Imagen de Francis Puig. Foto: Comunicacions dels PortsVALÈNCIA. La Agencia Antifraude abrió una investigación hace varios meses sobre una nueva subvención otorgada a una empresa dirigida por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Se trata de una ayuda pública de 36.000 euros que la Generalitat resolvió conceder en julio de 2015, al mes de llegar PSPV y Compromís al poder, y cuyo elemento destacado es que previamente -un año antes- había sido retirada por el PP.
El relato de hechos se inicia en octubre de 2010 -etapa de los populares en el Ejecutivo autonómico-, cuando la Conselleria de Agicultura aprueba las bases de los fondos Ruralter-Leader, parte de los cuales provienen de Europa. En diciembre de ese mismo año, el departamento acuerda otorgar a Comunicacions dels Ports 36.000 euros - distribuidos en dos anualidades de 18.000 euros en 2012 y 2013- para la "Ampliación y modernización del centro de producción". Es decir, para mejora de las instalaciones de la sede del grupo mediático de Francis Puig.
En enero de 2014, sin embargo, la Conselleria declaró la pérdida de derecho a cobro de la subvención y retiró la anualidad ya abonada de 2013. El motivo alegado era que no había presentado los documentos justificativos de la ayuda debidamente. Así, relata el departamento, en noviembre de 2013 se le requirió al empresario que presentara las certificaciones de obra firmadas por el director de las obras pero no lo hizo. Por lo que, indica Agricultura, la solicitud de pago no fue presentada en el plazo establecido.
Ante esta resolución, Francis Puig interpuso un recurso contencioso-administrativo en el que explicaba que todo se presentó en las fechas correctas y con la documentación exigida. En pararelo, presentó un recurso de reposición ante la Generalitat.
En julio de 2015 -un mes después del cambio de Gobierno-, la Conselleria estimó la reclamación del empresario al considerar probado lo que afirmó y aprobó concederle finalmente la subvención, que cobró ya en 2016. Éste desistió el procedimiento judicial, comunicándolo a Agricultura a través de un correo electrónico.
Tras una petición de información de la diputada del PP Eva Ortiz sobre todos estos hechos, un funcionario de la Conselleria concluyó, revisando todo el expediente, que podrían ser hechos "susceptibles de reproche jurídico". Lo trasladó a sus superiores y el departamento que actualmente lidera Mireia Mollà trasladó el informe a la Agencia Antifraude en diciembre de 2019, tras lo cual el organismo que encabeza Joan Llinares abrió una investigación.
La parlamentaria popular ha comunicado este jueves que lo pondrá en conocimiento del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, encargado de la causa del entramado de ayudas públicas al hermano de Puig y sus socios, los Adell Bover. Igualmente, presentará un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) para acceder al expediente de Antifraude.
Durante la sesión de control celebrada en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz ha cuestionado a Ximo Puig sobre las investigación de Antifraude por la ayudas que su hermano pidió "fuera de plazo" y que se pagaron "sin justificación". Le ha respondido el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien ha replicado que sus preguntas le producían "una gran ternura política". Unas palabras que han irritado a la bancada popular y que han calificado de "machistas".
Soler le ha reprochado igualmente a la diputada del PP que representa a un partido que ha salido en la operación Kitchen y ha sido "cómplice" de que sus convecinos de Orihuela tengan que pagar 4,7 millones de euros adicionales.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
