Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Carlos Fabra por ocultar patrimonio 

VALÈNCIA. La Fiscalía solicita 12 años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra por el presunto entramado elaborado para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según considera el juez, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros. Así, el fiscal le atribuye los presuntos delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.

Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación en el que expone las peticiones de pena. Junto a la de Fabra, también solicita 7 años de cárcel para su mujer, María Amparo Fernández, por insolvencia punible y blanqueo; cuatro años y siete meses para el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, y su hijo Fernando Roig Negueroles por un delito de cooperación necesaria en la insolvencia y cohecho; y nueve meses para el dueño de Facsa, Enrique Gimeno, por cohecho, tal como ha avanzado El Confidencial y confirman fuentes de la investigación. 

Igualmente, solicita otros cuatro años y siete meses de prisión para Miguel Pérez, administrador de una de las mercantiles de las que se habría servido el entramado para ocultar patrimonio o fuentes de ingresos opacos. 

Además de esconder su verdadera situación económica para evitar embargos, Fabra canalizó fondos de procedencia ilícita, de acuerdo con los investigadores. De hecho, llegó a manejar 2,69 millones de euros en efectivo y movió 26 millones en el banco entre 2007 y 2017 mientras aparentaba una situación de "penuria económica", sostienen el jugado de Instrucción número 4 de Castellón, la Fiscalía y la Policía Nacional. Para cumplir con este objetivo, consideran que contó con la ayuda directa de familiares y de terceras personas (testaferros), además de usar cuatro sociedades pantalla. 

Intensa actividad bancaria

Tanto el magistrado como Anticorrupción hacen hincapié en la "intensa actividad bancaria por él organizada, que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución". Estos movimientos en el banco habrían tenido una doble finalidad: por un lado, ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Fabra a los efectos de evitar embargos por sus deudas tributarias y judiciales; por otro, canalizar los fondos de procedencia ilícita, tanto el dinero en efectivo como los abonos en cuenta. 

En el caso de estos últimos, el juez y el fiscal afirman que en el curso de la investigación se ha constatado que se trata de importantes cantidades solicitadas directamente por él mismo a particulares, que se le entregaban en consideración a su condición de presidente de la Diputación de Castellón y su posición de influencia política en la provincia. La mayoría, señalan, se intentaron justificar como préstamos personales privados, sin contrato escrito, sin causa, sin plazo de vencimiento, sin intereses y sin reclamación. 

En el auto de procesamiento de los acusados del pasado abril, el magistrado detallaba diversas operaciones que presuntamente se camuflaban, en algunos casos, como préstamos personales privados u opciones de compra en relación con inmuebles. Uno de los ejemplos más destacados era el del empresario Fernando Roig, con colaboración de su hijo. Entre 2013 y 2014, transfirió un préstamo a empresas vinculadas a Fabra de 1,7 millones de euros que la Fiscalía interpreta que fue simulado al no tener justificación real. En su opinión, respondía, en realidad, a una contraprestación por los contratos publicitarios del aeropuerto de Castellón (Aerocas), que el exdirigente del PP controlaba, con el Villareal Club de Fútbol –del que Roig era presidente– por 8,1 millones de euros. 

Anticorrupción también enumeraba los diferentes cohechos: hasta 15 abonos de dinero de particulares que se le entregaron por su condición de presidente de la Diputación y su influencia política. Entre ellos, el de Enrique Gimeno.