Carlos Mazón, Teodoro García Egea y Toni Pérez, la pasada semana en Alicante. Foto: RAMÓN OLIVARESVALÈNCIA. La eterna reivindicación de la reforma del sistema de financiación autonómica y la admisión por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que no hay fecha para cambiarlo pese al compromiso adquirido se ha convertido de nuevo en campo de batalla para las diferentes fuerzas valencianas. Con una particularidad más que evidente en esta ocasión: el intento del PP de tomar la delantera al PSPV en el discurso. Algo que ha hecho extensivo al debate del agua.
El eco parece que es lo único que resuena en la puerta de la Moncloa cada vez que el jefe del Consell, Ximo Puig, llama a ella en busca de una defensa de estos dos intereses clave para la Comunitat Valenciana. Algo que, con el PSOE en el Gobierno y en la Generalitat a diferencia de la pasada legislatura, es aprovechado por los populares. No sólo a nivel autonómico, pues la estrategia ha dado el salto nacional durante los últimos días.
Tras la sorpresa que causó la sinceridad de Montero el pasado martes al reconocer que no trabajaba en la propuesta de un nuevo sistema aunque ésta se tendría que presentar antes de finales de año, el PP decidió ponerse a agitar una bandera que Mariano Rajoy también dejó en segundo plano pero con la que ahora puede jugar. Primero, fue con la presencia en el acto organizado por los representantes de la plataforma Per un Finançament Just, compuesta por la patronal de los empresarios valencianos (CEV), sindicatos como UGT y CCOO y los partidos políticos PSPV, Compromís, Podemos, Esquerra Unida y Ciudadanos. Un gesto ya de por sí simbólico debido a que los populares, con su nuevo líder Carlos Mazón a la cabeza, asistían por primera vez a una concentración con ellos y, además, lo hacían de la mano de la CEV –y su presidente, Salvador Navarro–, con la que la sintonía no fue la mejor durante la etapa de Isabel Bonig.
Solo dos días después, en un coloquio organizado por el Cercle d'Economía, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hacía constar su disposición a sentarse para afrontar una reforma del sistema puesto que, reconocía, autonomías como Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana están "a la cola" de financiación por habitante. Algo que resultaba de importancia puesto que los intereses de su autonomía siempre han resultado opuestos a los de la Comunitat y el PSOE basa uno de sus argumentos principales para no presentar una propuesta de reforma en que existen territorios del PP con los que no se llegaría a un acuerdo.
Sin embargo, si hay un territorio que ahora mismo se muestra más contundente es Andalucía. Su presidente, Juanma Moreno Bonilla, mantiene un discurso de que el actual sistema es obsoleto e injusto y de que el consenso es posible. Este lunes redobló su presión sobre Puig, al que planteó conformar un "frente común" para reclamar al Gobierno central la reforma como las dos comunidades más damnificadas o, al menos, introduzca "elementos correctores". "Es absolutamente urgente, no podemos aguantar mucho más", afirmó, a la vez que aseguró que llegará "hasta donde tenga que llegar", incluida la vía judicial.
El jefe del Consell salió a responder ante el riesgo que supone que el PP le adelante en la reivindicación, aunque la realidad es que tiene que mantener los equilibrios respecto a Pedro Sánchez. Anunció que visitará Sevilla el próximo septiembre para "trabajar conjuntamente" con Moreno Bonilla y que, aunque los contactos "nunca han dejado de existir" con la Junta, "ahora se van a intensificar". El responsable de Hacienda, Vicent Soler, hará de avanzadilla antes de agosto para encontrarse con su homólogo andaluz, Juan Bravo, y preparar el encuentro. Quién sacará más rédito de esa foto poco común de dos adversarios políticos unidos todavía está por ver.
El hecho de que la estrategia de los populares está trazada a nivel nacional quedó patente también la semana pasada durante la proclamación de Toni Pérez como presidente del PP de Alicante en sustitución de Carlos Mazón. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, acusó a Sánchez de "ignorar las necesidades más básicas" de la Comunitat Valenciana: la financiación, el trasvase Tajo-Segura y las infraestructuras. Y es que el ataque por la cuestión del agua también ha sido protagonista estas jornadas, aunque la cita con Montero eclipsara todo lo demás.
El Ministerio para la Transición Ecológica publicó ayer lunes las nuevas condiciones de explotación del trasvase Tajo-Segura, que los populares y los regantes interpretan como un recorte y una muerte en diferido, pero Puig se conforma por ser un mejor punto de partida que el que estaba previsto.
Un nuevo frente que, sin embargo, amenaza con generarle problemas especialmente en Alicante, lugar del que proviene Carlos Mazón, su principal amenaza en la Generalitat, y con ese asunto muy presente en el discurso. Afirmaciones del jefe del Consell de este mismo mes como que el trasvase "es irrenunciable" ya son enmarcadas por los populares para el doble ataque sobre la gestión que el jefe del Consell realiza de los intereses valencianos.
Algo que, además, han incluido en la ponencia política que aprobarán en el congreso del 3 de julio. En el documento se alinean con las reclamaciones de la CEV en la financiación y definen como una "obligación moral, política, económica y social donde no podemos retroceder ni un centímetro" la defensa del trasvase.
Las dos cuestiones, además, se han colado ya en los debates parlamentarios, donde la síndica del PPCV, Eva Ortiz, ha 'atizado' en un par de ocasiones al jefe del Consell por su "tibieza" en ambas reivindicaciones ahora que el PSOE gobierna a nivel estatal. Una estrategia a nivel parlamentario que no parece que vayan a dejar de jugar los populares, pues Ortiz ya le ha subrayado al president de la Generalitat que seguirá preguntándole por la financiación autonómica y el agua hasta que este "deje de responder con vacunas y vacunas", en relación al eje que han tenido los discursos de Puig en Les Corts en sus últimas intervenciones.
