El expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, en el Palau. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El exministro de Trabajo Eduardo Zaplana se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo tras su procesamiento en el conocido como caso Erial junto a un total de 20 personas, entre ellas su círculo más estrecho de colaboradores y la familia Cotino. El juzgado de Instrucción número 8 de Valencia notificó este jueves el llamado auto de procedimiento abreviado, que supone el final de la instrucción y el paso previo a la apertura de juicio oral. Una decisión que llega siete años después del inicio de la investigación y pasados cuatro de las primeras detenciones.
La causa se centra en una supuesta trama creada para el cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión del que también fuera presidente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El objetivo habría sido desviar esas cantidades al extranjero a través de numerosas sociedades para blanquearlas y, posteriormente, retornarlas a España. En total, el desvío de dinero se cuantifica en 20 millones de euros.
La jueza afirma que los acusados facilitaron la obtención de contratos públicos para obtener beneficios económicos que posteriormente blanquearon
La magistrada explica que, tras la instrucción practicada, existen indicios de la existencia de una organización formada por personas que se aprovecharon de los cargos políticos que ostentaban en el momento de los hechos o que habían ostentado a lo largo de varios años. "Junto con empresas existentes, aunque la mayoría creadas exprofeso, y ayudadas también por empresarios individuales, facilitaron la obtención de contratos públicos, obteniendo todas las partes beneficios económicos" que posteriormente fueron objeto de varios delitos, señala. Los cuales enumera en los siguientes: organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental.
Junto a Zaplana, figuran como procesados su considerado testaferro Joaquín Barceló; el supuesto cerebro financiero de la trama, Francisco Grau; Vicente y José Cotino; o el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, entre otros. La jueza, por el contrario, sobresee la investigación para la mujer del exministro, Rosa Barceló, y para su hija María al considerar que no queda acreditada la participación en el entramado.
En el auto, la magistrada expone que el grupo de acusados, dirigido por el exministro, estaba formado por su círculo más cercano, ya fuera por vínculos de amistad o por las relaciones que tuvo desde su cargo público. Así, menciona a Barceló, Grau, su exjefe de Gabinete Juan Francisco García, la que fuera su secretaria Misuko Flerida o la familia Cotino –incluyendo al exdirector general de la Policía Juan Cotino (fallecido en 2020)–. En todos ellos, prosigue, se apoyó para "obtener ganancias ilícitas".
"La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad, con el fin de eludir posibles responsabilidades y dado que era conocido públicamente. Su nombre, si apareciera en cualquier tipo de operación, hubiera alertado inmediatamente. Por ello utilizó a sus amigos y conocidos, a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración", explica la jueza.
"La forma planificada por Eduardo Zaplana era quedar ante todo oculto en la sombra de todo tipo de actividad"
Como ejemplo paradigmático menciona a Joaquín Barceló, "al que hizo que figurase con su nombre en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes, quedando Zaplana de esta forma al margen formalmente y libre de responsabilidades". "Mientras recibía, eso sí, importantes beneficios económicos", añade.
El exministro, de acuerdo con la magistrada, también se habría servido del abogado uruguayo Fernando Belhot para que le administrase el dinero procedente de la actividad delictiva que ocultaba en el extranjero. Lo habría hecho a través de sociedades uruguayas a las que llegaron los fondos de la empresa matriz de toda la red, Imison Internacional. Constituida y gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, la investigación apunta a que para su creación Juan Cotino entregó 640.000 euros en efectivo.
Las cantidades que llegaban a Imison, remarca el auto, eran de las comisiones delictivas. "La gestión encomendada por Eduardo Zaplana a Belhot se basaba en la confianza. No suscribieron ningún tipo de contrato entre las partes, daba las órdenes de forma verbal y mantenían no sólo reuniones físicas cuando se trasladaba Belhot a España, sino también telefónicas, abriéndose cuentas en Suiza por parte de este administrador, pero siendo el dinero de Zaplana", indica el auto.
El abogado uruguayo ha tenido un papel fundamental en la investigación por tratarse de uno de los testimonios más importantes para Anticorrupción. Confesó que le llegó a gestionar al exministro alrededor de ocho millones de euros de las sociedades pantalla y, a lo largo de lo que denominó como siete años de colaboración, aseguró que el montante que le entregó –especialmente durante 2016 y 2017– ascendió a los 2,3 millones. Otros 6,7 millones fueron recuperados por el juzgado mediante transferencias de Belhot, quien pasó de figurar como imputado en la causa a ser testigo.
Una de las vías de investigación más importantes que recientemente logró cerrar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fue conectar el recorrido del dinero en el extranjero. A través de Andorra, según los agentes, gran cantidad de dinero –la mayor parte en efectivo– se movió a otras sociedades, entre ellas Imison (Luxemburgo). El resto siguió manejándose en cuentas del Principado usando empresas panameñas para, finalmente, ser retirado en efectivo.
El método utilizado y que permitía la banca privada andorrana es el llamado sistema de compensación: una persona que dispone de dinero en metálico se lo da a alguien que lo necesita de forma urgente sin desplazarse al banco ante la presencia de un gestor de la entidad. Quien recibía el dinero ordenaba entonces un traspaso de su cuenta a quien se lo había aportado y el gestor del banco realizaba los asentamientos de ingreso y reintegro.
Ahora, el auto señala que el dinero detectado tras la instrucción y obtenido por comisiones ilícitas y que no ha sido recuperado en su totalidad –ya que parte del mismo fue intervenido por las autoridades andorranas y otra parte entregado a Zaplana– ascendería a más de 15 millones.
La jueza menciona diversos bienes adquiridos, operaciones e inversiones realizadas por el exministro con las cantidades que habría logrado retornar a través de otro entramado empresarial establecido en España: un piso en el centro de Madrid, dos áticos en Altea por importe de 1,2 millones, vehículos o yates.
Juan Francisco García y los sobrinos del exdirector general de la Policía otorgan un papel protagonista en la operación al que también fuera conseller de la Generalitat; Olivas dice que cobró por mediar en una operación de venta, pero no por manipular la concesión de los parques eólicos
