VALÈNCIA. (EP) La Generalitat Valenciana estudia, ante las recientes resoluciones del Tribunal Supremo que le son desfavorables sobre el uso del valenciano en la administración y la renovación de conciertos educativos en niveles postobligatorios, dos "vías": por una parte, la judicial viendo "si vale la pena acudir al Tribunal Constitucional o a Europa" y, por otra, la política para promover "un cambio normativo a nivel estatal".
Así lo ha aseverado el conseller de Educación, Vicent Marzà, al ser preguntado --en una rueda de prensa para dar a conocer novedades en Formación Profesional-- por la decisión del alto tribunal de desestimar los recursos de la Generalitat sobre la renovación de conciertos educativos de Bachillerato, así como de confirmar la anulación parcial del decreto sobre el uso del valenciano en la administración.
Sobre ambos casos, Marzà ha considerado que se trata de "cuestiones de sentido común irrenunciables" y ha dicho que "una cosa es cumplir las disposiciones judiciales, que lo hacemos, y otra es compartirlas, que no lo hacemos porque no las vemos lógicas". Por ello, ha dicho, desde la administración autonómica "se está valorando si vale la pena acudir a otras instancias, al Tribunal Constitucional o a Europa, que son las dos vías frente a un posicionamiento del Supremo".
Pero "otro de los frentes" que están abiertos, ha apuntado, sería la "vía política", puesto que ha atribuido las resoluciones desfavorables al Consell a la interpretación que está realizando el TS de normativa estatal.
"Si lo que se interpreta es que hay normativa estatal que impide la comunicación en la lengua compartida entre territorios que lo aceptan o que regulemos las comunidades autónomas sobre conciertos, hace falta un cambio normativo a nivel estatal", ha argumentado el conseller, que ha agregado que hay grupos parlamentarios en las Cortes Generales "que están estudiando los cambios y en qué normativas se podrían aplicar para que pueda ser factible".
Marzà se ha referido en primer lugar a la desestimación por parte del Supremo de los incidentes de nulidad promovidos por la Abogacía de la Generalitat Valenciana y por el sindicato STEPV-Iv contra la resolución del alto tribunal que confirmó la anulación de parte del decreto que regula los usos de las lenguas oficiales (castellano y valenciano) en la administración valenciana. Cabe recordar que entre los preceptos que queda sin efecto figura el que permitía a la Comunitat comunicarse exclusivamente en valenciano con Cataluña y las Islas Baleares.
Al respecto, Marzà ha puntualizado ha comentado que "la cuestión del uso de la lengua ya la había dirimido el mismo tribunal; es una cuestión formal que se había pedido para preparar ir al Tribunal Constitucional a defender lo que creemos que tiene toda la lógica: que administraciones que usan la misma lengua acepten tener la documentación oficial en esa lengua que compartimos".
"Tenemos que seguir adelante porque es una cuestión de lógica, que nos podamos comunicar en una lengua cooficial sin que eso implique ninguna discriminación respecto a la otra", ha insistido el conseller, que ha precisado que la decisión del Supremo "no prohíbe que la comunicación se haga en valenciano", sino que "no ha de ser únicamente en valenciano y también se tendría que expresar en castellano". "En el día a día no tiene ninguna afección", ha apostillado.
Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, también presente en el acto, ha bromeado al comentar que todas las semanas habla con sus homólogos de Cataluña y Baleares y nunca le han pedido traducción. "Intercambiamos whatsapps, no sé si eso se considera comunicación escrita", ha apuntado.
En cuanto a los conciertos educativos, el TS ha confirmado la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de devolver a algunos centros aulas de Bachillerato y ciclos formativos concertadas que habían sido suprimidas basándose en una resolución de la Conselleria de Educación que regula el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los conciertos educativos.
"No compartimos el criterio --ha manifestado Marzà-- porque no creemos que los conciertos tengan que continuar de forma ininterrumpida sin que haya una baremación y presentación de nuevas solicitudes, porque si hay oferta suficiente es evidente que no se ha de duplicar con recursos públicos. Es una cuestión de eficiencia".
Tanto Marzà como Soler han incidido en que el grado de afectación de esta decisión judicial es muy limitado, puesto que "estamos hablando de 27 unidades" a las que no se renovó el concierto "de más de 400". Además, han recordado que la gran mayoría de los centros han continuado teniendo esas aulas al aceptar la posibilidad dada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de preservar cautelarmente el concierto aportando una fianza.
También los dos responsables han recordado otra sentencia del TS, en este caso favorable a la administración, la que permite a la Conselleria de Educación bajar la ratio de Infantil (3 años) a 23 alumnos por aula en una treintena de municipios. Esa resolución, ya firme, se aplicará el curso próximo y afectará a muchos más centros, han puntualizado.
Acerca de la posibilidad de que se interpongan reclamaciones económicas, Marzà ha manifestado que "la sentencia no habla de ningún tipo de indemnización". En todo caso, ha afirmado que harán "lo que piden la sentencia" --lo que supone que la renovación el próximo año será del cien por cien-- y los avales depositados por los centros serán devueltos a aquellos que los presentaron. Por último, el titular de Educación del Consell ha aprovechado para subrayar la buena relación que mantiene con la red concertada y el "grado de satisfacción" de los centros por la "dedicación y recursos" proporcionados por la administración para hacer frente a la pandemia. "Las administraciones tenemos posicionamientos políticos que defendemos, pero eso no quita el trabajo de gestión", ha hecho notar.
