El ministro de Justicia, este martes en el Club de Encuentro Manuel Broseta. Foto: CLUB DE ENCUENTRO/MIKEL PONCEVALÈNCIA. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha valorado este martes el anuncio de PSOE y Unidas Podemos sobre la presentación de una proposición de ley para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con esta reforma, se podrán elijan por la mayoría parlamentaria y no resultaría necesario un pacto con la oposición.
"No hay acuerdo, pero lo que no podemos hacer es parar el reloj de la democracia", ha defendido Campo durante una conferencia en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia que ha impartido sin comparecer previamente ante los medios de comunicación. El ministro de Justicia, a preguntas del público, ha argumentado que la Constitución establece que el CGPJ tiene un mandato de cinco años y la Ley Orgánica del Poder Judicial incluye que ningún vocal puede repetir.
"El mandato es claro", ha señalado el responsable político, quien ha argumentado que los grupos políticos tienen la "obligación" de cumplir la Carta Magna. En su opinión, el hecho de que el CGPJ lleve dos años bloqueado "debilita las estructuras del Estado" y provoca que los ciudadanos "pierdan la confianza en las instituciones".
Sobre la reivindicación de recuperar el derecho civil valenciano, ha admitido que no sabe si se va a debatir este año. "Nadie duda de que es un tema importante y se tramitará, pero existe un importante refrendo constitucional sobre la competencia exclusiva del Estado. Creo que es el momento de hablar porque es un asunto que merece reflexión", ha afirmado.
Durante su intervención, Campo ha citado la crisis ecológica, la revolución digital, la desigualdad social creciente y el feminismo como los retos para la Justicia. El coronavirus, ha señalado, profundiza el cambio de época porque "o ganamos todos o perdemos todos y hay que salir en conjunto".
El ministro ha admitido que el sistema judicial "no funciona correctamente". "El problema de la Justicia no es sólo de recursos económicos, porque el gasto es de 79,1 euros por habitante, por encima de la media europea. Tampoco lo es de recursos personales, ya que hay 20,9 profesionales por cada 100.000 habitantes. Además, el número de asuntos que se resuelven es similar al de los que ingresan", ha explicado.
"Si la Justicia acudiese al médico, ¿qué le contestaría?", se ha preguntado. "Que se ha cerrado en sí misma, que se ha relacionado poco con otras administraciones, que no mira a la sociedad lo suficiente, que tiene problemas de organización y no es lo bastante eficiente. Una justicia lenta es una barrera social, pero también económica. Tenemos que dejar de ser burocracia judicial", ha reflexionado.
Como algunas soluciones ha planteado la tramitación digital, la reducción de la contaminación o el mayor uso de la mediación para rebajar la litigiosidad. También mejoras como la cita previa o los juicios telemáticos. "La Justicia ha de ser un elemento dinamizador de la economía", ha apuntado, a la vez que ha hecho hincapié en que ha de contribuir "al proyecto de país".
