VALÈNCIA. Los riesgos en la tardanza de la entrada en vigor de la bonificación del impuesto de Sucesiones han llevado al PP a acelerar finalmente su aprobación pese a los mecanismos alternativos que ya manejaba la Conselleria de Hacienda para tratar de solucionar la situación. La luz verde a la rebaja fiscal se ha colado in extremis en el pleno de Les Corts de este mismo miércoles tras el retraso en la tramitación.
La bonificación de este impuesto fue una de las grandes promesas electorales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y también una de las primeras medidas anunciadas en cuanto llegó al Consell. De hecho, es la primera ley que ha llevado el Ejecutivo del PP y Vox a Les Corts. La intención era que tuviera efecto retroactivo al 28 de mayo como fecha simbólica al ser el día de los comicios en los que cambió el color del Gobierno autonómico.
El problema, como informó Valencia Plaza, es que la norma iba a aprobarse con un desfase temporal que provocaba el riesgo de que algunas personas no se beneficiaran de la medida. El meollo del asunto es que plazo para presentar la autoliquidación por Sucesiones es de seis meses desde la muerte del causante. Si se cuenta desde el 28 de mayo, se cumple el próximo 28 de noviembre. De manera que hay herederos que tienen que presentarla durante estos días –y hasta el próximo martes– bajo la normativa vigente.
La previsión inicial, según trasladaron a este periódico fuentes parlamentarias, era que se llevara al pleno de los días 29 y 30 de noviembre, con lo que iba a quedar aprobada esta última jornada. La entrada en vigor se habría producido con su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ese día 30. Así pues, y debido a los dos días de retraso, podía darse la circunstancia de que hubiera gente que no se viera beneficiada de la bonificación desde el 28 de mayo.
A preguntas de este periódico, desde la Conselleria de Hacienda trasladaron que contemplaban la solución. Dado que el plazo inicial de seis meses puede ampliarse por seis meses más, siempre y cuando se solicite una prórroga, la idea era que se concedieran automáticamente los aplazamientos por parte de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) al alegarse la inminente entrada en vigor de la bonificación de Sucesiones.
En un caso extremo de que alguien hubiera pagado antes de tiempo sin pedir el aplazamiento y sin la rebaja fiscal ya implementada, también podrá solicitar la devolución y también le será concedida por la ATV, explicaron desde el Consell.
Fuentes de Hacienda aseguraron que por el momento no se ha presentado ninguna liquidación por herencia, sino que todo han sido solicitudes de prórroga. Así lo están recomendando los asesores fiscales. Tampoco se están recibiendo liquidaciones por donaciones –aquí el plazo para presentarla es de un mes–, que se están posponiendo a la espera de la entrada en vigor de la norma.
Sin embargo, este mecanismo no parecía suficiente, ya que podía seguir existiendo el riesgo de que un heredero no supiera de la necesidad de solicitar la prórroga o ni siquiera de la propia rebaja del impuesto. Así que, después de todo, el PPCV ha decidido acelerar el trámite en Les Corts a última hora. Entrará finalmente como punto del orden del día del pleno de este miércoles, antes del dedicado a los pactos de Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas.
La Junta de Portavoces, a instancias del grupo popular, se reunió el lunes para introducirlo. El síndic del PPCV en Les Corts, Miguel Barrachina, argumentó que la decisión se tomó porque "más vale prevenir que curar". "El riesgo era inapreciable, pero, en cualquier caso, y por si lo hubiera, se decidió llevar a este pleno", dijo. Con ello, añadió, evitan "que un solo valenciano pudiese decir que iba a seguir pagando el impuesto que ha eliminado Mazón".
La nueva ley –que quedará aprobada este miércoles y entrará en vigor, por tanto, esta misma semana– contempla una bonificación del 99% de la cuota tributaria para el primer y segundo grado de parentesco del fallecido: hijos/as, cónyuges, padres, madres y hermanos/as. Igualmente, introduce otra bonificación del 99% de la cuota tributaria para las adquisiciones por donación u otros actos lucrativos llevados a cabo en vida en favor del cónyuge, padres, adoptantes, hijos o adoptados del donante.
Por último, incluye una bonificación del 99% para las adquisiciones –realizadas o no en vida– de personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o por personas con discapacidad psíquica con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.