Por no andar teorizando, asumir la responsabilidad política es lo que hizo Antoni Asunción cuando se fugó Luis Roldán, que no se le escapó al ministro del Interior sino a los guardias civiles o los policías que organizaron el operativo de búsqueda.
No es lo habitual en España y creo que tampoco en Italia. Lo habitual, y a veces lo justo porque tampoco van un ministro o un concejal a apechugar con los errores de todos sus subordinados, es cesar al responsable directo. Tampoco es una rareza, pero sí una vergüenza, que no se cese a nadie, como ocurrió tras el accidente del Metro de València en 2006. O que se busque una cabeza de turco, como ha ocurrido en la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT).
La EMT ha sufrido en septiembre el robo, fraude o estafa cibernética de 4 millones de euros. Un hecho muy grave para el que el concejal al mando, Giuseppe Grezzi, se ha entretenido en buscar culpables –ha señalado a una empleada y a Caixabank– para no tener que pensar en lo de la responsabilidad política ni la de su personal de confianza en la empresa. Pero su versión tiene más agujeros que las cuentas de la empresa que preside.
La culpa se la echa a una trabajadora del cuarto nivel del escalafón –Celia Zafra, directora de Administración–, sin firma ni poderes en la empresa, que ha sido despedida de forma fulminante. Demos por ciertos que los hechos que le atribuye son ciertos y concluyamos que, como el maquinista del metro, de forma indiciaria es la culpable directa de que unos chinos hayan estafado a la EMT.
Pero veamos la actuación de los verdaderos responsables de la empresa. En primer lugar, supieron del fraude el lunes 23 de septiembre pero no lo hicieron público hasta el viernes 26, al día siguiente del Pleno municipal en el que Joan Ribó no tuvo que dar explicaciones. ¿Las ha dado ya?
Segundo, los responsables de la EMT habían sido alertados por tierra, mar y aire de la necesidad de protegerse de ataques informáticos y aumentar la seguridad de sus operaciones bancarias. Lo advirtieron los auditores en dos informes (2017 y 2018) y lo advirtió la Sindicatura de Comptes en diciembre de 2017 en el único informe que ha elaborado esta institución sobre el funcionamiento de la empresa municipal.
Entre las recomendaciones de este último informe destaca la de modificar el formato y el contenido de las conciliaciones bancarias. Las conciliación bancaria es el procedimiento para comprobar que los apuntes de la cuenta bancaria responden a una operación real de la compañía. Es algo básico en cualquier empresa y hasta entre los particulares. A mí el banco me envía un SMS cuando compro o hago una transferencia de más de 60 euros, por si es un fraude.
Hablamos de una empresa de 115 millones de euros de presupuesto y 1.300 empleados, una gran empresa con 44 cargos en su organigrama, que serán 45 este lunes. Por encima de la trabajadora despedida, que era jefa de Administración, estaban la directora de Finanzas, la directora de Gestión y el director-gerente, Josep Enric García.
Ninguno de ellos, al parecer, se dio cuenta el día 3 de septiembre de la primera transferencia a la cuenta de una empresa desconocida en un banco de Hong Kong. Ni de la segunda, el día 6; ni de las siguientes los días 9, 11, 13, 17, 18 y 20. Ocho transferencias por un total de 4 millones de euros, a una media de 500.000 euros.
A nadie le saltó un SMS; nadie revisó ¡en 20 días! los apuntes bancarios o, si lo hizo, vio nada raro, hasta que Caixabank dio la voz de alarma el día 23. Eso en una empresa en la que, quitando las nóminas, los carburantes y el taller de reparación, no hay ninguna partida en el presupuesto que supere los 4 millones de euros y solo otras cuatro –Seguros, Servicios profesionales, Comercialización y Repuestos– superan los 500.000 en todo un año.
La Sindicatura también recomendaba "actualizar las fichas de personas autorizadas para la disposición de fondos en las entidades bancarias con los responsables vigentes en cada momento". Las transferencias tenían que ser autorizadas conjuntamente por dos personas: el director-gerente y la directora de Gestión, María Rayón. Ellos eran las dos personas autorizadas. En las fecha del robo, él estaba de viaje y ella de baja maternal. Estando de baja maternal, ¿había sido actualizada su ficha en el banco o seguía siendo la "responsable vigente"? ¿Consta su firma en operaciones bancarias al margen de la estafa estando de baja?
Si los responsables políticos del accidente del metro ocultaron sus errores y mostraron sus vergüenzas con la más tramposa comisión de investigación –valga el pleonasmo– conocida, los políticos ahora al mando ni eso: han rechazado una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas en el Ayuntamiento y la han sustituido por un "grupo de trabajo" en la propia EMT, que de esta manera se investigará a sí misma.
Y en medio de todo este escándalo, Grezzi ha decidido subirle el sueldo un 7% al director-gerente de la EMT y ponerle un director adjunto para descargarle de trabajo. Confiemos en que al menos sirva para mejorar las frecuencias de paso.