María Jesús Montero y Nadia Calviño. Foto: POOL MONCLOAVALÈNCIA. El consejo de Ministros aprobó este viernes destinar 7.000 millones en ayudas directas no reembolsables a cubrir los gastos fijos y deudas de las empresas y autónomos pertenecientes a los sectores más perjudicados por la pandemia. De ellos, la Comunitat espera recibir al menos 625 millones. Ese es el primer cálculo del Consell respecto a la cantidad de fondos que podría gestionar a partir de los criterios de reparto comunicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez este viernes.
Estos 7.000 millones en ayudas, de los que Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones por ser las comunidades más afectadas por el frenazo del turismo, forman parte del nuevo paquete de medidas para combatir los efectos económicos de la pandemia incluido en un Real Decreto Ley que también prevé una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera y, por último, un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.
Descontados de la línea Covid de ayudas directas los 2.000 millones reservados para los dos archipiélagos, los 5.000 millones restantes del fondo principal se repartirá entre el resto de comunidades autónomas en función de indicadores de renta, desempleo y paro juvenil, los mismos criterios que los utilizados para el React-EU, según precisó en un comunicado el Ministerio de Economía y Transformación Digital.
La Comunitat Valenciana fue una de las regiones más beneficiadas con los criterios establecidos para el reparto de ese fondo, el destinado a compensar las necesidades más urgentes de la crisis derivada de la pandemia y que forma parte del eurofondo de recuperación Next Generation EU.
En concreto, le correspondieron 1.254 millones de euros, el equivalente al 12,5% de los 10.300 millones que recibe España. Dado que el Gobierno central tiene intención de aplicar el mismo criterio de reparto, el Gobierno valenciano aspira a poder contar ahora con otros 625 millones de euros para dar ayudas directas a empresas y autónomos de la Comunitat.
Dado que para el reparto de esos 5.000 millones ya no participan Canarias e Islas Baleares, la Conselleria de Hacienda considera que la cantidad a percibir podría ser incluso superior. En cualquier caso, la orden que estipula el monto que le corresponderá a cada una de las regiones se aprobará en los próximos días.
De aplicarse el mismo criterio de asignación que en el React, que se basa en el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros, el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad autónoma tendrá un peso equivalente a las 2/3 partes del reparto total; el impacto de la crisis en el desempleo, tendrá un peso en el reparto total igual a 2/9 de la asignación; y en último lugar, el impacto en el desempleo juvenil (15 a 24 años), tendrá un peso de 1/9 de la asignación total.
En cuanto a las condiciones concretas exigidas para recibir estas ayudas de carácter finalista, los beneficiaros deberán destinar el dinero a pagar deudas contraídas desde marzo de 2020, tanto facturas con proveedores y gastos fijos como deudas bancarias o financieras, suministros energéticos, etcétera.
Para acogerse, empresas y autónomos deberán acreditar que sus ingresos han caído como mínimo un 30% respecto a 2019, dentro de un conjunto de casi cien sectores y actividades, los más perjudicados por las restricciones.
Aunque el reparto queda en manos de las comunidades, será la Agencia Tributaria la encargada de proporcionar la información a las regiones para saber si la empresa solicitante cumple con los requisitos para acceder a las ayudas y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas una plataforma para dicho fin, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Las ayudas podrán llegar hasta el 40% de la caída de ingresos para las micropymes y autónomos, y hasta el 20% para el resto de empresas. Para los autónomos que tributen por módulos está prevista una cantidad fija de 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas
Las ayudas podrán compensar hasta un cuarenta por ciento de la caída adicional de ingresos para las micropymes y los autónomos y hasta un veinte por ciento del resto de empresas. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan por módulos y un rango entre los 4.000 y 200.000 euros por empresa para el resto.
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras mantengan su actividad hasta junio de 2022, no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años.
Según explicó la ministra de Hacienda en la presentación del fondo, las comunidades autónomas recibirán la transferencia de estos fondos en un plazo máximo de un mes y diez días, previa firma de convenio.
Un segundo eje de actuación del nuevo paquete de medidas incluye un conjunto de medidas de apoyo y flexibilización de los préstamos que cuenten con aval público, permitiendo que el ICO se incorpore a los procesos de refinanciación y reestructuración que pacten los bancos y sus clientes, protegiendo también la estabilidad financiera. Este eje se ve apoyado mediante la creación de una nueva línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones de euros.
Sobre la base del análisis del cliente que haga la entidad financiera, se podrán acordar medidas para, en primer lugar, extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público; en segundo lugar, convertir los préstamos con aval público en préstamos participativos, medida que reforzará los recursos propios de las empresas beneficiarias al tener estos préstamos un tratamiento equivalente al capital a efectos mercantiles.
Como medida de último recurso en este ámbito, se permite la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.
Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo.
Para la articulación de estas medidas se aprobará un Código de Buenas Prácticas, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos, similar al existente en el ámbito hipotecario, cuyo objetivo es favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia.
En tercer lugar, se ha creado un fondo de recapitalización de empresas medianas afectadas por la crisis, dirigido a reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia.
Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y será gestionado por Cofides, empresa con capital público-privado. Las ayudas se realizarán en forma de instrumentos financieros, como préstamos ordinarios, préstamos participativos, capital u otros a empresas que atraviesen dificultades temporales y que no puedan acceder a las ayudas del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de 10.000 millones, gestionado por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, destacó que los 7.000 millones de euros aprobados este viernes se suman a los 24.000 ya transferidos por el Estado a las comunidades para dar una respuesta sanitaria, económica y social a la pandemia.
