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los 'populares' aseguran que se formalizaron contratos menores en noviembre de 2017

El PP denuncia que Marco "pagó tres veces unas videocámaras que no funcionaron" en el asalto a la azotea

18/11/2020 - 

CASTELLÓ. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado este miércoles que el equipo de gobierno de Amparo Marco "pagó tres veces" unas videocámaras que no funcionaron el día del asalto a la azotea del edificio del Palacio Municipal del consistorio "porque no estaban instaladas".

Esta es una de las primeras conclusiones que el portavoz adjunto de los populares, Sergio Toledo, y el concejal del PP Vicent Sales han dado a conocer en rueda de prensa en relación con las investigaciones de la comisión que, a petición del Partido Popular, investiga desde hace un año los contratos de adjudicación y la ejecución de la nueva sala de emergencias de la Policía Local de Castelló. Una infraestructura que ha supuesto un desembolso global de cerca de 1,5 millones de euros.

Sales ha explicado que "el origen del primer contrato se remonta al expediente 30916/2016, relativo al informe de necesidad de equipamiento de la sala y que, en contra de la praxis habitual hasta la fecha en el ayuntamiento y de manera extraordinaria, se optó por externalizar la redacción del pliego de condiciones técnicas y se encargó a dedo a la empresa ALT 165, una firma que no tiene actividad y tiene su sede en San Lorenzo del Escorial, el mismo municipio de la Comunidad de Madrid que Eurocop, que es la empresa que finalmente acabó asumiendo la ejecución del contrato de renovación de la fallida sala de emergencias".

El edil popular ha recordado que "el equipamiento de la instalación fue adjudicado en diciembre de 2016 y uno de los lotes, el 4, incluía la instalación de 21 cámaras de seguridad en diferentes sedes municipales, como los exteriores y el interior del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Castellón, además del entorno de la plaza Mayor", ha continuado Sales, que ha remarcado que "esas 21 cámaras se firmaron como recepcionadas e instaladas el 17 de abril de 2017 pero el 30 de septiembre de 2017, la víspera del referéndum ilegal de independencia promovido por la Generalitat de Cataluña se produjo el asalto a la azotea del palacio municipal, la versión oficial del equipo de gobierno de Amparo Marco fue que no se pudo identificar a los responsables porque las cámaras no funcionaban".

"Incluso el segundo teniente de Alcalde de entonces, Antonio Lorenzo, afirmó en prensa que estaban viejas y obsoletas y que se desconectó el cable que permitía la grabación en un dispositivo central", ha reseñado Sales, que ha recordado que "hablamos que las mismas cámaras, presuntamente de alta tecnología, por las que apenas cinco meses antes se habían pagado 136.000 euros más 28.560 euros de IVA. Una información que obtuvimos tras reclamar por la vía judicial al Tribunal Superior de Justicia el informe policial del asalto a la azotea, que demostraba que las cámaras que había instaladas en el momento del asalto eran las viejas, y no las nuevas que debería haber colocadas y en funcionamiento".

Contratos menores

"Y además, a pesar de la inversión que ya se había desembolsado por esas cámaras, el equipo de Amparo Marco procedió a la formalización de un segundo contrato a dedo el 21 de noviembre de 2017 con el objeto de sustituir esas cámaras por otras más modernas y, no contentos con eso, el 28 de noviembre de 2017 procedieron a la formalización de un tercer contrato con ese mismo objeto", ha indicado Sales.

En ese sentido, Toledo ha aseverado que "estos hechos demuestran que el equipo de gobierno de Amparo Marco pagó por unas cámaras de videovigilancia que el día del asalto a la azotea no funcionaron porque no estaban instaladas y que se acabaron pagando no dos veces, sino tres". El edil popular ha valorado además que "hoy, a fecha 18 de noviembre de 2020, es un hecho que el objeto del contrato, como es la renovación de la sala de emergencias de la Policía Local, no se ha cumplido mientras hay 800.000 euros ya gastados en ella, a los que se suman otros miles de euros en contratos menores cuyo objeto ya estaba contemplado en el contrato inicial y otros 600.000 euros que también iban a ir a parar a la empresa Eurocop y que ahora mismo están bloqueados por los tribunales competentes".

Por ello, ha pedido a Amparo Marco que "resuelva todas las dudas que tiene encima de la mesa en torno a esta sala y, ya que hasta la fecha no se nos ha respondido en la comisión de investigación a la pregunta clave, aclare personalmente quién se ha llevado el dinero, que ha salido del bolsillo de todos los castellonenses".

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