VALÈNCIA (EFE). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y los secretarios de CC.OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este jueves el acuerdo sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, conocido coloquialmente como Estatuto del Becario, que no cuenta con el apoyo de la CEOE.
"La realidad es que nuestro país durante más de 40 años ha tenido gobiernos ninis, que no daban alternativas ni soluciones para las personas jóvenes de nuestro país", ha señalado Díaz tras la firma del acuerdo.
La propuesta del Estatuto del Becario, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge un régimen sancionador a las empresas por incumplir los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros; una compensación de los gastos que tengan los estudiantes; y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas.
El objetivo de esta norma es determinar los periodos de formación práctica no laboral que se pueden realizar en el ámbito de la empresa, así como desarrollar el régimen jurídico que los ordena.
Para que el Estatuto del Becario entre en vigor, el Ministerio de Trabajo debe elevar el texto al Consejo de Ministros, que tendría que aprobar la norma vía real decreto ley antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales. Para ello, el Departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha fijado una fecha y apuesta por la prudencia para su tramitación e ir viendo los plazos.
Tras más de 15 meses de negociaciones de la Mesa del Diálogo Social, Trabajo y sindicatos han firmado el acuerdo del Estatuto del Becario, del que se ha desligado la CEOE y que ha sido rechazado por los rectores, estudiantes, los Consejos Sociales de las Universidades, empresas de formación y organizaciones de enseñanza privada.
A pesar de las críticas a la medida, la ministra de Trabajo, que ha lamentado que no esté en la firma la patronal, ha defendido que "era imprescindible" regular las prácticas laborales "con diálogo social": "Esta norma viene a arrojar luz sobre esas zonas de sombra que han vivido durante demasiados años decenas de jóvenes en España".
"Una vez más arrojamos luz la precariedad. Durante años se ha demonizado a la juventud, se les ha insultado llamándoles generación de cristal", ha insistido Díaz, quien ha asegurado que "desde hace décadas la juventud se ha encontrado un mundo laboral que les dejaba a su suerte, encontrando falsas becas, figuras tramposas que enmascaran jornadas extenuantes y un nulo reconocimiento".
La ministra ha dedicado esta norma a Adrián, un becario periodista que durante los 15 meses de negociación le ha "perseguido" por el Congreso de los Diputados para preguntar por el avance del acuerdo. "Ha tenido el tesón durante 15 meses de dirigirse a mí para saber cuándo iba a ver la luz el mal llamado Estatuto del Becario. Para los muchos adrianes hoy hacemos que nuestro país sea un poquito mejor", ha dicho.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que querían acabar la Legislatura poniendo "un broche que quedó pendiente" en la reforma del mercado de trabajo y que, a su juicio, "es necesario cumplir" antes de las elecciones.
"Nos parece esencial que podamos proteger a las personas que entran en el mercado de trabajo por primera vez, con normas claras y directas. Ya no será posible interpretar, tendremos cerrado los periodos de formación, tendremos determinadas las actividades formativas, las empresas tendrán necesariamente que firmar un acuerdo con el centro académico y la representación legal de los trabajadores tendrá que tener conocimiento de las personas que están haciendo las prácticas en las empresas", ha sentenciado.
En este punto, Álvarez ha afirmado que le hubiera gustado haber firmado el acuerdo con la CEOE: "Lo podríamos haber firmado en octubre porque queríamos arrastrar a la patronal, incluso hemos hecho concesiones durante este tiempo y todo estaba previsto para la firma".
Para el líder de UGT, el elemento que no ha hecho posible contar con el apoyo de la CEOE en el acuerdo es el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar de manera anticipada las elecciones y disolver las Cortes el pasado 29 de mayo. "Para nosotros esa no es una cuestión que pueda aplazar una cuestión necesaria. No queremos que pase esta Legislatura sin que estas personas tengan esta protección", ha apostillado.
Durante su intervención, el secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha criticado que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) haya rechazado el Estatuto del Becario. Así, ha destacado que "la falta de financiación del sistema universitario no puede tener como consecuencia que se sitúe esta norma como algo que va a llevar a la precariedad a las universidades".
"No entendemos declaraciones de la CRUE, que debieran situar los problemas de financiación de las universidades donde los tienen que situar. Hay que darle a las becas la finalidad correcta que tienen", ha agregado Sordo.
En referencia a la convocatoria anticipada de elecciones, el líder sindical ha apuntado que "la vida discurre, tiene sus tiempos", por lo que presentan, "haya convocadas elecciones un no", un acuerdo "muy relevante" que tenían "la obligación de dar salida esta Legislatura".
"El acuerdo podría haber sido cerrado hace unos cuantos meses, pero pensábamos que era importante que tuviera el mayor consenso posible. Alguien ha decidido bajarse de la diligencia en el último momento pero este es un acuerdo muy útil para las personas que hacen prácticas y este debiera ser un acuerdo muy útil para las empresas que consideran que las prácticas tienen que servir para formar y cualificar mejor a los futuros trabajadores", ha señalado Sordo en clara referencia a la CEOE.
El Estatuto del Becario incluye un régimen sancionador con multas para las empresas de entre 120.006 y 225.018 euros en el caso de que se produzcan infracciones muy graves en su grado máximo. Si las infracciones son consideradas muy graves pero en su grado mínimo las multas irán de 7.501 a 30.000 euros, mientras que en su grado medio serán de 30.001 a 120.005 euros.
Las infracciones serán, según establece el documento, muy graves cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo.
Asimismo, serán consideradas infracciones muy graves aquellas por circunstancias de sexo; origen, incluido el racial o étnico; estado civil; condición social; religión o convicciones; ideas políticas; orientación sexual; adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos; vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del Estado español, así como un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación.
Las empresas en las que los estudiantes desarrollen las actividades formativas también deberán compensar los gastos de los alumnos, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, "por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención".