Fernando Navarro, en segunda fila y reflexivo, durante un pleno. Fotos: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El PSPV-PSOE y Podem-EU dejan claro a Compromís que el nuevo Código de Buen Gobierno (CDBG) del Ayuntamiento de Castelló solo tendrá el sello de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como así pactaron los tres socios en las negociaciones para firmar el Acord de Fadrell.
El portavoz de la confluencia, Fernando Navarro, advierte que la postura de Ciudadanos, al plantear el régimen disciplinario que impulsó el Botànic en 2016, "es incoherente con la posición trasladada hace unas semanas, cuando inicialmente se mostró partidario de la adhesión al texto de la FEMP".
El líder de la formación morada asegura que la maniobra del partido naranja esconde, en realidad, "desgastar" al tripartito al buscar una división interna. En consecuencia, apela a la unidad del equipo de gobierno para abordar el cambio del código ético, en alusión a las manifestaciones del representante de la coalición nacionalista, Ignasi Garcia, quien "ve con buenos ojos" la propuesta de Cs.
"Somos conscientes qué significa acogernos a un texto más laxo [FEMP], pero durante las negociaciones del Acord de Fadrell consensuamos adherirnos a él", recuerda Navarro. En este punto, aclara que, si bien el documento de gobierno "no está escrito en piedra", recalca que "su revisión, en cualquiera de los puntos, se debe basar en un acuerdo nuevo de los tres firmantes".
El concejal de Podem-EU aprovecha para reflexionar sobre el actual régimen disciplinario, compartiendo las declaraciones de Rafa Simó (PSPV) semanas atrás sobre la "pasada de frenada" que implicó acordar un endurecimiento en 2015. "No tenemos problema en reconocer que en el pasado nos pusimos demasiado exigentes. El anterior Código de Buen Gobierno se aprobó para intentar desvincular al Ayuntamiento de Castelló de la sospecha de la corrupción y se ha acabado convirtiendo en un boomerang que daba armas a adversarios políticos para presionar a cargos de gobierno cuyas gestiones eran susceptibles de judicializarse".
La actitud de la confluencia respecto al planteamiento de Ciudadanos evidencia que en la comisión plenaria de este miércoles tendrá más peso en la votación la anexión a la FEMP, más cuando desde el Grupo Municipal Socialista se precisa que "nuestra hoja de ruta es la marcada por el Acord de Fadrell. La propuesta fue suscrita por los tres partidos de gobierno y sigue vigente, como el resto de medidas enmarcadas en el acuerdo".
Las mismas fuentes apuntan que la incorporación del CDBG de la Federación Española de Municipios y Provincias implica "homogeneizar el marco de responsabilidades políticas de los munícipes al de ayuntamientos y diputaciones del resto de España, incluida la de Castellón, que ya se acogió al reglamento en 2015".
En esta coyuntura, desde el PSPV se subraya que algunos de los diputados que avalaron la medida promovida por el entonces presidente, Javier Moliner (PP), conforman actualmente la bancada popular en el consistorio. En concreto, se refiere al concejal Vicent Sales.
Del mismo modo, los socialistas precisan que "independientemente del código que se suscriba en el Ayuntamiento, los partidos políticos tienen sus propios reglamentos éticos que deben respetar. El PSOE ya demostró asunción de responsabilidades en el pasado mandato, por lo que nadie puede acusarnos de intentar sortear responsabilidades por llevar adelante un acuerdo de gobierno como es la adhesión al código de la FEMP".
La derogación del actual CDBG encontrará la oposición del Partido Popular, que insiste en abrir un periodo de reflexión y negociación para buscar el máximo consenso posible entre todos los grupos municipales. Cualquier otra fórmula supone "un atropello", como se insiste desde las filas populares.
