Edificio Veles e Vents. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se ha visto obligada a reformular sus cuentas de 2018 a instancias de la Intervención General del Estado (IGAE), que en su auditoría provisional planteó una salvedad sobre la forma en la que la entidad que preside Aurelio Martínez había clasificado una deuda de 28 millones que mantiene con ella el Consorcio Valencia 2007 por las obras de celebración de la Copa América de vela.
Así consta en las cuentas consolidadas del organismo publicadas este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde explica que, aunque hay litigios pendientes de resolución, el Consejo de la APV acordó mantenerse en la reclamación al Consorcio –entidad participada por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia– de 23 millones de euros más IVA que el Puerto de Valencia gastó en obras y servicios de la mencionada competición, pero que debían ser repuestos por el ente público organizador.
En realidad, según recuerda en sus cuentas, la APV ya procedió en el ejercicio 2015 una "corrección valorativa por deterioro" por el total de la deuda que incluye no solo el coste de las obras, sino también la deuda pendiente por liquidaciones de tasas y tarifas de ocupación del dominio público portuario que asciende a 18,63 millones. Sumadas ambas, la deuda del Consorcio con la APV asciende ya a 46,8 millones de euros.
En 2018, el Puerto facturó los 28,19 millones de euros de los costes de reposición de las obras y dotó provisión por insolvencias con cargo a resultados de ejercicios anteriores. Además, en enero de 2019 abonó a Hacienda 4,9 millones del IVA, repercutido pero no ingresado.
En mayo de este mismo año, la Abogacía General del Estado le dio la razón el pasado a la APV en el arbitraje pactado entre ambas partes. Tras ello, el Puerto de Valencia volvió a exigir el pago de los 28 millones de las obras y estableció el derecho de crédito de la APV frente al Consorcio.
Pese a ello, el Consorcio ha vuelto a recurrir para no pagar alegando que el dictamen no especifica la cantidad que ha de satisfacer, ya que no está de acuerdo con las liquidaciones que le ha pasado la APV.
La APV formuló en mayo de este año las cuentas de 2018, pero a principios de julio tuvo que reformularlas para atender a la salvedad incluida en la mencionada auditoría provisional de la IGAE. En concreto, ha tenido que modificar la clasificación de inversiones financieras a largo plazo por importe de 28,19 millones de euros al activo corriente, "traspasando dicho importe a deudores de dudoso cobro", explica la memoria, y se ha corregido la valoración con cargo a la cuenta de resultados de los años en los que se hicieron las obras, entre 2004 y 2008.
Las cuentas consolidadas de la APV, que incluyen a la sociedad dependiente dueña de los terrenos de la ZAL (Valencia Plataforma Intermodal), sitúan la facturación neta del ente en 138 millones de euros, ligeramente por debajo de los 139,28 millones en el ejercicio anterior.
"Esta bajada ha estado motivada principalmente por el efecto negativo que ha tenido la bajada del coeficiente corrector de la tasa del buque, que ha supuesto una bajada de 3,36 millones de euros respecto a 2017", justifica el informe de gestión.
El resultado de explotación del ejercicio 2018 se situó en 42 millones (39,27 millones el año anterior), mientras que el resultado consolidado antes de impuestos fue de 33,7 millones de euros en 2018, algo por debajo de los 32,2 de 2017. La deuda a largo plazo, por otra parte, volvió a bajar hasta quedar ligeramente por debajo de los 400 millones.
