Fran Ferri (Compromís), Naiara Davó (Unides Podem) y Manolo Mata (PSPV). Foto: VPVALÈNCIA. Los tres partidos que integran el Consell del Botànic –PSPV, Compromís y Unides Podem– han pactado, a instancias de los valencianistas, realizar una modificación en la Ley del Juego que, en la práctica, supone la suspensión de las licencias de apertura de nuevos locales de apuestas en la Comunitat mientras no se apruebe la futura norma que regulará esta actividad.
Para ello, el Botànic aprovechará la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2020, a la que han presentado una enmienda conjunta que ya cuenta con el visto bueno de la Conselleria de Hacienda. Será registrada en Les Corts este mismo jueves, día en el que finaliza el plazo para plantear enmiendas a esta ley.
El texto registrado introduce una nueva disposición transitoria en la ley actual en la que establece que la concesión de autorizaciones por parte de la Administración "queda suspendida hasta la aprobación de la nueva Ley del Juego", que a día de hoy se encuentra en pleno trámite en el Parlamento valenciano.
Una moratoria que, en cualquier caso, tendrá una duración máxima de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta modificación legal que plantea el tripartito. Es decir, a partir del 1 de enero. Así, PSPV, Compromís y Unides Podem se dan un semestre para validar la nueva Ley del Juego que el Consell aprobó en un pleno el pasado mes de octubre y trasladó al Parlamento para que le diera luz verde.
Ahora bien, la enmienda del Botànic II introduce también un matiz significativo para los bingos y salones. Huelga resaltar que en este tipo de establecimientos, la administración concede dos tipos de autorizaciones: una primera, de instalación, y la segunda, de funcionamiento, que sólo se otorga si previamente se ha obtenido la primera.
Con estos mimbres, el texto de socialistas, valencianistas y morados puntualiza que la paralización de licencias que plantea la enmienda no afectará a los permisos de funcionamiento de los bingos y salones que ya hubieran obtenido el de instalación. No en vano, la pretensión de este redactado es evitar recursos en los tribunales, pues supondría detener una instalación que ya habría superado el primer consentimiento pertinente de la administración por la entrada en vigor de esta disposición. Por lo que, con todo, la enmienda afectará exclusivamente a las nuevas peticiones de apertura.
Esta enmienda del Botànic II, a priori, no tendría problemas para salir adelante, ya que PSPV, Compromís y Unides Podem cuentan con 52 escaños en Les Corts Valencianes frente a los 47 con los que cuenta el bloque de derechas. Incluso, podría sumar el apoyo de algún partido de esta bancada. Sin ir más lejos, Vox anunció la semana pasada que presentaría una enmienda -esta vez vía Ley del Juego y no a través de la Ley de Acompañamiento- para que las casas de apuestas no pudieran situarse a menos de 500 metros de ningún centro escolar. Un matiz que va en la misma dirección que alguna enmienda que el Botànic prevé presentar en las próximas semanas a la Ley del Juego.
Conviene recordar que el pleno del Consell aprobó el pasado 25 de octubre el proyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana que actualizaba la actual normativa que cuenta con más de 30 años de vigencia para poner especial atención en la prevención y protección de los menores ante el auge de la ludopatía.
Una modernización de la ley de 1988 que no llegó a aprobarse en la legislatura pasada a pesar de estar redactada y con las enmiendas listas para votarse en la Cámara valenciana porque el adelanto electoral decretado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, paralizó su trámite parlamentario. No en vano, Les Corts se disolvieron antes de que el pleno del Parlamento la validara.
Cuatro meses después de haber tomado posesión del cargo, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentó la normativa, cuyo contenido es idéntico al ya registrado en el mandato anterior. Como principales novedades respecto a la ley vigente, el nuevo texto refuerza las medidas dirigidas a impedir el acceso de menores de edad a los salones de juego.
Así, plantea la obligatoriedad de que cada establecimiento cuente con un "servicio de admisión". Es decir, con un vigilante que solicite el DNI u otro tipo documento que permita identificar a cada persona que quiera entrar al salón. La anterior ley tan solo exige controles de acceso en determinadas zonas de los salones. En concreto, aquellas en las que existieran máquinas que ofrecieran premios de 3.000 euros. Sin embargo, no lo reclamaba en las puertas de entrada.
De la misma manera que con los menores, también impedirá el acceso a quienes presenten síntomas de embriaguez o figuren en el Registro de Personas Excluidas de Acceso al Juego de la Comunitat Valenciana.
En caso de incumplirse estas restricciones, esto es, si se permite el acceso a los locales de juego a cualquier persona que lo tenga prohibido, la ley contempla distintos tipos de sanciones para los propietarios: graves o muy graves. En el primero de los casos, podrían enfrentarse a multas desde los 601 a los 6.000 euros; la "suspensión temporal de la autorización por un período máximo de un año"; el posible cierre del local por un plazo idéntico; e incluso la inhabilitación para ser titular de la autorización para actividades de juego durante un año.
Si las infracciones fuesen muy graves, como por ejemplo "un funcionamiento deficiente del sistema de admisión y control así como, la ausencia de personal para el control de admisión", la sanción económica podría oscilar de los 6.001 euros a los 600.000. La administración también podría suspender la licencia de actividad por un periodo de cinco años o, incluso, revocarla y obligar al cierre definitivo del local. Además, cabe apuntar que la recaudación derivada de estas penas irán destinadas a financiar programas de lucha y prevención de la ludopatía.
Bajo esta filosofía, los partidos del Botànic II presentaron enmiendas durante la pasada tramitación de la ley que impedía la instalación de nuevas casas de apuestas -incluyendo bingos y casinos- cercanas a los centros escolares. Los socialistas fijaban una distancia mínima de 150 metros, mientras Podem lo ampliaba hasta los 1.000. Las asociaciones de afectados por la ludopatía solicitaron en la fase de participación que fuese superior a 600 metros. Ahora, habrá que esperar a ver si las formaciones presentan las mismas propuestas de modificación.
