VALÈNCIA. La Conselleria de Economía irá hasta el final y recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el cuadro tarifario de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que aprobó la administración valenciana en mayo de 2019. Será éste alto tribunal el que finalmente resolverá esta cuestión que lleva en suspense varios meses tras una larga batalla judicial. De ratificar la decisión,
Hace unos meses la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV tumbaba los precios que fijó el Consell al considerar que "eludían el cumplimiento" de una sentencia del Supremo de 2017 que obligaba a subir las tarifas al ser "prácticamente idénticos a los anulados". Y es que los nuevos precios que había fijado la Generalitat que preside Ximo Puig implicaban un ligero aumento en el precio para los vehículos de gasolina, que se encarecía en algo más de 2 euros, frente a la bajada de casi 4 euros para los diésel.
La Generalitat recurrió esta decisión argumentando que sus tarifas "se ajustan a las premisas de la sentencia" y defendiendo que no se acredita, como consideraban los magistrados, que esa rebaja "se haya dictado para eludir el cumplimiento de la sentencia". No obstante, el Alto Tribunal desestimaba este recurso y ratificaba la anulación del cuadro tarifario basándose en los mismos argumentos: la intencionalidad de no cumplir con la sentencia de 2017.
Sin embargo y como última instancia cabía la posibilidad de recurrir ante el Supremo y eso es lo que finalmente hará Economía, según confirman fuentes de la Conselleria a Valencia Plaza. Eso sí, y dada la actual situación de estado de alarma ante la crisis sanitaria por el coronavirus, explican que todos los plazos están suspendidos y, por tanto, no será algo inminente. Pero la Abogacía de la Generalitat ya trabaja en ello.
En caso de que el Supremo ratifique la anulación esta decisión supondrá la subida de las actuales tarifas y abre la puerta a nuevas indemnizaciones millonarias para las concesionarias, que cifran el perjuicio económico de la larga batalla judicial con la Generalitat en unos 80 millones de euros.
El conflicto se remonta a 2014 cuando el ejecutivo autonómico, liderado entonces por el 'popular' Aberto Fabra, modificó las tarifas vigentes entonces, aprobadas en 2009, rebajando sustancialmente las cuantías de emisiones de gases contaminantes y ruido. Así, por ejemplo en este último caso se pasaba de 9,3 euros la primera inspección a 2,48 en 2014, mientras que la segunda o sucesiva bajaba de 6,48 euros a 1,86 en 2014.
La empresa Applus Iteuve recurrió esta rebaja ante el TSJCV que estimó parcialmente su recurso y anuló la bajada de las tarifas de emisiones y ruido aprobadas por el Consell en 2014 por falta de un informe económico que justificase el cambio obligando, por tanto, a volver a restituir los precios de 2009.
El Tribunal Supremo confirmó este fallo, pero la modificación de los precios no se produjo. Fue en mayo de 2019 cuando el Consell de Ximo Puig, obligado por esta decisión judicial, aprobó un nuevo cuadro tarifario que, según el TSJCV, sigue sin cumplir con lo exigido. De hecho, la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (Aecova) consideraba que los precios fijados por la Conselleria de Economía "no cumplían" con la sentencia y suponían "tarifas más bajas que antes". Ahora el Supremo tendrá la última palabra.
