Firma del Botànic II en Alicante. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Podría decirse que los 100 días de gracia que se le suelen dar a un nuevo gobierno no se le están otorgando al Botànic II compuesto por PSPV, Compromís y Unides Podem. Lo llamativo de esto que la ruptura de esta cortesía ni siquiera sale principalmente de la oposición, sino que son las propias fuerzas políticas que componen el Ejecutivo las que han comenzado diversas batallas cuando apenas se llevan cuatro meses -uno de ellos agosto- de mandato.
La convivencia no está resultando fácil y recuerda a los embrollos de aquella extravagante comunidad de vecinos representada en la serie 'Aquí no hay quien viva'. Sin ir más lejos, en una sola semana se han reproducido varios choques entre los socios -especialmente entre PSPV y Compromís- que evidencian las dificultades para mantener aquella relación idílica que comenzó en 2015 con la llegada al poder.
En estos primeros meses, las cosas no están rodando con la relativa sencillez de aquella ocasión. Ya sea por el contexto de inestabilidad que se vive en el ámbito nacional con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina o quizá por el rencor que todavía perdura en Compromís por el adelanto ejecutado por Puig en abril, lo cierto es que la legislatura ha comenzado con roces que hacen dudar que el Botànic II sea "a prueba de bombas", tal y como presumía Oltra en el primer mandato en coalición.
Esta misma semana se han producido diversas discrepancias en el seno del Ejecutivo valenciano que amenazan con reproducirse e incluso intensificarse antes de la cita con las urnas.
Una de ellas ha girado en torno a los recortes plasmados en el Plan Económico-Financiero (PEF) y remitido al ministerio por la Conselleria de Hacienda dirigida por el socialista Vicent Soler. A día de hoy, este departamento no ha concretado las partidas que no se ejecutarán en las distintas consellerias y, desde las áreas de Compromís y Unides Podem admiten que no conocen los datos generales de estos ajustes, más allá de que sí puedan tener cifras de su departamento. El malestar y la desconfianza por esta opacidad en los datos se ha hecho patente a través de diversas manifestaciones y, desde luego, choca frontalmente con el espíritu de transparencia con el que el Botànic I llegó al poder.
En este sentido, la mejor noticia de la semana para el Gobierno valenciano y, especialmente, para el PSPV de Ximo Puig es que el Ministerio de Hacienda ha cumplido su promesa y ha transferido el extraFLA con un incremento además de 115 millones -en total 365 millones-. Ello, unido al anuncio en València de Pedro Sánchez de pagar las entregas a cuenta que se le adeudan al Consell -450 millones- antes del 10 de noviembre, dan un balón de oxígeno a las arcas públicas pero también al presidente de la Generalitat, que estaba siendo presionado por sus socios.
Ahora bien, ni mucho menos tan conformes se quedaron en Compromís y Unides Podem cuando el socialista Pedro Sánchez, manifestó en el mitin celebrado en València el pasado miércoles que reformaría el sistema de financiación "en los próximos cuatro años". Un plazo demasiado ambiguo para un modelo caducado desde 2014 y que perjudica a la Comunitat Valenciana. Más aún porque en la anterior negociación de investidura había acordado con Compromís -y en presencia de Puig- que en ocho meses habría un primer plan de revisión para acometerlo posteriormente.
El enfado en los socios del Botànic fue tal, que el propio Ximo Puig también salió a mostrar su desacuerdo con ese plazo augurando que sería mucho menor.
Unos problemas a los que se han sumado otras cuestiones de actualidad relacionadas con la ciudad de València pero que también tienen importante un efecto autonómico. Ejemplo de ello es la tensión cada vez más alta en relación con la ampliación del Puerto, en la que Compromís con el alcalde de València, Joan Ribó, a la cabeza tomó días atrás una posición dirigida a la redacción de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que paralizará los trámites y que choca con la visión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que cuenta con el respaldo socialista.
De la misma manera, también Ribó intervino -y no para agrado de los socialistas respecto a la ampliación de la V-21 que causó días atrás el derribo del Forn de la Barraca y concluyó con la detención de cuatro activistas. "No era necesario", dijo el alcalde, que también encontró a Unides Podem alineados en esta crítica.
Una actuación esta que había sido acordada ya meses atrás entre la Conselleria de Obras Públicas en manos de los socialistas y el Gobierno de España. En el mitin de Pedro Sánchez en València, un grupo de activistas interrumpieron el acto hasta ser desalojados y continuaron las protestas en el exterior. Un hecho que molestó a no pocos dirigentes socialistas y que algunos consideraron alimentado precisamente por las declaraciones del alcalde.
