Foto: ECOEMBESVALÈNCIA. La Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular que quedó enterrada tras el adelanto electoral acordado por Ximo Puig en marzo de 2019 fue rescatada después del pasado verano por Podem. Tras varias semanas de negociaciones, especialmente intensas los últimos días, su presentación prevista para este jueves se frenó desde el Consell por lo que, en palabras de varias fuentes, se resume en un "problema de coordinación" entre el Gobierno valenciano y Les Corts.
Aunque se trataba de una norma que se decidió que se impulsara desde el Parlamento autonómico -una de las diputadas que más ha insistido en su puesta en marcha es Beatriz Gascó, de la formación morada-, el Ejecutivo tenía que dar su visto bueno y es lo que, al parecer, no había ocurrido. La comunicación de que se estaba volviendo a intentar pactar el texto, según las mismas fuentes, había llegado a la Conselleria de Agricultura que dirige Mireia Mollá, pero no a Economía, Hacienda ni Presidencia, que querían revisarla antes de que se diera a conocer.
La ley ya generó la pasada legislatura enfrentamientos entre PSPV, Compromís y Podem debido especialmente al Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), al que finalmente los morados renunciaron. Pero también provocó un fuerte rechazo por parte de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) por los cambios en la gestión de residuos, ante lo cual los grupos acabaron cediendo un importante terreno.
Ahora, y tras lograr resolver en cierto modo los roces que suscita en el tripartito, parecía que finalmente las formaciones de izquierdas habían llegado a un acuerdo, al menos en Les Corts, y aunque puedan introducirse cambios a través de las enmiendas. A la espera queda el visto bueno del Consell, donde existen no pocas reticencias, sobre todo de los socialistas. La intención que manifiestan en la Cámara es que el texto se presente antes de las vacaciones de Navidad. En el Ejecutivo, callan hasta estudiarlo.
La norma regula numerosas cuestiones sobre la gestión de residuos que afectarán a empresas y sectores como la hostelería y la restauración en la Comunitat Valenciana. Aun así, no entra en las tasas, que se han incluido en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos. El borrador, al que ha tenido acceso Castellón Plaza -y que se someterá a evaluación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y del Comité Económico y Social (CES)- consta de 46 artículos y alude a la necesidad de aplicar la directiva europea.
Las sanciones máximas que contempla la ley en caso de infracciones -dependiendo de si son leves, graves o muy graves- oscilan entre los 900 y los 1,7 millones de euros.
Trata de dejar claro, por fin, el modo de distribuir el agua en bares y restaurantes, un punto que ha provocado fricción entre los partidos por si se expresaba como "obligatoriedad". La redacción final supone que los clientes "habrán de tener a su disposición" la posibilidad de consumo de agua potable del grifo de manera gratuita siempre que esté garantizado que es apta para consumo humano. Es decir, que se tendrá que ofrecer si la reclaman.
En este mismo artículo se señala que las administraciones habrán de promover la instalación y el correcto mantenimiento de las fuentes públicas y gratuitas de agua potable en espacios públicos abiertos. Lo mismo para los edificios dependientes del sector público valenciano.
Las administraciones se tendrán que encargar, igualmente, de ofrecer alternativas a la venta y distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso en todos los actos y eventos, incluidos los deportivos, que tengan su apoyo, bien sea en concepto de patrocinio, organización o cualquier otra fórmula.
En el apartado dirigido a los sistemas complementarios de recogida selectiva, se establece que antes del 1 de enero de 2022 será obligatoria en la Comunitat la implantación de un nuevo sistema de devolución por incentivo económico SDR, como mínimo, para botellas de plástico de capacidad inferior a 3 litros. El sistema habrá de disponer, antes del 31 de diciembre de 2021, de un mínimo de mil máquinas automáticas receptoras instaladas y en funcionamiento en el territorio. Cantidad que ha de incrementarse a, como mínimo, las 3.000 antes de 2023.
El objetivo con todo ello es, expresan, "evitar el abandono de envases de bebidas y reducir su depósito en vertedero", además de "facilitar la trazabilidad, la recuperación y la colaboración ciudadana en el proceso".
Los responsables de la implantación de estos equipos serán los productores, envasadores, agentes económicos y comercializadores de bebidas en la Comunitat, los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor o los sistemas integrados de gestión de envases y residuos de envases ligeros.
El incentivo económico se fija en un mínimo de dos céntimos de euro por envase que los ciudadanos depositen en las mencionadas máquinas. Éste se aplicará, al menos, como descuento de las tasas municipales o provinciales de gestión de residuos, sin perjuicio de que se puedan establecer otros incentivos. El periodo de vigencia será del 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.
En el caso de pequeños comercios, la obligación de aceptar envases se podrá limitar a aquellos del tamaño y el material que comercialicen. Quedan exentos de la obligación de aceptar envases los bares, restaurantes, y quioscos, a no ser que sus dueños quieran voluntariamente. También los establecimientos de pequeño comercio, de venta de bebidas y otros productos de alimentos perecederos. En el caso de los inferiores a 200 metros cuadrados que acrediten que no se pueden adherir en ningún caso, tampoco estarán obligados a la recepción de envases.
El texto aclara que los titulares de los comercios no estarán obligados a ubicar en sus dependencias, interiores o exteriores, los equipos de los sistemas de recogida selectiva.
En cuanto a los productos de un solo uso, el borrador de la ley establece varias medidas a partir del 1 de julio de 2021. No se permitirá la venta, distribución y uso de platos, cubiertos, vasos, tazas y recipientes alimentarios de un solo uso hechos de plástico. Tampoco los productos alimentarios en envases monodosis que no sean como mínimo reciclables ni utensilios de un solo uso en hostelería.
Solo se podrán distribuir, comercializar y usar las pajitas de bebidas, los bastoncillos para las orejas y los palos de los caramelos con materiales compostables. Las cápsulas de un solo uso de café, infusiones, caldo, etc tendrán que fabricarse con materiales reciclables. Quedará prohibido también tirar las toallitas por el váter.
A partir del 1 de enero de 2025 queda prohibida la venta y distribución de las versiones no recargables de maquinillas de afeitar que no sean reciclables.
La ley crea la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular para la ejecución de la política sobre esta materia y contempla financiación, no sólo de la Generalitat, sino de los fondos europeos. A ella estará adscrito el Fondo Ambiental de gestión de residuos, destinado a financiar proyectos, procesos, actuaciones, infraestructuras e instalaciones.
Contempla también que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor, el Consell apruebe un plan de contratación pública sostenible y de impulso a la innovación. Supone, entre otras cuestiones, que se incluyan en los pliegos de proyectos y ejecución de obras criterios de diseño bioclimático, suministro de energía de renovables o soluciones con materiales biodegradables, reutilizables, reciclables y reciclados.
La Generalitat, según el borrador de la norma, podrá gravar con el canon de penalización de vertido el film no envase en las áreas de gestión de residuos y se prohíbe el embalaje mixto en plástico y cartón de productos.
En cuanto a la obsolescencia programada, queda prohibido en la Comunitat la fabricación de cualquier tipo de producto con objetivos de limitación de vida útil, ya sea en la vertiente técnica, de diseño, durabilidad o software.
