La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia CalviñoMADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la solvencia de las empresas dotado con un total de 11.000 millones, que incluirá un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas, 2.000 millones solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por el mayor peso del turismo.
Así lo ha trasladado la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, quien ha precisado que estos 7.000 millones se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación.
De este importe total, 2.000 millones se destinarán exclusivamente a Canarias y Baleares, por ser las más golpeadas por la pandemia, y el resto, 5.000 millones, irán a las demás comunidades y ciudades autónomas.
En concreto, el primer fondo de 7.000 millones, que gestionarán las comunidades autónomas, son ayudas directas no reembolsables de carácter finalista, que se podrán destinar al pago de deuda contraída desde marzo de 2020, tanto la relacionada con proveedores, como al pago de gastos fijos, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera o no financiera, siempre que la caída de la facturación sea al menos un 30% respecto a la de 2019.
Será la Agencia Tributaria la entidad encargada de proporcionar la información a las comunidades para saber si la empresa solicitante cumple con los requisitos para acceder a las ayudas y se pondrá a disposición de las comunidades autónomas una plataforma para dicho fin, según ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A las medidas, aclaró Calviño, podrán acogerse pymes y autónomos de 100 actividades económicas diferentes, como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería; comercio al por mayor y minorista; sectores auxiliares al transporte; mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y las actividades deportivas.
Estas ayudas podrán compensar, como máximo, el 40% de la caída adicional de ingresos en el caso de micropymes y autónomos (hasta 10 empleados), y hasta un 20% para el resto de empresas.
En concreto, los autónomos que tributan en módulos recibirán hasta 3.000 euros y entre 4.000 y 200.000 euros el resto de autónomos y empresas, importes que podrán elevarse tanto en Canarias y Baleares, siempre dentro de los límites de ayudas de Estado fijados por Bruselas.
La recepción de todas estas ayudas estará condicionada a que las empresas receptoras mantengan su actividad hasta junio de 2022, no tengan su domicilio en un paraíso fiscal, no estén en concurso ni hayan cesado la actividad en el momento de la solicitud, se hallen al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años.
