VALÈNCIA (EFE).El impuesto de sucesiones de la Comunitat Valenciana se encuentra entre los más gravosos de España, mientras que los Impuestos sobre la Renta (IRPF) y sobre el Patrimonio tienen unas calificaciones bajas respecto a otras autonomías.
En la comparativa entre todas las autonomías españolas, el País Vasco, Madrid, La Rioja y Canarias son las comunidades más competitivas desde el punto de vista fiscal, mientras que Cataluña, Asturias y Aragón ocupan las peores posiciones a nivel impositivo.
Según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) de 2019 presentado este martes por la Unión de Contribuyentes (UC) y que clasifica a todas las comunidades autónomas por su capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas, Cataluña sigue, como en 2018, por debajo del aprobado, con una nota del 4,9 puntos.
Ello se debe sobre todo a la persistencia de un número muy elevado de impuestos autonómicos adicionales a los cedidos por la Administración central.
Según esta clasificación, once regiones mantienen una competitividad en impuestos que no sobrepasa la puntuación de seis (Asturias, Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Navarra, Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha y Castilla y León), mientras que cinco se sitúan entre el seis y el siete (Cantabria, Canarias, La Rioja, Guipúzcoa y Álava) y sólo dos superan la puntuación de siete (Madrid y Vizcaya).
Las comunidades que más bajan son Asturias y Navarra y la mejora más pronunciada es la de Galicia.
Por otra parte, la diferencia entre las tres diputaciones del País Vasco, que ocupan la primera, tercera y cuarta posición, respectivamente, se da por las diferencias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, en especial, en el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que la regulación de este último en Álava es peor que en Vizcaya, mientras que la situación en Guipúzcoa es más deficiente aún.
Madrid mejora su posición hasta el número dos al rebajar la tarifa del IRPF en 0,5 puntos para el tipo mínimo, por reformar el Impuesto sobre Sucesiones y aplicar bonificaciones y por eliminar el impuesto autonómico sobre hidrocarburos.
El análisis destaca que la Comunitat Valenciana tiene uno de los sistemas más gravosos en términos del Impuesto de Sucesiones, Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como bajas calificaciones en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio.
Señala que Extremadura, se mantiene en la decimoquinta posición en 2019 al no haber emprendido ningún tipo de reformas en lo que va de año y ve urgente reformar profundamente el Impuesto sobre el Patrimonio y el IRPF.
Según este índice elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad en colaboración con la Tax Foundation de EE.UU., este año ha habido una ligera contracción de la competencia fiscal entre comunidades al pasar de los 2,23 puntos sobre diez (entre el territorio más competitivo y el menos competitivo) en 2018 a 2,16 puntos en 2019.
Al desglosar la competencia según impuestos; Guipúzcoa y Vizcaya ocupan la mejor puntuación (7,96) en el IRPF, seguidas de Álava (7,68), Madrid (7,12) y Castilla y León (6,62), mientras que Navarra (0,70) se sitúa a la cola junto con Extremadura (3,69), Aragón (3,8) y Cataluña (4,19).
En el Índice del Impuesto sobre Sucesiones la primera posición la ocupan Andalucía y Cantabria, con una puntuación de 10, seguidas por Canarias, Madrid, Extremadura y Murcia, todas con una nota superior a 9,8 y en la cola se sitúa Asturias con la peor puntuación (1,00) y Castilla y León (2,64) y Valencia (4,22).
La peor puntuación en el indice de impuestos propios la recibe Cataluña ya que cuenta con el doble de tributos que las demás comunidades autónomas, actualmente un total de 15.
También en la cola de la clasificación se encuentran Asturias, con 7 impuestos propios, Andalucía y Murcia, con 6, y Galicia y Aragón con 5.
La mejor posición la ocupan las tres diputaciones del País Vasco ya que no han establecido más impuestos propios. En la segunda posición, se encuentra Canarias con un solo impuesto en esta categoría, seguida por Castilla-La Mancha y Castilla y León con 2.
