MADRID (EFE). El Corte Inglés ha recibido 4.312 solicitudes de baja voluntaria, lo que supone un 31 % más que las 3.292 previstas en el plan de recorte de plantilla que acordó hace un mes con los sindicatos, el mayor de su historia y limitado a trabajadores de menos de 50 años de oficinas y centros comerciales. La dirección de la compañía, por tanto, se enfrenta ahora a la decisión de vetar la salida de la empresa a más de 1.000 personas después de que hayan comunicado su deseo de hacerlo.
La compañía, que cerró el pasado viernes el plazo de solicitudes, inicia ahora un proceso de análisis de todas las recibidas, en el que "se estudiará cada caso y el de cada departamento" y en el que la dirección tiene la potestad de decidir las que admite, según fuentes de la empresa. "Ahora se inicia un proceso de análisis de solicitudes, tramitación de las bajas voluntarias y ajuste de la plantilla", señala El Corte Inglés en un comunicado, en el que destaca el clima de consenso y paz social en el que se está desarrollando el plan de reorganización desde que fue presentado hace dos meses. Éste supone un recorte de casi el 5 % de la plantilla afectada -unos 63.000 trabajadores de el Cortes Inglés, Bricor, Hipercor, Sfera y centros logísticos, de oficinas y 'outlet'-, aunque la compañía cuenta con un total de 88.268 empleados en España.
Con 33 días por año trabajado, un limite de 24 mensualidades y una prima por antigüedad pactados con los sindicatos (CCOO, Fasga, Fetico y UGT) para los empleados que hayan decidido desvincularse, el Corte Inglés ha contratado además contratado a dos empresas de prestigio (LHH y ManpowerGroup) para que ayuden a los salientes a encontrar un nuevo empleo en función de su perfil e intereses profesionales. Según los sindicatos, estas empresas aportan unas garantías de reinserción al mercado laboral por encima del 85%.
Este lunes se ha celebrado una reunión de la comisión de seguimiento en la que la dirección ha comunicado a los sindicatos el número de solicitudes recibidas, a que áreas pertenecen (centros comerciales u oficinas) y el protocolo a seguir con los trabajadores que vayan abandonando la empresa para su recolocación. La previsión era que de los 3.000 trabajadores que se irían unos 2.500 saldrían de centros comerciales y tiendas y 500 de los servicios centrales. Según ha dicho a Efe David Tamayo, de CCOO, de las solicitudes recibidas unas 3.000 son de centros comerciales y 400 de oficinas.
El pasado lunes, los sindicatos avanzaron que a cuatro días del cierre del plazo se habían cubierto el 86 % de solicitudes de adhesión voluntarias, con lo que quedaban 461 para completar el cupo. El representante de CCOO cree que el incremento de solicitudes de los últimos días se debe a las "presiones de mandos intermedios, que se han pasado de rosca" en la recta final del proceso. La empresa tiene hasta el 23 de mayo para contestar a las solicitudes y, en caso afirmativo, irá comunicando las extinciones de contratos con quince días de antelación y hasta el 28 de febrero de 2022.
No obstante, Tamayo ha explicado que, en la reunión de esta tarde, los representantes de la dirección han asegurado que antes de mediados de mes esperan tener definidas las bajas que aceptan y que la gran mayoría se comunicarán de forma inmediata. En un comunicado conjunto, CCOO, Fasga, Fetico y UGT indican que en el momento en que al trabajador se le comunique la extinción del contrato se le entregará la solicitud de aceptación del Plan de Recolocación y, además, se pondrá a su disposición en la cuenta de oficinas y servicios la cantidad indemnizatoria más la prima económica, la cual podrá retirar desde ese mismo instante.
Aunque este es el mayor recorte de plantilla en sus 80 años de historia, el Corte Inglés ya pactó con los sindicatos en 2016 un plan de bajas incentivadas para 1.400 trabajadores, al que se acogieron 1.340. Entonces el objetivo era rejuvenecer la plantilla, por lo que el plan se destinó a mayores de 58 años, con más de 15 años en la empresa y 35 cotizados. Aunque la compañía no ha comunicado todavía sus resultados de 2020, este podría ser su primer ejercicio con pérdidas, por el impacto de los cierres y restricciones decretados como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Durante su primer semestre fiscal (marzo-agosto), la cadena de grandes almacenes sufrió una caída interanual en su facturación del 41 % (de 7.618 millones de euros a 4.489 millones) y el beneficio bruto de explotación (ebitda) arrojó unas pérdidas de 131 millones, frente al dato positivo de 386 millones del mismo periodo del año anterior, aunque en el segundo trimestre fiscal ya volvió a un ebitda positivo de 64 millones gracias a la reapertura de tiendas y a la venta por internet.
