Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Fumata blanca. Les Corts Valencianes aprobaron este jueves la reforma de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Después de tres años de trámites (comenzó a elaborarse en 2017), tres aplazamientos, aluviones de enmiendas y tiras y aflojas con la patronal del sector, los partidos del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- dieron luz verde a este proyecto de ley del Consell que actualiza la normativa de 1988.
La mañana comenzó de la misma manera que el pasado lunes cuando se tuvo que suspender la votación por la disconformidad de Vox con el voto ponderado: con una manifestación de representantes del sector. En esta ocasión, en torno a un centenar de personas ataviadas con camisetas en las que se podía leer el mensaje "Ximo (Puig), con nuestro pan no se juega" se concentraron en la Plaza de la Virgen minutos antes del inicio del pleno de Les Corts. Una manifestación que, según fuentes parlamentarias, no estaba autorizada y tras la que presentaron un escrito por registro de entrada en la Cámara para que los grupos eliminaran antes de proceder a la votación de la ley la obligatoriedad de que se deba tener un mando a distancia para las máquinas tragaperras de los bares cuya función sea autorizar, o no, el juego.
Mientras tanto, en el interior de la Cámara se producía todavía la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig. Y no fue hasta pasado el mediodía cuando los grupos votaron. Todos menos Vox, que decidió abandonar el hemiciclo para desmarcarse de la validación de esta ley amparándose en que el informe remitido por los letrados sobre la legalidad de la votación de este jueves no era, a juicio de sus diputados, concluyente. Aproximadamente a las 13:00 horas, la ley salió adelante, pero de qué manera. Y es que, si la tramitación de esta norma ya había sido calamitosa por distintos motivos, su votación, el último paso antes de ver la luz, tampoco defraudó.
El debate ya se había producido el lunes, pero a pesar de que desde entonces hasta este jueves había margen para que la Mesa de Les Corts ordenara los votos que se habían emitido de forma telemática por parte de los diputados que estaban en sus casas -la manera de hacerlo llegar es enviarlo previamente por correo-, el proceso se tuvo que parar porque se estaban contabilizando mal estos votos a distancia. La Mesa del Parlamento había registrado los votos telemáticos al contrario del sentido que habían emitido sus señorías y por tanto confrontaban con los diputados de su propio partido que sí se hallaban en el hemiciclo.
Es decir, si los diputados del PSPV presentes en la Cámara habían votado a favor, la Mesa había contabilizado que los socialistas que estaban en casa, lo habían hecho en contra. Operación que se repitió con todos los grupos. Un error gordo del que se percataron cuando en la primera votación iba a salir adelante una enmienda del PP y que obligó a paralizar el sufragio para reordenar de nuevo los votos emitidos a distancia. Tras media hora de pausa, la ley salió adelante con los votos a favor de PSPV, Compromís y Unides Podem, y el rechazo de PP y Ciudadanos.
Los cambios que introduce esta norma en la regulación actual no son todo lo ambiciosos que socialistas, valencianistas y morados se habían propuesto al inicio de su peregrinaje parlamentario. Sin embargo, sí cambia sustancialmente varios apartados de la normativa hasta ahora en vigor; modificaciones que han servido para poner en pie de guerra a la patronal y representantes del sector, que este jueves volvieron a manifestarse a las puertas del Parlamento valenciano antes del inicio del pleno.
La cuestión del mando a distancia en las máquinas tragaperras ha sido la que más aversión ha generado en el sector estas últimas semanas, pues consideran que obligaría a los hosteleros a contratar a una persona que se tuviera que dedicar exclusivamente a estar pendiente de dicho mando a distancia. Una tesis cuestionada por los partidos del Botànic II, ya que la obligación de instalar estos aparatos es de los propietarios de las máquinas y no de los propios hosteleros. Pero, además de este, también otros puntos fueron polémicos a lo largo de la tramitación de la ley. Estos son los cambios que introduce la nueva regulación:
-Distancia a colegios. Antes de la queja sobre el mando a distancia, el sector se había manifestado abiertamente en contra de la prohibición de que ninguna casa de apuestas se pudiera ubicar a menos de 850 metros de un centro escolar o centro de salud; si no lo hacían, tendrían que traspasar el local si querían prorrogar sus licencias de actividad. El sector del juego entendía que esto haría desaparecer todos los establecimientos del sector. También protestaron porque esta distancia no solo les fuera de aplicación a los salones de juego, también a los bares que tenían máquinas tipo b.
