El conseller de Economía, Rafael Climent, y el subsecretario de la Conselleria, Natxo Costa. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El PSPV ha registrado en Les Corts Valencianes varias preguntas dirigidas a la Conselleria de Economía, de Compromís, sobre la sanción de 43.000 euros de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana a mercantiles vinculadas al hermano de Ximo Puig y sus socios.
El expediente que acabó en multa fue conocido el pasado enero. El objetivo de Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions, Canal Maestrat y Visualiza –la primera de ellas administrada por Francis Puig y las dos siguientes por la familia Adell Bover– era ganar varios lotes de corresponsalías de À Punt con un acuerdo en las ofertas. Así, presentaron propuestas idénticas al alza y en cada contrato pujaba una a la baja para que todas las firmas resultaran beneficiadas de ese concurso.
Las intenciones fueron advertidas por la propia radiotelevisión valenciana –los contratos no llegaron a firmarse–, que lo puso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y ésta, a su vez, lo trasladó al órgano autonómico –adscrito a la Conselleria de Economía–. El expediente se inició en octubre de 2019 ante posibles incumplimientos de la ley de Contratos del Sector Público y se resolvió con la citada sanción al declarar acreditada una infracción muy grave constitutiva de cártel en el ámbito de la contratación pública.
Ahora, el PSPV quiere saber si el expediente únicamente se inició para estas empresas. En el escrito presentado en Les Corts, firmado por la diputada Rosa de Falastín Mustafà, señala que la información aportada por À Punt a la CNMC relativa a conductas que podrían ser contrarias a la ley de Defensa de la Competencia mencionaba a siete mercantiles (no sólo a las cuatro sancionadas).
Motivo por el que preguntan: ¿A cuántas de ellas se les inició expediente sancionador desde la Conselleria?; ¿sobre qué empresas se solicitó información a la radiotelevisión valenciana y de qué tipo?; ¿qué empresas fueron requeridas para que aportaran documentación y de qué tipo?; y, en caso de no haber iniciado expediente sancionador a alguna de esas siete empresas, ¿cuál es la causa y qué órgano ha dictado la resolución correspondiente?
En el informe elaborado por Competencia, el órgano explicaba que, una vez recibida la documentación de esas mercantiles, se acordó iniciar una información reservada con el fin de determinar con carácter preliminar si concurrían las circunstancias que justificaran la incoación de expediente sancionador. Dado que en esa comprobación se observaron indicios racionales de la existencia de conductas restrictivas de la competencia prohibidas por ley, se incoó a continuación el expediente sancionador a las cuatro que acabaron multadas.
Concluyeron que esas mercantiles presentaron cuatro tipos o modelos de ofertas el mismo día, con precios idénticos en los cuatro conceptos –que se repitieron de forma coordinada en los distintos lotes a los que concurrieron– y que todo respondía a un sistema de reparto. Además, fueron las únicas, de entre las licitadoras que licitan a varios lotes, que ofrecieron precios distintos a los diferentes lotes a los que concurrían.
A ello se unía que las empresas de Francis Puig y los Adell Bover disponían, de acuerdo con Competencia, de información sobre la licitación con carácter previo a su publicación, tanto el hecho de la próxima licitación como de los términos en que se iba a lanzar. También que existió una coordinación entre todas para presentarse.
