Rafa Simó, repasando el orden del día del pleno del 29 de julio. Foto: ANTONIO PRADAS CASTELLÓ. "Lo sucedido con Ali Brancal y Enric Nomdedéu es un claro ejemplo de que todos en el pasado seguramente nos pasamos de frenada". Estas manifestaciones de Rafa Simó a título personal evidencian que en el seno del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló son cada vez más las voces que reclaman el cumpliendo del Acord de Fadrell respecto a la adhesión al Código de Buen Gobierno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).
El concejal socialista, siempre hablando en nombre propio y no como portavoz del tripartito, cree que el actual régimen disciplinario interno, modificado y endurecido el 30 de abril de 2015 para abordar imputaciones por corrupción política, se ha convertido más "en un arma arrojadiza que en una herramienta para velar por el buen nombre de este consistorio".
En este contexto, Simó admite que "me alegro personalmente de la noticia de que el Fiscal proponga archivar el caso de los sobres de Ali y Enric. De hecho, haría una reflexión que va más allá: la denuncia que se hizo contra ellos, haciendo un uso partidista del código de buen gobierno ya va en contra del propio código. No sé si actualmente alguno querría hacer un uso similar".
En los mismos términos se expresa el líder de Compromís, Ignasi Garcia, quien sostiene que "la querella del Partido Popular buscó rédito electoral y hacer daño". Para evitar un nuevo 'caso Brancal', el también edil de Transparencia mantendrá el próximo lunes una reunión con los portavoces de todos los grupos municipales al objeto de plantear la anexión al documento de la FEMP y consensuar una fórmula legal (moción o declaración institucional) que permita elevar al pleno el cambio del código ético.
La coalición nacionalista ya trasladó al resto de integrantes del Acord de Fadrell (PSPV-PSOE y Podem-EU) el pasado 21 de octubre la necesidad de convocar cuanto antes a la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) para negociar la adhesión. Esa citación, de manera interna, se produjo este jueves con un mensaje de la alcaldesa, Amparo Marco, por WhatsApp: "Buenos días. Desde el gobierno municipal os convocamos a una reunión para abordar el código de buen gobierno el lunes 25 después de la junta de portavoces. Gracias".
Teniendo en cuenta las diferencias entre el tripartito y las demás formaciones sobre el cambio de normativa ética parece improbable un acuerdo exprés. Por el momento, con independencia del resultado del encuentro de la semana próxima, no será incluido en el orden del día de la sesión plenaria de noviembre. Como requisito indispensable, un pacto de estas características, con el beneplácito de todos los partidos municipales, debe aprobarse previamente en la comisión permanente correspondiente (en este caso, de Gobierno Interior) y la misma se celebró este miércoles.
En consecuencia, en el mejor de los casos, la incorporación del escrito de la FEMP como nuevo código de conducta para la corporación se sometería a votación en la sesión plenaria de diciembre. Según matiza Simó, "tampoco hay prisas. Si las tuviéramos, habríamos tenido el contacto con la oposición hace un mes, en agosto o en julio. Lo que queremos es el máximo consenso posible para aprobar los acuerdos de Fadrell".
