Foto: Antonio PradasVILA-REAL. El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha lamentado las declaraciones realizadas este jueves por los propietarios de locales de la calle Padre Molina –conocidos como tascas-, en las que amenazan al ejecutivo local con presentar una denuncia. El primer edil reitera que el gobierno municipal "no va a aceptar presiones de un lado ni de otro” y que se sigue avanzando en un propuesta para dar salida a una “situación nueva” y “compleja”. Para ello, el Ayuntamiento ha contratado un abogado externo, con el objetivo de "despolitizar la cuestión y llegar a la mejor solución jurídica".
“Es absolutamente falso que hayamos dado orden alguna para multar o no en la zona, como señalan los propietarios; la Policía Local actúa siempre bajo sus propios criterios técnicos y policiales. Estamos a punto de tener lista una propuesta que pueda ser presentada a las partes. Se trata de un problema muy complejo, que no puede solucionarse, ni sería justo hacerlo, poniéndonos al lado solo de una parte. Por el contrario, debemos lograr el equilibrio entre los derechos de los locales y sus clientes y los de los vecinos. Lamentablemente, tal como se está actuando por ambas partes no es el camino”, señala Benlloch, quien ve “intolerables” las presiones con denuncias y amenazas. “Todo el mundo tiene derecho a acudir a defender sus derechos ante la instancia que considere, incluida la penal, pero también deben medir bien las consecuencias”, agrega.
El alcalde recuerda que las tascas fueron reguladas con un decreto fechado el 11 de abril de 2018, siguiendo las recomendaciones de informes técnicos, en el que se establecieron una serie de medidas que no se han cumplido, ya que la resolución fue recurrida por los locales y se encuentra en estos momentos pendiente de resolución judicial. “Por este motivo, el Ayuntamiento no ha procedido a exigir estas medidas, por responsabilidad y por prudencia, porque los locales han pedido una suspensión del decreto hasta que se resuelva el recurso, ya que, si después el juzgado anula alguna de les medidas de aquel decreto, el daño a los locales sería de costosa reparación y el consistorio podría ser condenado a indemnizar los daños y perjuicios”, detalla.
“Con esta cuestión pendiente, teniendo en cuenta que acabamos de declarar ante el juzgado por posibles responsabilidades personales y sabiendo que hay nombrado un abogado que está trabajando en la comisión técnica constituida el pasado 25 de marzo, la presión que se está ejerciendo por ambas partes sobre el Ayuntamiento no es comprensible ni tolerable”, afirma Benlloch, quien incide en que el consistorio debe velar por la mejor convivencia y equilibrio entre los derechos de todos. “Esto no es un tema político. No se discute que este tipo de actividades puedan existir y sea deseable que tengan cabida en un proyecto de ciudad viva y dinámica como Vila-real, que genere oportunidades, progreso y economía. Por el contrario, la solución debe ser técnica y jurídica; eso es lo que tienen que entender todas las partes”, puntualiza.
“Desde el principio, los técnicos municipales han aconsejado soluciones técnicas y legales acordadas entre las partes y es lo que estamos intentando, con los instrumentos que teníamos y que tenemos y con las nuevas oportunidades que se abren. Jamás ha habido ninguna orden por parte de alcaldía ni de la Concejalía de Seguridad Ciudadana para multar ni para dejar de hacerlo”, agrega el alcalde.
“Esperamos que el sentido común se imponga en un problema complejo que no tiene soluciones sencillas. Habrá diálogo, como siempre lo ha habido en este equipo de gobierno, para lograr los equilibrios necesarios en nuestro proyecto de ciudad, velando siempre por el interés general al margen de intereses particulares”, añade. Este diálogo, matiza el alcalde, se está produciendo en este momento en un ámbito técnico; “será con los políticos cuando tengamos una propuesta sólida con todos los informes favorables que pueda ser discutida o mejorada”, concluye.
