CASTELLÓ. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha denunciado este sábado "el aluvión de quejas" que se están produciendo por parte de los castellonenses, por no haber comunicado con antelación el periodo de pago del recibo del IBI a los contribuyentes sin domiciliación bancaria, mientras sí se les ha aplicado un recargo por abonarlo fuera de plazo. “Tenemos una alcaldesa que aplica la ley del embudo: va a activar el presupuesto 8 meses tarde, incumpliendo con su responsabilidad política, ya que las cuentas todavía no están en vigor, pero que penaliza con un recargo de hasta el 10% a los contribuyentes por haber pagado el recibo del IBI un día tarde, a pesar de que no les había advertido de los plazos”, ha manifestado.
“No es la primera vez que sucede. Cada año recibimos quejas en este mismo sentido, pero el problema se ha acrecentado en esta anualidad, puesto que se ha modificado el calendario del contribuyente, adelantando el pago del recibo del impuesto sobre bienes inmuebles al 30 de junio. En plena pandemia, con la atención al público completamente mermada, con unas colas kilométricas que se agolpaban en las puertas de la Oficina de Recaudación, el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos ha dejado patente su falta de sensiblidad en un asunto que le afecta directamente al bolsillo de las familias de Castelló, ya que es el principal impuesto al que deben hacer frente”, ha declarado.
El concejal Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, subraya que “llueve sobre mojado”. “La alcaldesa Amparo Marco decidió adelantar, en plena pandemia, casi un mes la finalización del periodo para pagar este impuesto, siendo el 30 de junio el último día, haciéndolo coincidir con el pago de la Renta a quienes no les salió a devolver con la cuota de autónomos y de la Seguridad Social. Y ahora, de ‘regalo’, les llega un recargo en el recibo”, explica.
Desde el Partido Popular se denuncia cómo “por parte del tripartito se utilizan frecuentemente todo tipo de excusas para maquillar su falta de gestión, el Covid, el hackeo… pero luego no cumple con sus obligaciones, que es informar de manera transparente y ponerse del lado los castellonenses, que vuelven a salir mal parados por la inacción del actual equipo de gobierno”.
Juan Carlos Redondo recuerda que "el equipo de gobierno mantiene a la ciudad de Castelló como la segunda con el Impuesto sobre Bienes Inmueble (IBI) más caro de España, con 402 euros de media por castellonense, una cantidad igual a la que pagan los habitantes de Barcelona y solo por detrás de Madrid, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)".
"La prioridad del gobierno municipal en esta crisis debería ser ayudar a los castellonenses, a las pymes y autónomos en la recuperación económica tras 17 meses ruinosos de pandemia y esto pasa por bajar los impuestos a los castellonenses, tal y como venimos reivindicando desde el inicio de legislatura porque hay margen para hacerlo, otra cosa es la voluntad política. El gobierno de Amparo Marco se dejó sin gastar 35 millones en 2020, está claro que pueden bajar impuestos si quieren, otra cosa es que antepongan las reformas de sus despachos o subidas de sueldo a personal de su confianza, como han hecho al aprobar el incremento de 63.000 a 68.000 euros anuales en las retribuciones de los gerentes de los tres Patronatos Municipales (Deportes, Fiestas y Turismo) y también del Pacto Local por el Empleo, teniendo en cuenta que el gobierno municipal ya se subió el sueldo un 50% al llegar a la Alcaldía hasta fijarlo en más de 78.000 euros anuales la alcaldesa Amparo Marco y en casi 63.000 euros anuales cada concejal del equipo de gobierno y de rodearse de un ejército de 21 asesores”, concluye Juan Carlos Redondo.
