VALÈNCIA. (EP). El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha manifestado este viernes que "coincide con el Defensor del Pueblo en la necesidad de ampliar el parque público" de vivienda, al tiempo que ha asegurado que se está "trabajando sin demora para ofrecer alojamiento temporal y de forma inmediata a aquellas personas con dificultades para acceder a una vivienda"
Así se ha pronunciado, en una nota facilitada a Europa Press, después de que el Defensor del Pueblo solicitara al Consell en su informe de 2018 que cree un Parque de Vivienda de Emergencia Social para ofrecer alojamiento temporal "de forma inmediata" a personas y unidades familiares que se encuentren en "grave dificultad habitacional" ante "la excesiva demora" a la que tienen que hacer frente los solicitantes de viviendas públicas protegidas, que puede alargarse años.
Dalmau ha defendido que en los dos últimos meses se ha asignado 30 viviendas protegidas en toda la Comunitat "aplicando criterios sociales que priorizan a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda digna", ha indicado en un comunicado.
El conseller afirma que coincide con el Defensor del Pueblo también en la "necesidad de contemplar nuevas vías". "De hecho, desde la Conselleria estamos llevando a cabo políticas orientadas a lograr una gestión más homogénea del parque de vivienda global de la Generalitat", ha asegurado.
En este sentido, ha explicado que "otra de las fórmulas que se va a aplicar es el concurso para la adquisición de viviendas en municipios, de forma que se puedan incorporar al parque público de la Generalitat y destinarlas a alquiler social y asequible".
A este respecto ha anunciado que "el concurso se encuentra en su fase final y se espera que a finales de septiembre se proceda a la formalización del contrato de compraventa de las viviendas que finalmente se puedan acoger a este plan".
El titular de Vivienda ha subrayado que "la falta de financiación que sufre la Comunitat" es la "principal dificultad para ejecutar y finalizar las obras en diversos edificios".
No obstante, ha puesto en valor "el trabajo y el esfuerzo llevado a término por su predecesora --la exconsellera de Vivienda Maria José Salvador-- como también las iniciativas que se están emprendiendo a día de hoy, como es el caso de las obras de terminación de un edificio de 42 viviendas protegidas en Aspe y cuyo coste asciende a 2,5 millones de euros".
Ha destacado también el "compromiso alcanzado con el Ministerio de Fomento para que colabore en la financiación para terminar de construir un edificio de 184 viviendas en el barrio de La Torre de València, que se dejó inacabado hace ya una década".
El vicepresidente segundo ha recalcado que desde su llegada al Consell ha mantenido varias reuniones con representantes de la PAH. Ha hecho hincapié en que "también desde la PAH han transmitido peticiones en materia de vivienda".
"La primera, solucionar el problema de los desahucios, y a este respecto estamos elaborando un protocolo de emergencia habitacional en los casos específicos de desahucios. Dicho protocolo estará funcionando en breve", ha anticipado.
Se trata, ha señalado, de "estandarizar los mecanismos para los ayuntamientos que han de hacer frente a los desahucios y en particular para que ninguna persona en nuestra Comunitat se quede sin techo". "La segunda, sobre la necesidad de alquiler social", ha indicado.
Dalmau ha asegurado que el gobierno valenciano está "estudiando y valorando" estas propuestas. "Con este objetivo hemos mantenido un encuentro con la Sareb. Además, vamos a comprar viviendas a particulares en aquellas ciudades y municipios con una importante emergencia habitacional", ha señalado.
El responsable de Vivienda ha destacado que una tercera petición que trasladó la PAH es la de limitar el precio de los alquileres. "Un tema que hemos tratado en las entrevistas que hemos tenido tanto con el alcalde de València, Joan Ribó, como con el director de la Agencia de Turismo, Francesc Colomer, para atajar la problemática de los pisos turísticos ilegales para que estén en el marco legal de la normativa vigente", ha indicado.
En la actualidad, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática gestiona --a través de EVha-- las 12.676 viviendas del parque público de la Generalitat. De ellas, 6.781 están en alquiler social y otras 1.071 están en alquiler asequible
