Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSEn Castellón Plaza no podemos sino alegrarnos de la campaña lanzada por el presidente Mazón y por el PP para denunciar públicamente las irregularidades en la contratación pública de productos y servicios por parte del Consell de Ximo Puig y, sobre todo, de algunas empresas públicas durante los gobiernos del Botànic. Aunque conviene advertir que antecesores de Mazón también anunciaron al llegar al cargo que levantarían las alfombras y luego no hubo nada.
Muy de acuerdo, asimismo, en que haya decidido "trasladar" a la Abogacía de la Generalitat "cualquier sospecha de malas prácticas" como son, según manifestó el pasado jueves, decenas de miles de contratos menores que se firmaron durante la pasada legislatura. No obstante, cabe recordar que un contrato menor no es en sí mismo una mala práctica si se hace conforme a la ley. Y que los ilegales, por mucho que los traslade Mazón a la Abogacía, no acabarán en los tribunales porque los jueces no tienen tiempo ni medios ni ganas para esas menudencias, salvo que el autor o autora sea caza mayor, verbi gratia, Laura Borràs, como ya expliqué aquí.
En lo que no podemos estar de acuerdo es en que, según afirmó el president en Les Corts, "se están conociendo los primeros datos, la punta del iceberg del sector público del Botànic". ¿Los primeros datos?
Por desgracia no es así, y se lo dice alguien que lleva más de 20 años publicando informaciones sobre irregularidades en la contratación de la Generalitat. Innumerables deficiencias señaladas año tras año por la Sindicatura de Comptes y por la Intervención General –también en la contratación de personal–, y en las últimas legislaturas por parte de la Agencia Valenciana Antifraude. Toda esa información, que ha sido trasladada a la ciudadanía por los medios de comunicación, ha caído en saco roto, sin ninguna consecuencia para los malos gestores del dinero público.
Se pueden contar con los dedos de una mano las irregularidades señaladas por la Sindicatura de Comptes que llegaron a los juzgados, y con los de un muñón las que acabaron en sentencia condenatoria. De memoria, el caso de los 67 todoterrenos comprados por Vaersa, por los que su exdirector Felipe Espinosa pactó una condena de ocho años de inhabilitación; y los más sonados caso Valmor, archivado debido a una deficiente instrucción y tras la llegada de una nueva fiscal Anticorrupción, y caso Flotador, archivado también, tres años y medio después de una espectacular operación policial en Sagunto, porque la fiscal acabó retirando la acusación, a pesar de que la jueza puso en su auto de archivo que sí veía indicios de delito.
Hace dos semanas la Sindicatura publicó un nuevo informe sobre la contratación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias con irregularidades relevantes. Meses antes, la Intervención y la Agencia Antifraude también emitieron sendos informes señalando incumplimientos de la ley. Como quien oye llover, nunca mejor dicho.
Ya era hora de que alguien se tomase en serio estos informes desde el punto de vista administrativo, ya que de la justicia, injusta por lenta, poco podemos esperar. La Fiscalía Anticorrupción y los jueces despejan casi todos los balones con el argumento de que son irregularidades administrativas sin relevancia penal, por lo que darle un contrato a un amiguete no tiene más riesgo que un recurso contencioso-administrativo o que te lo saquen en el informe anual de la Sindicatura o la Intervención si tienes la mala suerte de que el contrato entra en grupo aleatorio de expedientes revisados. De manera que tantos informes solo sirven para que los altos cargos se lleven un toque de atención y una serie de recomendaciones que, por poner una nota positiva, al menos han conseguido que vaya mejorando la gestión poco a poco. En algunas empresas y organismos públicos las recomendaciones se repiten de año en año porque no se corrigen. Y tampoco ha pasado nada, hasta ahora.
El pasado 21 de noviembre, la Conselleria de Cultura cesó a José Luis Pérez Pont como director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana por las irregularidades detectadas en un informe de la Sindicatura de Comptes. Un informe de 2019 del que dio cuenta en su día este periódico sin que, como es habitual, pasara nada. Tirones de orejas navideño –el informe anual de la Sindicatura se publica a final de año– de los que nadie se acuerda tras las vacaciones.
En la entrevista que le hicimos el otro día a Vicente Barrera le preguntamos si esa iba a ser la línea roja de la Conselleria, porque puede haber una escabechina en las empresas y entes públicos, y nos respondió que "por supuesto". ¿Va a ser esta la política de todo el Consell? ¿Habrá por fin ceses fulminantes por irregularidades en la gestión, o cuando sean de los suyos mirarán para otro lado? La pregunta es retórica. La prueba la tendremos cuando se publiquen los informes sobre los ejercicios venideros.
Una curiosidad en favor de Mazón: existe en los archivos de la Sindicatura de Comptes un informe específico sobre la gestión del Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj) en el año 2000, ejercicio en el que Mazón ocupaba la dirección general de este organismo. El Síndic, en aquel caso, no detectó ninguna irregularidad.
Otrosí: en su crítica a la gestión de Puig, Mazón no debería incidir demasiado en lo de los gastos sin consignación presupuestaria, irregularidad que se viene produciendo desde hace muchos años como reflejan al céntimo los informes de la Sindicatura de Comptes. Antaño se escondían las facturas en un cajón y ahora se consignan en una cuenta específica que podría denominarse "donde el brazo se estira más que la manga". Es probable que la actual Conselleria de Sanidad –casi siempre son gastos sanitarios o sociosanitarios– esté ahora mismo contratando productos y servicios sin crédito presupuestario porque el dinero se acaba y los hospitales no se pueden parar. Se podrá mejorar la gestión de los recursos escasos, pero el problema es que no hay suficiente presupuesto porque, ¡sorpresa!, la Comunitat Valenciana está infrafinanciada.
PS: La Sindicatura de Comptes firmará este diciembre su segundo informe anual de la cuenta de la Generalitat estando en funciones. La cúpula del organismo que dirige Vicent Cucarella debería haberse renovado en junio de 2022 en Les Corts por parte de los grupos parlamentarios que se quejan de que el Gobierno no cumple los plazos para reformar el sistema de financiación autonómica.
