Ximo Puig, Mónica Oltra y Rubén Martínez Dalmau. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Los bous al carrer vuelven a ser tema de debate. Este lunes el Partido Popular presentó una Proposición de Ley para derogar la obligatoriedad de que en los municipios valencianos exista un segundo médico durante la celebración de este festejo.
Una norma que hace apenas unos meses los populares presentaron junto al PSPV -ahora lo hacen en solitario- para atender las demandas del sector taurino y que genera disensiones entre los partidos del Botànic II. No en vano, llegado el momento del debate Compromís asegura que no votará "en ningún caso a favor" y Podem es contrario a que se elimine esta exigencia.
No obstante, conviene recordar que las posturas dispares entre los socios del Gobierno valenciano respecto a esta cuestión no son novedad, ya que la diversidad de criterio en este debate ya se exhibió en alguna ocasión en la legislatura pasada.
En diciembre de 2017, PSPV, Compromís y Podem aprobaron una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos a través de la Ley de Acompañamiento que obligaba a los municipios valencianos a contar con un segundo médico durante la celebración de festejos taurinos. Un cambio normativo que despertó numerosas quejas en las peñas taurinas y en la que tomó partido también el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, el socialista José María Ángel, que pidió la suspensión de este requisito pocos meses después de haberse aprobado la ley.
Con todo, los grupos parlamentarios del bloque de izquierdas comenzaron a buscar alternativas a esta exigencia para mitigar la polvareda levantada. Y fue el PSPV el partido que propuso al resto de formaciones implantar una moratoria de dos años para comenzar a aplicar este cambio legal. Una oferta que Compromís y Ciudadanos vieron con buenos ojos, ya que consideraban que era un plazo óptimo para intentar llegar a un consenso con los sectores implicados, analizar la viabilidad económica de los municipios valencianos para cumplir con esta obligación, estudiar qué localidades se verían afectados y la disponibilidad de médicos existentes para hacer frente a esta fiesta.
Así, la moratoria fue finalmente presentada por la coalición valencianista y los socialistas en febrero de 2018. Esto es, dos meses después de haberse aprobado la ley de Acompañamiento para ese año en el último pleno de diciembre. El cambio fue apoyado por ellos mismos y también por Ciudadanos, mientras que el PP y Podem se abstuvieron. Los primeros, porque consideraban que este aplazamiento era "una trampa" y pedían directamente su derogación; los segundos, porque no querían que esta moratoria pudiera interpretarse como la antesala de la supresión de la obligación de contratar un segundo médico.
Aún así, los votos de PSPV, Compromís y Cs bastaron para que la ley no tuviera que empezar a aplicarse hasta enero de 2020.
Ahora bien, la historia no quedó ahí. Un año después, el PSPV propuso en una Junta de Síndics incluir en el último pleno de febrero una Proposición de Ley para derogar este apartado que exigía el segundo médico de la normativa de Espectáculos Públicos, una iniciativa que secundaron Ciudadanos y el PP.
Sin embargo, en la siguiente Junta de Portavoces el síndic de los socialistas en Les Corts, Manolo Mata, propuso cambiar esta proposición de ley del orden del pleno por la reforma del Estatuto valenciano que adecuaba las inversiones que realiza el Estado en la Comunitat Valenciana al peso poblacional de la autonomía y que la semana anterior había sido aprobada en el Senado. ¿El motivo para hacer este intercambio? Poder adelantar las elecciones autonómicas del 26 de mayo al 28 de abril.
No en vano, el president de la Generalitat tenía como fecha límite el 5 de marzo para poder adelantar los comicios, ya que tal y como señala la Ley Electoral, la convocatoria de elecciones y disolución de una cámara debe realizarse a 54 días de la cita en las urnas. Con ese escenario, si la reforma del Estatuto no se hubiese introducido en el pleno del día 28 de febrero, el debate sobre la modificación de la Carta Magna valenciana se hubiera tenido que dejar para la siguiente sesión parlamentaria que hubiera tenido lugar el 6 y 7 de marzo, algo imposible si hay adelanto por la obligatoria disolución de Les Corts.
Es decir, la probabilidad de adelantar las elecciones en la Comunidad Valenciana hubiera quedado completamente descartada porque se habría superado el margen temporal establecido por la ley. Y sin estar esta reforma del Estatuto aprobada, Puig no se hubiera planteado adelantar las elecciones y disolver la Cámara dado que esta es una modificación histórica cuya tramitación se retrasó más de 40 veces en el Congreso de los Diputados y más de siete años. Con estos mimbres, resultaba impensable que el jefe de Consell la hubiera desplazado a un cambio de calendario por razones simplemente electorales.
Como pronto, el debate sobre la proposición de ley presentada ahora por el PP se abrirá el próximo mes de septiembre, por lo que todavía queda margen para que los socios del Botànic se pongan de acuerdo o busquen a una alternativa para no exhibir su división en esta cuestión. Incluso, podría retrasarse a octubre, ya que los plenos programados a la vuelta de las vacaciones estivales están previstos para las comparecencias de consellers y no para sesiones plenarias ordinarias en las que debatir iniciativas parlamentarias.
