La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva. Foto: EFE/FERNANDO ALVARADOVALÈNCIA (EFE/Matilde Martínez). La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, prevé que antes del verano empiecen a convocarse licitaciones que permitirán a las empresas acceder a los 70.000 millones de euros que España espera recibir de la Unión Europea entre 2021 y 2023.
"Todos los Ministerios están trabajando con las manifestaciones de interés, recabando información y ahora van a empezar a sacar las convocatorias (...) Algunos Ministerios están ya muy avanzados en el proceso y antes del verano yo creo que empezaremos a ver las convocatorias de las licitaciones correspondientes", ha asegurado De la Cueva en un entrevista con EFE.
La secretaria de Estado ha recordado que en los Presupuestos de 2021 están consignados los primeros 27.000 millones que el Gobierno prevé desembolsar este año, con independencia de cuando se hagan efectivas las transferencias europeas.
El calendario de emisiones del Tesoro para este año, del que se ha completado casi un 40 %, recoge la necesidad de financiar ese importe, lo que permite comenzar a ejecutar ya el plan de recuperación, transformación y resiliencia, cuya versión definitiva pasará por el Consejo de Ministros antes de que acabe este mes.
Aunque el plan solo contempla los 70.000 millones que se prevén recibir hasta 2023, De la Cueva ha asegurado que el Gobierno tiene la "absoluta determinación" de usar el montante total de 140.000 millones, que incluye otros 70.000 millones en créditos cuya solicitud se planteará antes de 2023.
Sobre la ejecución de las ayudas directas de 7.000 millones incluidas en el programa de apoyo a la solvencia empresarial de 11.000 millones, la secretaria de Estado ha contado que se está estudiando cómo flexibilizar los requisitos para que excepcionalmente puedan acceder empresas que ya registraron pérdidas en 2019.
De acuerdo con el decreto ley aprobado el pasado 12 de marzo, podrán optar a ayudas directas de hasta 200.000 euros las empresas y autónomos que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30 %, un requisito que dejaría fuera a compañías que por circunstancias excepcionales arrastran problemas desde antes.
"Estamos viendo cómo se puede dar respuesta a situaciones extraordinarias que se produjeron en 2019, que hacen que empresas que son viables tuvieran una situación peculiar que hace que no cumplan los criterios del decreto ley. Por ejemplo las afectadas por la quiebra de Thomas Cook (en septiembre de 2019)", ha concretado.
Asimismo, las comunidades autónomas tendrán flexibilidad para incluir actividades que no estaban inicialmente previstas en el centenar de CNAE (clasificación nacional de actividades económicas) que se incluyeron en el decreto ley y que tienen una especial relevancia para su territorio, como podría ser el sector del vino.
"En el decreto que aprobamos establecimos unos criterios objetivos que aplicaban a toda España", ha afirmado De la Cueva, que ha añadido que se habilitará a las autonomías para que puedan incluir sectores específicos.
"Serán las comunidades autónomas las que decidan en el ámbito de sus competencias cómo instrumentar las ayudas y las que ahora tienen que poner en marcha las convocatorias para que antes de final de año, como establece el decreto ley, se puedan otorgar las ayudas y lleguen a todas las empresas", ha dicho.
Respecto al fondo de 3.000 millones para la reestructuración de la deuda bancaria de empresas solventes, ha avanzado que se está trabajando con el sector financiero en un código de buenas prácticas al que se podrán adherir las entidades de manera voluntaria.
"Estamos trabajando con el sector financiero, con la AEB (Asociación Española de Banca) y con el Banco de España para definir un código de buenas prácticas que elevaremos al Consejo de Ministros (...) que establece cuáles son los mecanismos que se habilitan para que se pueda proceder a la reestructuración de deuda", ha explicado.
