VALÈNCIA (EP). Los responsables de Sanidad Vegetal y de Gestión de Crisis en Alimentos, Plantas y Animales de la Comisión Europea, Dorothée André y Bernard Van Goethem, han confirmado a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero y al secretario general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, que a partir del próximo 14 de diciembre se aprobará una nueva regulación comunitaria que armonizará y reforzará los controles fitosanitarios en los puertos europeos para evitar la competencia desleal y combatir la entrada de plagas.
"Dicha regulación es un gran paso hacia delante para evitar la competencia desleal y garantizar una mayor efectividad en la lucha contra las plagas procedentes de las importaciones de terceros países", han afirmado los dirigentes valencianos tras la reunión mantenida en Bruselas con el equipo europeo, y han incidido en que "la Comisión se ha mostrado sensible a las demandas del presidente de la Generalitat y del sector de proteger la agricultura mediterránea".
Durante la reunión se han analizado las últimas intercepciones de plagas en los cítricos procedentes de Sudáfrica y Argentina y los dirigentes europeos han mostrado su preocupación por la posibilidad de que plagas como la 'falsa polilla' o la 'mancha negra' puedan afectar al campo valenciano.
"Los representantes de la Comisión Europea han manifestado la importancia de trabajar conjuntamente con el sector para proteger a nuestros agricultores y se han comprometido a estudiar todas las opciones posibles para frenar la entrada de plagas", han señalado tanto Peris como Rodríguez-Piñero, que han agradecido a sus interlocutores la "disposición a trabajar con el sector, su conocimiento de los problemas de los cítricos valencianos y la actitud de tolerancia cero que han mostrado hacia la entrada de plagas procedentes de terceros países".
Además, la directora de Sanidad Vegetal ha confirmado que en el último año se ha incrementado el presupuesto de la Comisión Europea destinado a la prevención y lucha contra las plagas; se ha mejorado la formación de los inspectores en los puertos europeos y se han endurecido las condiciones exigidas a los terceros países para recibir las autorizaciones que les permiten importar a Europa.
Así, han anunciado que desde el pasado 1 de septiembre los países exportadores deben enviar pruebas documentales con carácter previo a las importaciones que demuestren la efectividad de los procedimientos utilizados en la lucha contra las plagas. Información fitosanitaria que la Comisión autoriza y, posteriormente, comparte con cada uno de los Estados Miembros "para que comprueben que se cumplen estrictamente los procedimientos fitosanitarios durante las inspecciones que se realizan al llegar a los puertos europeos".
La Comisión Europea ha implantado, además, un sistema de monitoreo mensual de estos certificados fitosanitarios "para corregir a la mayor brevedad posible las deficiencias implicando a los Estados Miembros en el control permanente de la veracidad de los mismos"; así como un sistema de "alerta rápida" por el cual se garantiza que desde el momento en el que se detecten intercepciones la fruta no entre en el mercado y que en un plazo de entre diez y doce días "se localice el campo de procedencia, se prohíban los envíos del mismo y se lleve a cabo una revisión de los campos colindantes", como ya ha ocurrido en las últimas semanas con las intercepciones de Argentina y Sudáfrica.
"Todavía queda mucho por hacer y la realidad es que seguimos sufriendo la entrada de plagas en Europa, pero las autoridades europeas han mostrado su total disposición a mejorar los mecanismos de inspección y control necesarios para evitar una situación que puede ser catastrófica para nuestro sector", han señalado tanto Rodríguez-Piñero como Peris, tras advertir del "elevado coste y la pérdida de competitividad que supone para los agricultores la lucha contra estas plagas".
"Desde 2015 se han detectado más de 140 envíos contaminados, los últimos once durante este verano, lo que demuestra que nuestro sector citrícola está expuesto a un riesgo extremo que es urgente combatir antes de que la situación sea irreversible" han indicado, por lo que han trasladado a la Comisión la necesidad de que las medidas adoptadas "sean efectivas por el riesgo que conlleva para la biodiversidad el incremento de plagas y por el elevado coste para las administraciones públicas y para los agricultores que supone la lucha contra estas enfermedades vegetales".
Durante la reunión, desde la Unió de Llauradors también han entregado al equipo de la Dirección General de Sanidad un informe comparativo sobre las divergencias que existen actualmente entre las materias activas y fitosanitarias empleadas por los agricultores sudafricanos y europeos, "que deja en una clara posición de desventaja y competencia desleal a nuestros agricultores".
Informe que la Comisión se ha comprometido a estudiar, con especial atención a aquellas materias peligrosas para la salud y para la biodiversidad que se han detectado en porcentajes superiores a los permitidos.
