CASTELLÓ. Los proyectos de golf de la provincia previos a la explosión de la burbuja inmobiliaria viven unos días complicados. Después de que esta semana el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana haya publicado el acuerdo del Ayuntamiento de Sant Jordi para exponer al público la caducidad del PAI Sant Jordi Golf, tal y como ha informado Castellón Plaza, este mismo viernes el consistorio de Benicàssim ha iniciado los trámites para rescindir Benicàssim Golf, en otro tiempo uno de los ocho proyectos de este deporte previstos en el territorio castellonense y formado por un campo, tres hoteles y 3.000 viviendas.
En realidad, la muerte de este proyecto ya estaba decidida. Lo hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar cuando, hace exactamente dos años, determinó las nuevas condiciones de protección ambiental de la zona, con lo que enterraba cualquier vía para desarrollar con fines urbanísticos sus 2 millones de metros cuadrados de suelo. Una posibilidad que el Tribunal Supremo ya había negado en 2012 pero en la que el consistorio benicense insistía.
Un año antes de la negativa del Alto Tribunal, la promotora del proyecto, Benicasim Golf SA -vinculada al actual grupo Simetría- ya había reducido capital en 8,4 millones de euros hasta fijarlo en prácticamente 65.000 con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social debido a las pérdidas ocasionadas por la parálisis del PAI. Ahora es la propia compañía la que ha solicitado la rescisión del proyecto debido a que ha transcurrido el plazo legal para materializarlo desde que se decretó la suspensión de las obras.
Y es que han pasado más de 22 años desde que se presentó el PAI Benicasim Golf, el 27 de julio de 1998. Este viernes, el pleno del Ayuntamiento de Benicàssim ha aprobado resolver inicialmente tanto el Programa de Actuación Integrada como la condición de agente urbanizador de Benicasim Golf SA. La causa de resolución se basa en la imposibilidad de ejecutar las obras hasta no contar con una solución hídrica para los tres sectores del PAI, una situación que determinó el Supremo.
Asimismo, la protección ambiental que solicitó el TS y que ha motivado cambios en la zona, también impide el desarrollo, según ha informado el consistorio. El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, explica que "la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el plan parcial de mejora, y el proceso de inclusión en el catálogo de zonas húmedas del Quadro de Santiago, han sacado del proyecto una superficie aproximada de 790.000 metros cuadrados que iban destinados a parque público y campo de golf".
A pesar de haberse diseñado una nueva solución hídrica a la inundabilidad de la zona sur del municipio, como determinó la Confederación Hidrográfica del Júcar en noviembre de 2018, "quedan muchas incógnitas por resolver", apunta Díaz. En primer lugar, la Conselleria de Medio Ambiente deberá finalizar la catalogación del humedal "puesto que la delimitación actual es tan solo una propuesta". En segundo, deberá estudiarse una nueva homologación para los terrenos del sector 3, una vez sean reclasificados como rústicos de especial protección los suelos de la zona húmeda. Y en tercer lugar, deberá realizarse una nueva programación, "bien por parte de los propietarios de los terrenos constituidos en agrupación de interés urbanístico, bien a través de un nuevo agente urbanizador", apunta el edil de Urbanismo, en el caso de que se desee desarrollar la zona o para proteger las 800 viviendas existentes. Falta por conocer cuándo se desarrollarán las obras de protección que se determinaron hace dos años.
El inicio de la resolución del PAI ha sido aprobado por los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. Ahora se abre un plazo de un mes de exposición pública para que urbanizador y propietarios puedan realizar sus alegaciones.