CASTELLÓ. El gobierno municipal de PP y VOX ha registrado para el próximo pleno de octubre, el jueves que viene, una Declaración Institucional contra la tramitación de la Ley de Amnistía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
“Sánchez plantea una Proposición de Ley que supone una inconstitucionalidad flagrante y que solo beneficia a un grupo de personas a cambio de retener la presidencia del Gobierno, pese a haber perdido las elecciones. Desde el gobierno municipal de Castelló defenderemos siempre la igualdad de todos los españoles en la aplicación de la ley, la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y la seguridad jurídica”, ha asegurado el portavoz del gobierno de la capital Vicent Sales, quien ha pedido el respaldo del resto de partidos "porque el privilegio de unos pocos no puede ser perjuicio de otros", ha asegurado.
“Qué ha pasado para que Pedro Sánchez y ministros de su Gobierno como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo, entre otros muchos dirigentes socialistas, afirmaran en 2021 que una posible amnistía era inconstitucional y ahora busquen, de nuevo, atajos para sacarla adelante sin los controles de legalidad de CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado?”, se pregunta.
Al respecto, ha señalado que “ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmunes a determinados ciudadanos por un interés claro: mantenerse en el poder”, “Sánchez quiere amnistiarse de su derrota electoral y lo hará a cualquier precio. La amnistía es grave, pero más grave aún es usarla a cambio de una investidura”, ha denunciado. “Estamos en una subasta al alza, los separatistas cada día nos sorprenden con una demanda nueva y los que van a pagar el alto coste de sus caprichos y los del líder socialista son los españoles”. “Por ello, consideramos de gran importancia llevar al pleno esta Declaración Institucional”, ha resaltado.
En ella, se propone al conjunto de los partidos con representación municipal “rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito; considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento y animar a los partidos constitucionalistas a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.
También se incluye “dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia primera y ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y ministerio de Trabajo y Economía Social, al ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado; así a la Junta de Gobierno de la FEMP”.
