El juez procesa a Rus, Benavent, su exsuegro y tres empresarios por el amaño del 'call center' de la Diputación 

VALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, se enfrenta a su segundo procesamiento en 24 horas tras cinco años de instrucción del conocido como caso Taula. El juez ha emitido un auto de procedimiento abreviado de una nueva pieza de la macrocausa –la cuarta– contra él y siete personas más. Entre ellas, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, su exsuegro, Mariano López y tres empresarios. Por contra, decide el sobreseimiento libre para el empresario Salvador Sansano, quien falleció en 2019, y el exdiputado provincial del PP Rafael Pérez. 

El magistrado, que firma este auto después de que los dos anteriores fueran dictados por la juez sustituta de Instrucción 18, apunta a los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. 

Esta investigación se centra en el supuesto amaño del contrato de dos millones de euros del servicio de atención telefónica ('call center') de la Diputación. Éste fue a parar a Servimun, una empresa relacionada con el exsuegro de Benavent, Mariano López, el cual, según la Fiscalía, recibió cerca de 200.000 euros de forma velada (que blanqueó) por mediar en la contratación fraudulenta. 

El juez señala como punto de partida de las indagaciones el resultado de la contratación de un servicio "de importancia e interés público y de un importe económico significativo". El cual revela, en su opinión, "una inadecuada y errónea adjudicación a una empresa como Servimun que no logró alcanzar niveles aceptables de satisfacción en la prestación de dicho servicio". 

En este punto existen varios aspectos relevantes bajo su punto de vista: la relación personal de vecindad y amistad entre el exsuegro de Benavent y el funcionario de la Diputación Salvador Deusa; el estrecho conocimiento entre el primero y Alfonso Rus; la jerarquía establecida en el ámbito de la Diputación de Rus sobre Salvador Deusa y el responsable del servicio de gestión tributaria de la corporación, Ricardo de Ángel; y, finalmente, la relación de conspicua colaboración negocial y crematística entre Mariano López y su socio Fernando Palomares.

El juez remarca que el exsuegro de Benavent mintió al declarar en la primera ocasión al afirmar que ni conocía, ni intervino, ni cobró nada a resultas de la adjudicación del 'call center' a su socio "Lo cierto es, y es irrebatible, que cobró de Servimun con una prontitud y puntualidad que se acompasaba a los pagos mensuales que Imelsa hacía a dicha empresa, percibiendo aproximadamente entre 2013 y enero 2016 una suma que ronda los 150.000 euros y que constituye más del 15% del precio de la contrata", indica. 

"Es evidente que si Fernando Palomares, que también mintió al respecto, le pagó esa cantidad y durante todo el tiempo del contrato, es porque algún favor le debía, y ese favor, descubierta la mentira y no acreditada otra legítima causa, no puede sino tener relación con el contrato de marras", concluye el magistrado. A lo que añade que, "muy probablemente", se deba también a que actuó "de conseguidor pidiendo el favor a Alfonso Rus o Salvador Deusa, lo que quizás nunca lleguemos a saber salvo que aproveche la oportunidad de confesarlo en juicio". 

"Sabemos también que para dar opacidad a su participación crematística a los pocos meses de inicio del contrato crea una sociedad sin actividad que la pone a nombre de su cuñada, abriendo varias cuentas en las que se recibían periódicamente los pagos que le hacía Palomares, disponiendo de esas cantidades para su lucro personal y el de su esposa y gratificando en menor cantidad la participación de su cuñada", sostiene el magistrado.