Tras varios encuentros con el tripartito, PSPV, Compromís y Unides Podem redujeron el impacto de este redactado. En su lugar, proponían que la distancia a aplicar no se midiera de forma radial, sino lineal -es decir, por recorrido peatonal-, lo que se reduce considerablemente el espacio afectado por esta nueva cláusula. Además, tanto casinos y bingos, como locales de hostelería con máquinas tragaperras quedan exentos de cumplir este requisito. Por contra, los salones de juego que se encuentren en la tesitura de que incumplen esta condición, deberán traspasar el local para poder seguir operando.
-Distancia entre salones. A partir de ahora, no podrá existir una distancia inferior de 500 metros entre los nuevos salones de juego, bingos y casinos. Pero en caso de tratarse de una renovación de alguno ya existente, esta distancia no se tendrá en cuenta.
-Licencias. La nueva ley impide ahora a la Administración conceder nuevas licencias de apertura de locales en un plazo de cuatro años. Este redactado en concreto no ha despertado demasiada aversión en el sector, pues limita la aparición de nueva competencia. Ahora bien, cabe apuntar que hasta la aprobación de esta Ley, el Botànic II ya no estaba concediendo licencias de apertura, ya que con la Ley de Acompañamiento de 2020 aprobó una moratoria de seis meses -que finalizaba ahora en junio- para congelar la concesión de autorizaciones. Tampoco se podrá conceder permisos de explotación de nuevas máquinas en los establecimientos ya operativos en los próximos cuatro años. Además, el periodo de vigencia de las licencias de explotación de las máquinas se reduce de 10 a 5 años. El permiso de apertura seguirá teniendo una caducidad de 10 años como hasta ahora.
-Máquinas tragaperras. Los bares tendrán que contar con un mando a distancia que active y desactive la máquina tipo b. Con esto, se pretende controlar quién tiene acceso a ellas para evitar su uso por parte de menores o personas que consten en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana. Mientras no se encuentren en funcionamiento, deberán permanecer sin emitir luces ni sonido. Así, los operadores -no los hosteleros- serán los que tengan la obligación de instalar este sistema en un plazo máximo de un año.
-Máquina auxiliar de apuestas. Los bares que tengan máquinas de apuestas -ya sean deportivas o de otro tipo que no sean tragaperras- podrán mantenerlas en sus locales hasta que les caduque la licencia de explotación. Ahora bien, tendrán que instalar también en un plazo máximo de un año el mando de activación y desactivación como en el caso de las tipo 'b'. Cuando finalice la autorización, no podrán seguir teniéndolas.
-Control accesos. La Ley del Juego plantea la obligatoriedad de que cada establecimiento cuente con un "servicio de admisión". Es decir, con un vigilante que solicite el DNI u otro tipo documento que permita identificar a cada persona que quiera entrar a los salones de juego. La anterior normativa de 1988 tan solo exigía controles de acceso en determinadas zonas de los salones. En concreto, aquellas en las que existieran máquinas que ofrecieran premios de 3.000 euros. Sin embargo, no lo reclamaba en las puertas de entrada. De la misma manera que con los menores, también deberá impedirse el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana.
-Sanciones. En caso de incumplirse estas restricciones, esto es, si se permite el acceso a los locales de juego a cualquier persona que lo tenga prohibido, la ley contempla distintos tipos de sanciones para los propietarios: graves o muy graves. En el primero de los casos, podrían enfrentarse a multas desde los 601 a los 6.000 euros; la "suspensión temporal de la autorización por un período máximo de un año"; el posible cierre del local por un plazo idéntico; e incluso la inhabilitación para ser titular de la autorización para actividades de juego durante un año. Si las infracciones fuesen muy graves, como por ejemplo "un funcionamiento deficiente del sistema de admisión y control así como, la ausencia de personal para el control de admisión", la sanción económica podría oscilar de los 6.001 euros a los 600.000. La administración también podría suspender la licencia de actividad por un periodo de cinco años o, incluso, revocarla y obligar al cierre definitivo del local. Además, cabe apuntar que la recaudación derivada de estas penas irán destinadas a financiar programas de lucha y prevención de la ludopatía.
-Publicidad. Los operadores de salones de apuestas tendrán prohibido publicitarse en el espacio público y en los medios de comunicación públicos autonómicos. Además, la Generalitat ofrecerá subvenciones a aquellos medios privados y clubes deportivos que realicen campañas de concienciación para luchar contra la ludopatía.
