CASTELLÓ. El 10N constriñe a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y al presidente de la Diputación Provincial, José Martí. Ambos, por las restricciones que establecen la Ley Orgánica del Régimen General Electoral (LOREG), deben hacer un ejercicio de contención dialéctica para evitar que el Partido Popular, siempre al acecho de una declaración fuera de contexto, obtenga un rédito plebiscitario.
La visita de una consellera a la capital de la Plana por lo general da mucho juego, y más si se trata de Mireia Mollà, la titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Temas como los cítricos, la despoblación o el Plan General habrían contribuido al lucimiento del partido que gobierna, esto es, el socialista.
Sin embargo, Mollà pasó de puntillas por Castelló este miércoles. Ni hubo convocatorias oficiales de las citas con Marco y Martí ni tampoco declaraciones. Y menos todavía notas de prensa.
La presencia de la consellera en las dos instituciones se limitó a meras reuniones de trabajo, de las que no trascendió nada. Simplemente los participantes, considerables entre el Ayuntamiento y la Diputación, ya que a los concejales de Urbanismo, Rafa Simó, y Transición Ecológica, Fernando Navarro, se sumaron los diputados provinciales de Desarrollo Rural y Acción contra la Despoblación, Santi Pérez, y de Transición Energética, Renovables, Ciclo Integral del Agua y Residuos, Ignasi Garcia.
El artículo 50.2 de la LOREG frenó cualquier tentación de publicitar las dos cumbres, lo que habría servido de coartada al PP para presentar nuevas reclamaciones ante la Junta Electoral de Zona.
Quizás el precedente que ha cambiado las reglas del juego entre el PSPV y el Partido Popular ha sido la resolución de la Junta Provincial. En concreto, acerca de la reclamación de la oposición sobre las ruedas de prensa del equipo de gobierno para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta Local. Como semanas atrás señaló el portavoz, Rafa Simó, habrá que ceñirse a comparecencias al "rollo BOE" después de que el fallo, contra el que no cabe recurso, haya requerido al Ayuntamiento "para que se abstenga de realizar actos similares [de propaganda] hasta la celebración de las elecciones".
Esa advertencia ha marcado un antes y un después, y la prueba de ello es lo ocurrido este miércoles con Mollà en tierras castellonenses. Su estancia ni siquiera estaba en la agenda oficial del consistorio pese a que sí aparecía en la de la Diputación y en la de la propia conselleria de Agricultura.