Antonio Montiel (Podemos), Fran Ferri (Compromís) y Alfred Boix (PSPV). Foto: VPVALÈNCIA. El pasado martes la Junta de Síndics fijó el orden del pleno de la próxima semana, el último de carácter ordinario que se producirá antes de que termine el año. El siguiente que se convoque ya irá destinado a abordar la tramitación de los Presupuestos de la Generalitat de 2019. Así, en esta última jornada los grupos parlamentarios introdujeron cuatro leyes que actualmente se están trabajando en Les Corts Valencianes: la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, la modificación de la norma de la Sindicatura de Greuges, la aprobación final de la ley de Infancia y Adolescencia y la reforma de la Ley Electoral Valenciana (LEV) que registró el Botànic el pasado mes de marzo.
No obstante, finalmente esta última normativa no llegará a abordarse porque PSPV, Compromís y Podemos han decidido retirarla. "Se ha preferido dar prioridad a un paquete de Proposiciones No de Ley que estaban pendientes, además de que también está pendiente la convalidación del Decreto-ley de creación de la sociedad de gestión integral de los servicios de emergencias", trasladan fuentes parlamentarias a Valencia Plaza.
La maniobra, sin embargo, no ha pasado desapercibida. En primer lugar por tratarse de la ley que es -de la que depende la rebaja del listón electoral al 3%- y de la complicada situación en la que se encuentra al no contar con los apoyos requeridos para poder aprobarse los cambios previstos en ella; en segundo, porque con esto ya no podrá volver a introducirse en un pleno hasta, al menos, la segunda quincena de enero -siempre y cuando no se produzca un adelanto electoral-; y, en tercero, porque en su lugar se han introducido PNLs.
Una cuestión nada baladí, ya que a pesar de que se han validado muchas iniciativas de este tipo a lo largo de la legislatura, éstas no tienen carácter vinculante y se suelen incumplir con normalidad. Por lo que, anteponer este tipo de propuestas a proyectos legislativos, ofrece una idea de las esperanzas que tenía el Botànic en poderla validar en la siguiente sesión plenaria. Más si cabe porque el Consell y Podemos se fijaron la prioridad de sacar adelante 15 normas antes de que termine la legislatura.
La intención, señalan, es intentar negociar con Ciudadanos hasta el último momento con la pretensión de poder convencerle de que la apoye. Hasta entonces, seguirán tramitando las leyes del Consell que se encuentran en el Parlamento valenciano y que tanto Podemos como el Ejecutivo quieren sacar adelante.
Desde que Ciudadanos retiró su apoyo el pasado mes de febrero a la modificación de la LEV, no se han producido avances en las negociaciones entre PSPV, Podemos y Compromís con el grupo que lidera Mari Carmen Sánchez en el Parlamento valenciano para que éste cambiara de nuevo su posicionamiento. Sin el apoyo de los nueve diputados naranjas, el Botànic no podría sacar adelante la reforma que prevé la rebaja de la barrera electoral del 5% al 3% -entre otros cambios- porque requiere de un apoyo de 66 diputados; socialistas, valencianistas y morados tan solo reúnen 54 escaños.
La puerta, no obstante, se cerró definitivamente el pasado mes de octubre cuando la norma llegó a la comisión de Coordinación de Les Corts para que cada grupo presentara y debatiera sus enmiendas, pero finalmente el partido de Albert Rivera en la Comunitat votó en contra de todas ellas y de todo el articulado de la ley.
Como ya hicieron en anteriores ocasiones, justificaron su oposición alegando que les parecía "un parche" porque no se recogía un aspecto para ellos "fundamental" como es "la circunscripción única" que permitiría eliminar las tres demarcaciones provinciales actuales y dejar una sola de carácter autonómico para que se produjera una mayor proporcionalidad en la representación de Castellón, València y Alicante en la cámara valenciana. Sin embargo, cabe decir que el cambio de la ley aún no puede incluir este aspecto porque para ello es necesario que se realice una reforma del Estatuto de Autonomía con la correspondiente ejecución de un referéndum. Algo inviable en lo que resta de legislatura debido a los dilatados plazos que requiere.
Ante las críticas del Botànic por la nula predisposición de los naranjas a negociar sobre cuestiones o aspectos de la reforma realizables, Ciudadanos dio un golpe de timón proponiendo una reforma de la Carta Magna valenciana. Una redacción que recogía el cambio de la circunscripción como venían solicitando, y que plantearon que debía aprobarse en el Parlamento valenciano y en el Congreso de los Diputados para, posteriormente, ellos secundar la modificación de la LEV de socialistas, valencianistas y morados. Una moneda de cambio que Compromís aceptó –firmó la iniciativa, ya que sin ella no podía tramitarse porque un cambio estatutario requiere de la rúbrica de al menos dos grupos parlamentarios– con la pretensión de negociar y hacer cambiar de opinión a los naranjas. Es decir, con la expectativa de que Cs accediera a apoyar también la reforma legislativa que contempla la rebaja del listón electoral.
El gesto molestó especialmente al PSPV, su socio de gobierno, por no consensuar la postura como ha venido haciéndose con cada decisión -o al menos con la mayoría- a lo largo de la legislatura. No en vano, el portavoz en Les Corts, Manolo Mata, advirtió de que era un "error" hacerlo. Además de asegurar este martes que su grupo parlamentario no seguiría los pasos de la coalición valencianista, dos días después han ido más allá. Más adelante los socialistas registraron una nueva reforma que únicamente incluía la rebaja de la barrera electoral del 5% al 3% como contraofensiva a ese enlace entre valencianistas y naranjas. Desde entonces, no se ha producido ningún acercamiento por ninguna de las partes.
