de que se olvida de forma intencionada, recoge en el Capítulo Segundo del Título Primero, bajo el nombre de Derechos y Libertades, en su artículo 14, un derecho fundamental que dice lo siguiente: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Este precepto, recogido también en constituciones como la francesa y alemana, es el principio que reconoce que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley (principio de isonomía que viene de los griegos clásicos), y que además estén sujetas a las mismas leyes de justicia (debido proceso) y reconoce la equiparación igualitaria de todos los ciudadanos en derechos civiles y políticos. Es un derecho fundamental que tiene su origen más moderno en el social liberalismo clásico, presidiendo, como pilar fundamental junto con la libertad individual, los sistemas democráticos más modernos y avanzados de nuestro mundo.

Sentadas estas bases y ante los tambores de amnistía que vivimos estos días (sin que haya habido ningún desmentido por parte del gobierno en funciones), cabe preguntarse si en democracia, con un derecho fundamental claramente reconocido como la igualdad ante la ley es moral e incluso legalmente posible perdonar la comisión de delitos como la malversación de caudales públicos, sin hacerlo con el resto de los ciudadanos españoles que hayan sido condenados alguna vez por el mismo delito. Moralmente me parece reprobable e indigno, pero la moral cada uno la tiene donde quiere. En mi caso, como quiera que he defendido con ahínco y tesón la amnistía que tuvo lugar para perdonar delitos políticos a quienes fueron condenados por la dictadura franquista, terminada la misma, instaurada la democracia, aprobados los estatutos de autonomía, legalizados todos los partidos políticos y votada la Constitución, no cabe perdón a un delincuente y mucho menos con el único objetivo de conseguir siete votos para ser Presidente de un país. Resquebrajar estructuralmente los pilares de la democracia para ser coyunturalmente Presidente por un tiempo, será la mayor bajeza moral que habré presenciado  en este país en muchos años. Que conste en acta si lo acaba haciendo Pedro Sánchez.

Y, ¿legalmente? Pues desde mi posición de abogado, creo que se estaría vulnerando el principio de Igualdad ante la ley que he citado anteriormente, privilegiando a un ciudadano español frente a otros, desigualando a iguales, con la única intención de obtener el poder. Algunos me pueden decir que Puigdemont y otros huidos no han sido juzgados, pero tenemos el precedente de los que sí lo fueron por los mismos hechos. Si quienes fueron segundones en el "golpe", fueron condenados incluso a 13 años de cárcel por malversación, ¿por qué argumento jurídico no iba a ser condenado Puigdemont? Por tanto, ante lo obvio, que es la condena, la amnistía perdona la misma, le redime como si no hubiera existido delito, frente todos aquéllos que han sido condenados por el mismo delito en los últimos 40 años, pero de quienes Pedro, no necesitaba votos para ser nada.

Lo que se puede producir en este país, desde el punto de vista de la igualdad ante la ley, es, por tanto, una aberración que traerá consecuencias. Espero que mis plegarias para que no ocurra sean escuchadas.

Nota: Debo recordar que este argumento que utilizo por ser un tema de actualidad, lo utilicé igualmente, con otras connotaciones, en la famosa amnistía fiscal del PP. La equidistancia es importante para no abandonar la razón, en el sentido teórico de la palabra. Las amnistías, en democracias plenas, privilegian a unos frente a otros, quiebran la igualdad y hacen sociedades más débiles.

Julio Pascual Lucas es abogado